El femicidio es el estigma de estos tiempos.
El asesinato de Jésica Solís, ocurrido el jueves en el barrio San Calixto, impacta por la saña, la premeditación y la sensación de omnipotencia e impunidad que transmitía el femicida.
Degollar a la madre delante del hijo de ambos y de su actual pareja, en pleno día y en un negocio abierto al público es, a priori, un indicio de que el criminal parecía sentirse en el ejercicio de un derecho.
Un derecho de propiedad sobre las tres personas.
Pero esta es una historia que se repite hasta el infinito. Es un estereotipo de posesión violenta y criminal, que en lo que va del año se ha cobrado siete vidas (por lo menos) en Salta. Hace 17 años, el asesinato de Rosana Alderete y dos de sus hijos (la mayor sobrevivió a las heridas) a manos de Alberto Yapura, marcó para siempre la memoria de los salteños.
Muchos años después, en enero de 2017, Gabriel Herrera, condenado por haber matado en 2006 a su mujer (Verónica Castro) en una cárcel de Metán, asesinó a Andrea Neri, su nueva pareja, quien lo visitaba en la cárcel de Villa Las Rosas junto al bebé que tenían en común.
Hace un año, en la cárcel federal de Cerrillos, Ramón Oscar Luna intentó asesinar a su pareja. No lo logró, pero había premeditado cuidadosamente el femicidio.
La maestra Evelia Murillo, el octubre de 2014, fue asesinada por defender a una alumna adolescente, de una comunidad originaria, que huía de José Tomás Cortez, un vecino padre de varios hijos que se sentía propietario de la jovencita.
En estos días, Salta vive los últimos tramos de la primera etapa del juicio por el femicidio de Jimena Salas, quien recibió más de cuarenta puñaladas en enero de 2017, en Vaqueros. En cuatro años, la investigación tuvo muy pocos avances y, aparentemente, muchas pericias fueron omitidas o mal ejecutadas. El marido de la víctima está imputado como encubridor del asesinato.
En los primeros cuatro meses del año se registraron en el país 97 femicidios, según estadísticas del Observatorio de Femicidios en Argentina.
Los criminales, en estos casos, 59 eran parejas o exparejas y 18 pertenecían al entorno familiar. 62 casos se produjeron en la vivienda compartida o la de la víctima. Por eso la ONU aconseja, en cada femicidio, investigar al entorno familiar.
Hoy han sido incorporadas al discurso oficial y a muchas nuevas legislaciones las demandas planteadas por las mujeres, especialmente, contra las violencias de todo tipo y del femicidio en particular. Se han creado secretarías, ministerios y observatorios. Sin embargo, ese reconocimiento formalmente unánime está envuelto de un halo de gatopardismo, lo que significa, en teoría política, que “cambie algo para que nada cambie”.
El Estado sigue mostrando desidia e indiferencia en algunos casos, especialmente cuando los hechos se producen en ámbitos de marginalidad y miseria. Jésica Solís compartía un comercio de barrio con el homicida y con su actual pareja; una situación obligada para la víctima por su necesidad económica, pero que necesariamente iba a terminar mal.
No hay en la esfera pública capacidad de detección y respuesta inmediata ante los primeros indicios de violencia de género. La crisis social generada por el empobrecimiento en aumento y esta anómala situación de aislamiento por pandemia necesariamente multiplican el riesgo de tensiones domésticas cuyo desenlace puede ser fatal.
También es una deuda pendiente la morosidad para aplicar sin prejuicios ni tapujos programas de educación sexual en las escuelas, de modo que varones y mujeres entiendan desde la adolescencia que cada ser humano es dueño de sí mismo, de su cuerpo, y que no tiene razón alguna para aceptar la posesión por parte de otro, cualquiera sea su rol en el entorno.
El femicidio es la manifestación extrema de un fenómeno mucho más amplio. No puede haber concesiones ni complicidades.
El Estado (gobiernos, parlamentos, policía, Justicia y Ministerio público) debe ir más allá de la retórica y avanzar con firmeza en programas eficientes, transparentes y despojados de cualquier forma de tolerancia machista.
