La ausencia de logros reconocibles y valiosos de los gobiernos, tanto del nacional como provincial, se puede constituir en obstáculo a las aspiraciones de quienes nos gobiernan de incrementar su cuota de poder.
Más que logros se pueden ver actos fallidos y una gran cortina de humo elaborada con anuncios de dudosa concreción ante una ciudadanía escéptica y con la piel curtida ante tantas operaciones destinadas a disimular la ineficiencia, la impericia, la torpeza y otras características negativas de las administraciones actuales.
En el aspecto económico, desde la Nación se toman medidas que contradicen el discurso de búsqueda de crecimiento y pronta recuperación, mientras que en el aspecto institucional los mensajes de fortalecer la institucionalidad y los pilares de la democracia propalados desde el Gobierno no tienen un correlato con las acciones y sus consecuencias.
Es difícil entender que las restricciones a las exportaciones de productos agropecuarios y las barreras administrativas, urdidas desde la administración gubernamental, puedan ser consideradas como beneficiosas.
En nuestro país la actividad agropecuaria produce más de lo que los habitantes pueden consumir, entonces si se restringen las ventas al exterior ¿dónde se colocará el excedente?
¡En ningún lado! Si los productores no pueden colocar su producción, van de dejar de producir. La caída de la producción implica la baja en el nivel de empleo, la baja en la recaudación tributaria, la baja en el valor de las empresas, la baja en la inversión productiva, la fuga de capitales y el incremento de la demanda de ayuda social. Limitar las exportaciones de cualquier tipo es achicar el país.
Muchos políticos y funcionarios autocaracterizados como “nac&pop”, se justifican diciendo que cuidando la mesa de los argentinos llevamos justicia distributiva a los habitantes y que tales medidas son transitorias hasta que “se direccione el apetito de lucro de los empresarios a niveles razonables”. Parece un razonamiento importado de otro planeta. Es que desconocen que un empresario es una persona que busca obtener un beneficio al desarrollar una actividad, y si la esperanza de obtener ese beneficio se torna ilusoria, deja de estar en actividad. Es obvio: si no va a obtener un beneficio no continuará desarrollando dicha actividad y buscará nuevas actividades, o no trabajará más o lo hará en otro país, donde le aseguren mínimas certidumbres.
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La ausencia de logros reconocibles y valiosos de los gobiernos, tanto del nacional como provincial, se puede constituir en obstáculo a las aspiraciones de quienes nos gobiernan de incrementar su cuota de poder.
Más que logros se pueden ver actos fallidos y una gran cortina de humo elaborada con anuncios de dudosa concreción ante una ciudadanía escéptica y con la piel curtida ante tantas operaciones destinadas a disimular la ineficiencia, la impericia, la torpeza y otras características negativas de las administraciones actuales.
En el aspecto económico, desde la Nación se toman medidas que contradicen el discurso de búsqueda de crecimiento y pronta recuperación, mientras que en el aspecto institucional los mensajes de fortalecer la institucionalidad y los pilares de la democracia propalados desde el Gobierno no tienen un correlato con las acciones y sus consecuencias.
Es difícil entender que las restricciones a las exportaciones de productos agropecuarios y las barreras administrativas, urdidas desde la administración gubernamental, puedan ser consideradas como beneficiosas.
En nuestro país la actividad agropecuaria produce más de lo que los habitantes pueden consumir, entonces si se restringen las ventas al exterior ¿dónde se colocará el excedente?
¡En ningún lado! Si los productores no pueden colocar su producción, van de dejar de producir. La caída de la producción implica la baja en el nivel de empleo, la baja en la recaudación tributaria, la baja en el valor de las empresas, la baja en la inversión productiva, la fuga de capitales y el incremento de la demanda de ayuda social. Limitar las exportaciones de cualquier tipo es achicar el país.
Muchos políticos y funcionarios autocaracterizados como “nac&pop”, se justifican diciendo que cuidando la mesa de los argentinos llevamos justicia distributiva a los habitantes y que tales medidas son transitorias hasta que “se direccione el apetito de lucro de los empresarios a niveles razonables”. Parece un razonamiento importado de otro planeta. Es que desconocen que un empresario es una persona que busca obtener un beneficio al desarrollar una actividad, y si la esperanza de obtener ese beneficio se torna ilusoria, deja de estar en actividad. Es obvio: si no va a obtener un beneficio no continuará desarrollando dicha actividad y buscará nuevas actividades, o no trabajará más o lo hará en otro país, donde le aseguren mínimas certidumbres.
El perjuicio para la sociedad es claro y previsible, entonces ¿qué inspira al gobierno a tomar medidas de achicamiento del país? No creo que los técnicos y funcionarios de Gobierno desconozcan las consecuencias predecibles de las medidas destructivas de la producción que están tomando. En mi opinión, apuntan a improvisar algo para pasar el momento y después corregirlo. En otras palabras, se trata de medidas improvisadas y “coyunturales”. El problema radica en que los funcionarios se enamoran de las medidas “populares” que destruyen o achican la producción gracias a la instalación de un relato sustentado en los aparatos comunicacionales rentados que no tienen ningún impedimento en acomodar los hechos a la conveniencia de los intereses de quienes nos gobiernan.
Llama la atención la falta de reacción y toma de cursos de acción decididos por parte de los gobiernos provinciales para defender la actividad productiva en sus territorios. En las legislaturas se aprueban “declaraciones” y nada más, pero desde los ejecutivos no hay acciones. Solo hay sumisión disfrazada de “acompañamiento en la crisis” al Gobierno nacional. El único interés consiste en tratar de no enojar para que no me castiguen; tratar de “no hacer olas” para poder seguir en el poder.
Es momento que los gobernadores de regiones con intereses comunes, se unan para defender y plantear en forma clara e indubitable la defensa de los intereses de sus propias provincias, de los productores y empresas, trabajadores y ciudadanos que trabajan y aseguran un sustento a sus familias gracias al trabajo duro y la inversión constante. Los gobiernos provinciales deben comprometerse en serio con los intereses y en la defensa de sus provincias.
No es momento de medias tintas ni de teorías inspiradas en la hipótesis de la “ancha avenida del medio”. Es una forma de decir me cambié de partido, ahora estamos en el “partido oportunista”. La avenida del medio solo sirve a los políticos en su discurso, en los hechos deben tomarse decisiones. La falta de decisiones acota las posibilidades de recuperar institucionalidad, estabilidad y valores democráticos en la sociedad.
Vemos el caso de nuestros vecinos. Jujuy ha tenido sus elecciones, y la ciudadanía se ha pronunciado en su mayoría a favor de “Cambia Jujuy” que es la construcción provincial alineada a “Juntos por el Cambio”, la oposición al Gobierno nacional. Ha quedado muy claro que la avenida de las indefiniciones y el oportunismo (la avenida del medio) no tiene adeptos, la población jujeña ha tenido muy en claro al votar que debe apoyar la defensa de la república en contra del desmantelamiento de las instituciones.
Lo que está en juego es la república y en esa decisión no hay lugar para grises ni actitudes vacilantes. Pronto serán las elecciones de medio término en nuestra provincia y estas circunstancias deben valorarse.
Ya sabemos que en nada ha mejorado la vida de los salteños la actitud temerosa de los gobiernos provinciales de los últimos años. Llegaron a ser tan sumisos como para ceder el derecho de honrar la memoria del general Güemes ante la acción de copamiento de los actos por parte de la militancia política del Gobierno nacional.