Loteos: Deudas millonarias por expropiaciones

Por las expropiaciones de tierras que realizó el anterior gobierno en el área metropolitana de Salta, millonarios juicios acechan a la Provincia y miles de familias que viven en loteos estatales siguen privadas de las escrituras y de mínimas condiciones de habitabilidad.

Un caso testigo es el de la urbanización Los Paraísos. El gobierno loteó esas 60 hectáreas de Cerrillos hace seis años y el Tribunal de Tasaciones todavía no terminó de definir su valor. Mientras tanto, 1.440 familias continúan allí sin escrituras y estarán imposibilitadas de tenerlas mientras persista la deuda con el propietario de esas tierras, Néstor Virgilio Cervera. "Se van a cumplir 7 años desde la expropiación, que se hizo con el fin de adjudicar terrenos en venta a grupos familiares inscriptos por la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Así consta en la ley que declaró a las 60 hectáreas de la finca La Esmeralda de utilidad pública y sujeta a expropiación el 17 de diciembre de 2014. O sea que expropiaron las tierras y las vendieron, pero nunca las pagaron. Una aberración, una estafa encubierta, que solo es posible en un país como el nuestro, donde se aprovechan de una ley para estafar a los ciudadanos propietarios y también a los compradores de buena fe", sostuvo ayer Cervera.

Pereyra Rozas

La zona norte de la ciudad de Salta guarda desde fines de 2013 otro testimonio de las garantías y derechos que se vulneran con los procesos expropiatorios que se dejan indefinidos e impagos en los organismos competentes de la Provincia.

La expropiación de un bien supone el sacrificio de un interés particular en beneficio del interés general, razón por la cual la declaración de utilidad pública debe ser razonable y suficientemente motivada. Estos extremos tampoco se cumplieron con las 83 hectáreas que el gobierno de Juan Manuel Urtubey expropió a la Fundación César Pereyra Rozas.

En las tierras que flanquean las avenidas Bolivia y Patrón Costas, la citada fundación tenía en marcha un desarrollo urbanístico como medio para cumplir con su objeto de beneficencia. Antes de que se sancionara la ley de utilidad pública, en noviembre de 2013, el Ejecutivo y el Senado estaban plenamente informados del destino de beneficencia dispuesto en el testamento. Pereyra Rozas, quien falleció el 22 de julio de 2000, había dejado mandas expresas al respecto.

Pese a contar con documentación determinante sobre la inutilidad de la expropiación, en vista de que se comprometerían fondos públicos para lograr un objetivo de urbanización ya encarado, el Ejecutivo apuró la ley de utilidad pública. A poco de cumplirse siete años desde el momento en que se tomó posesión de las tierras con el depósito de una exigua suma (equivalente al valor fiscal del bien), el expediente de la expropiación no superó la etapa administrativa. En 2013 se había fijado oficialmente una indemnización de $140 millones. La Fundación reclamó entonces $700 millones. Es de imaginar el golpe que sentirían las arcas públicas de Salta ni bien la demanda indemnizatoria tenga destrabado el camino en la Justicia.

Y al igual que en el caso de Los Paraísos, mientras el Estado provincial no termine de reparar económicamente a la Fundación, familias adjudicatarias del IPV no podrán tener allí sus escrituras.

Parque La Vega

Otro loteo estatal que dio que hablar en los últimos años es el de Parque La Vega, en la zona sur de la capital provincial. Allí, 38 hectáreas pertenecientes a los herederos de la sucesión de Celestino Burgos fueron declaradas de interés público en noviembre de 2012.

En 2016 la familia Núñez Burgos sufrió otra expropiación, de 16 hectáreas, como consecuencia de las ventas y adjudicaciones irregulares de lotes por las que funcionarios de Tierra y Hábitat fueron llevados a juicio en 2018, junto a punteros políticos. La gestión de Urtubey también dejó impagos esos procesos expropiatorios.

Avances en la capital

La capital salteña tiene fuera su perímetro urbano consolidado grandes vacíos en los que solo se admiten barrios cerrados o clubes de campo cuyos terrenos son inalcanzables para la inmensa mayoría de las familias sin techo. Zonificar esos vacíos, para que allí puedan desarrollarse loteos abiertos con terrenos más accesibles, es una medida en la que ya trabaja la Secretaría de Desarrollo Urbano. Areas suburbanas de San Luis serían las primeras en incorporarse.
A la par, el área de Planeamiento avanza en la reglamentación de la ordenanza que se aprobó, por iniciativa del concejal José Gauffín, para permitir redes aéreas con postes multiservicios en los proyectos de urbanización que se desarrollen en áreas que cuentan con este tipo de tendidos en su entorno.
La exigencia de redes soterradas no solo fue incumplida en los proyectos urbanísticos del sector público, sino que encareció los terrenos de los desarrollos privados, porque son cinco veces más caras que los tendidos aéreos.

 

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