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El femicidio es el estigma de estos tiempos.
El asesinato de Jésica Solís, ocurrido el jueves en el barrio San Calixto, impacta por la saña, la premeditación y la sensación de omnipotencia e impunidad que transmitía el femicida.
Degollar a la madre delante del hijo de ambos y de su actual pareja, en pleno día y en un negocio abierto al público es, a priori, un indicio de que el criminal parecía sentirse en el ejercicio de un derecho.
Un derecho de propiedad sobre las tres personas.
Pero esta es una historia que se repite hasta el infinito. Es un estereotipo de posesión violenta y criminal, que en lo que va del año se ha cobrado siete vidas (por lo menos) en Salta. Hace 17 años, el asesinato de Rosana Alderete y dos de sus hijos (la mayor sobrevivió a las heridas) a manos de Alberto Yapura, marcó para siempre la memoria de los salteños.
Muchos años después, en enero de 2017, Gabriel Herrera, condenado por haber matado en 2006 a su mujer (Verónica Castro) en una cárcel de Metán, asesinó a Andrea Neri, su nueva pareja, quien lo visitaba en la cárcel de Villa Las Rosas junto al bebé que tenían en común.
Hace un año, en la cárcel federal de Cerrillos, Ramón Oscar Luna intentó asesinar a su pareja. No lo logró, pero había premeditado cuidadosamente el femicidio.
La maestra Evelia Murillo, el octubre de 2014, fue asesinada por defender a una alumna adolescente, de una comunidad originaria, que huía de José Tomás Cortez, un vecino padre de varios hijos que se sentía propietario de la jovencita.
En estos días, Salta vive los últimos tramos de la primera etapa del juicio por el femicidio de Jimena Salas, quien recibió más de cuarenta puñaladas en enero de 2017, en Vaqueros. En cuatro años, la investigación tuvo muy pocos avances y, aparentemente, muchas pericias fueron omitidas o mal ejecutadas. El marido de la víctima está imputado como encubridor del asesinato.
En los primeros cuatro meses del año se registraron en el país 97 femicidios, según estadísticas del Observatorio de Femicidios en Argentina.
Los criminales, en estos casos, 59 eran parejas o exparejas y 18 pertenecían al entorno familiar. 62 casos se produjeron en la vivienda compartida o la de la víctima. Por eso la ONU aconseja, en cada femicidio, investigar al entorno familiar.
Hoy han sido incorporadas al discurso oficial y a muchas nuevas legislaciones las demandas planteadas por las mujeres, especialmente, contra las violencias de todo tipo y del femicidio en particular. Se han creado secretarías, ministerios y observatorios. Sin embargo, ese reconocimiento formalmente unánime está envuelto de un halo de gatopardismo, lo que significa, en teoría política, que “cambie algo para que nada cambie”.
El Estado sigue mostrando desidia e indiferencia en algunos casos, especialmente cuando los hechos se producen en ámbitos de marginalidad y miseria. Jésica Solís compartía un comercio de barrio con el homicida y con su actual pareja; una situación obligada para la víctima por su necesidad económica, pero que necesariamente iba a terminar mal.
No hay en la esfera pública capacidad de detección y respuesta inmediata ante los primeros indicios de violencia de género. La crisis social generada por el empobrecimiento en aumento y esta anómala situación de aislamiento por pandemia necesariamente multiplican el riesgo de tensiones domésticas cuyo desenlace puede ser fatal.
También es una deuda pendiente la morosidad para aplicar sin prejuicios ni tapujos programas de educación sexual en las escuelas, de modo que varones y mujeres entiendan desde la adolescencia que cada ser humano es dueño de sí mismo, de su cuerpo, y que no tiene razón alguna para aceptar la posesión por parte de otro, cualquiera sea su rol en el entorno.
El femicidio es la manifestación extrema de un fenómeno mucho más amplio. No puede haber concesiones ni complicidades.
El Estado (gobiernos, parlamentos, policía, Justicia y Ministerio público) debe ir más allá de la retórica y avanzar con firmeza en programas eficientes, transparentes y despojados de cualquier forma de tolerancia machista.