Mientras el presidente Alberto Fernández considera que no cometió ningún delito al participar de la fiesta de cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez cuando estaba vigente un Decreto de Necesidad y Urgencia que prohibía las reuniones sociales, la Casa Militar entregó ayer la documentación solicitada por el fiscal federal Ramiro González sobre los registros de ingreso y egreso de Quinta de Olivos del pasado 14 de julio del 2020, el día del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. Ella y el presidente Alberto Fernández son investigados por incumplir los protocolos y violar la cuarentena con esa fiesta.
inicia sesión o regístrate.
Mientras el presidente Alberto Fernández considera que no cometió ningún delito al participar de la fiesta de cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez cuando estaba vigente un Decreto de Necesidad y Urgencia que prohibía las reuniones sociales, la Casa Militar entregó ayer la documentación solicitada por el fiscal federal Ramiro González sobre los registros de ingreso y egreso de Quinta de Olivos del pasado 14 de julio del 2020, el día del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. Ella y el presidente Alberto Fernández son investigados por incumplir los protocolos y violar la cuarentena con esa fiesta.
Son informes sobre los ingresos y egresos de ese día, pero también el fiscal había solicitado de otras fechas, entre ellas del 2 de abril del 2020, cuando tuvo lugar el cumpleaños del Presidente, y otras visitas hoy puestas bajo sospecha.
Son dos los pedidos que había hecho el fiscal a la Casa Militar, y un tercero hecho a la Jefatura de Gabinete para saber si los presentes en el cumpleaños de Fabiola cuentan o no con permiso de la aplicación Cuidar para poder circular.
Hasta el momento todos los asistentes entre ellos la primera dama presentaron abogados, y aún no lo ha hecho el Presidente.
Estefanía Domínguez, amiga de la primera dama y abogada, ya adelantó a través de su representante legal que cuestionará la validez del DNU firmado por Alberto Fernández a través de un planteo de inconstitucionalidad del DNU que establecía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Por lo pronto, ninguno de los presentes fue imputado y la investigación está delegada en la fiscalía por orden del juez Sebastián Casanello.
Hasta el momento Alberto Fernández aún no se presentó ante el fiscal federal Ramiro González que investiga la presunta violación del artículo 205 del Código Penal que cita el DNU presidencial que prohibía las reuniones sociales al momento de la fiesta de Yáñez en Olivos.
Sin embargo, y aunque todavía no está a disposición de Comodoro Py, Alberto Fernández conoce qué sucede en la causa y cómo actuó el fiscal González en investigaciones similares.
Desde esta perspectiva, el Jefe de Estado está confiado en su estrategia de defensa basada en el Delito de Peligro Abstracto, porque es el argumento doctrinario que utilizó el fiscal González para cerrar una denuncia contra Facundo Moyano. El 10 de junio de 2020, Facundo Moyano y su novia hicieron una reunión con otros cinco invitados en su departamento de Puerto Madero. Los vecinos denunciaron al exdiputado peronista por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) que regía por la pandemia del coronavirus. Es un caso idéntico -con el mismo DNU- que ahora protagonizan Alberto Fernández, Yáñez y sus amigos personales. El fiscal González analizó las evidencias que sostenían la denuncia penal presentada por los vecinos del sindicalista, y el 11 de febrero pasado cerró la pesquisa con argumentos jurídicos que beneficiaron a Moyano y que pueden beneficiar al Presidente, la Primera Dama y sus amigos personales.
En Olivos asumen que el fiscal González utilizará "La Doctrina Moyano" para cerrar la causa que involucra a Alberto Fernández, Yáñez y sus invitados al cumpleaños. Sin embargo, ese cálculo político-
judicial puede chocar con un obstáculo verosímil: cómo la fiesta sucedió en la quinta presidencial, que es jurisdicción de los tribunales de San Isidro, no hay que descartar que la causa termine en manos de Sandra Arroyo Salgado.
Y como se sabe en la trastienda del poder, la jueza Arroyo Salgado no es el fiscal González. Alberto Fernández explicó a su entorno que la causa de la Fiesta de Olivos quedará reducida a "una cuestión ética". Una mirada penal que contradice sus discursos políticos durante la primera ola del COVID-19. En esos momentos el Presidente amenazaba con "poner presos" a todos los argentinos que violaran sus DNU dictados para contener los efectos mortales de la pan demia.