El ascenso de Joe Biden a la Casa Blanca terminó de enterrar la idea del muro fronterizo con México que Donald Trump imaginó para resolver la cuestión de la inmigración ilegal en Estados Unidos, que hace varios años dejó de ser mayoritariamente mejicana para pasar a ser predominantemente centroamericana.
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El ascenso de Joe Biden a la Casa Blanca terminó de enterrar la idea del muro fronterizo con México que Donald Trump imaginó para resolver la cuestión de la inmigración ilegal en Estados Unidos, que hace varios años dejó de ser mayoritariamente mejicana para pasar a ser predominantemente centroamericana.
Este cambio de guardia abrió camino para la formulación de una estrategia alternativa, cuya implementación fue puesta a cargo de la vicepresidenta Kamala Harris, centrada en una acción concertada con el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y en la creación de mecanismos de promoción del desarrollo económico para El Salvador, Honduras y Guatemala, esa tríada de países que configuran el llamado Triángulo Norte, a fin de disuadir a sus poblaciones de la aventura de correr cualquier riesgo para ingresar en territorio norteamericano.
La misión de Kamala
Biden delegó en Harris la gestión de un paquete de apoyo de 4.000 millones de dólares para el desarrollo de la región. El actual mandatario tiene experiencia en la materia. Como vicepresidente de Barack Obama desempeñó un rol similar al que encomendó a su vicepresidenta. Para Harris, esa designación supone un desafío. Biden tiene 78 años y todo indica que en 2024 no se presentaría para la reelección. La vicepresidenta sería entonces la candidata natural del Partido Demócrata.
Michael Camilleri, director del programa para el Triángulo Norte de la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo (USAID), afirma que "los desafíos crónicos de la región requerirán un compromiso sostenido y estamos dedicados a ser un buen socio para los pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras".
Pero Michael Schifter, titular de Diálogo Interamericano, el centro de estudios más prestigioso sobre la problemática hemisférica de Washington, advierte que "hay que bajar las expectativas" ya que esos planes estadounidenses "no tienen precedentes exitosos, con excepción del Plan Marshall hace más de 70 años".
Daniel Runde, exfuncionario de George W. Bush en temas de ayuda para el desarrollo y actual vicepresidente del Centro Internacional de Asuntos Estratégicos (CSIS) de Washington, subraya que "las elites de Centroamérica tienen que repensar su papel. Mientras se escapen en helicóptero, zafen con un guardaespaldas o se vayan a Miami, nada va a cambiar. Pero si fuera de sus países viven con vergüenza cuando se saben de dónde son, quizás en ese momento estén dispuestas a cambiar cosas más profundas".
The New York Times destacó que "en Guatemala, que ha recibido más de 1.600 millones de ayuda estadounidense en la última década, los índices de pobreza han aumentado, la desnutrición se ha convertido en una crisis nacional y la corrupción es desenfrenada". Puntualizó que "esta es la cruda realidad a la que se enfrenta la señora Harris al asumir la responsabilidad de ampliar el mismo tipo de programas de ayuda que en el pasado intentaron frenar la migración".
El matutino subraya los riesgos políticos de "invertir miles de millones en una región en la que el presidente de Honduras ha sido vinculado con narcotraficantes y acusado de malversar la ayuda estadounidense, el líder de El Salvador ha sido denunciado por pisotear las normas democráticas y el gobierno de Guatemala ha sido criticado por perseguir a los funcionarios que luchan contra la corrupción".
Añade que "entre 2016 y 2020, el 80% de los proyectos de desarrollo financiados por Estados Unidos en Centroamérica fueron confiados a contratistas estadounidenses". Resalta también que "gran parte del dinero desaparece entre esas burocracias en lugar de llegar a la gente que pretende ayudar". En definitiva, el "Triángulo Norte" podría definirse como un "Triángulo de las Bermudas" en el que lo que suelen esfumarse son las buenas intenciones de Washington.
La maraña de tres países
Camilleri reivindica que "USAID se está asociando con la sociedad civil, el sector privado, comunidades religiosas, organizaciones no gubernamentales y los gobiernos de la región para brindar esperanza y oportunidad para la gente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Buscamos mejorar la seguridad, fomentar las oportunidades económicas y promover la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho para que la gente de la región pueda construir su vida con confianza y seguridad en sus comunidades de origen".
Otros expertos más cautelosos ponen el acento en las situaciones políticas de los tres países involucrados. El caso más crítico es Honduras, que tiene elecciones presidenciales en noviembre. El actual mandatario, Juan Orlando Hernández, que completa su segundo período, está imputado por tener vínculos con el crimen organizado. Shifter sostiene que "mucha gente dice que Venezuela es un narcoestado, pero Honduras está totalmente penetrado por el narcotráfico y la criminalidad. Y en las elecciones de este año no creo que haya ninguna perspectiva de que algo mejore".
En El Salvador, allegados al presidente Nayib Bukele están acusados por la Justicia estadounidense por actos de corrupción. Para las agencias especializadas, la decisión de Bukele de legalizar la circulación de las criptomonedas podría encubrir la intención de convertir a El Salvador en un paraíso para el lavado de dinero.
El mandatario, que en las recientes elecciones legislativas logró el control del Congreso, avanza sobre el Poder Judicial y propone una reforma constitucional que le posibilitaría la reelección indefinida, incorporó una dosis adicional de imprevisibilidad en un país convulsionado por un estado de inseguridad que obliga al Gobierno a negociar con los jefes de las pandillas criminales.
En ese contexto, Harris intenta privilegiar la relación bilateral de Washington con Guatemala.
Schifter advierte empero que “si Guatemala es el mejor socio y si esa fue la lógica por la que la vicepresidenta Harris visitó ese país y no Honduras o El Salvador, eso es muy revelador, porque Guatemala no es precisamente conocida por su gran compromiso en la lucha contra la corrupción”.
Para avalar ese diagnóstico, el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, destituyó al fiscal Anticorrupción, Juan Fernando Sandoval, protagonista de investigaciones comprometedoras sobre algunos funcionarios de su gobierno.
Un piso de 8.000 dólares
Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica entre 2010 y 2014, afirma que “antes de la pandemia se estimaba que más de 360.000 jóvenes de los tres países buscaban ingresar al mercado de trabajo anualmente, mientras que solo se generaban anualmente unos 127.00 empleos.
Si a esto se suma que el ingreso medio de un trabajador en Estados Unidos es al menos diez veces mayor al de un trabajador en el Triángulo Norte, ninguna advertencia sobre los peligros que conllevan la travesía hacia el Norte -como las que ha hecho Harris- disuadirá a los jóvenes centroamericanos de emigrar”.
Runde, que lidera el proyecto de Prosperidad y Desarrollo del CSIS, le pone un número a la tesis de Chinchilla: “El número mágico es 8.000. Cuando un país llega a 8.000 dólares de renta per cápita la gente deja de emigrar. Guatemala y El Salvador están en 4.000 y Honduras en 2.500. Se necesita mucho tiempo para llegar a 8.000”.
Con estas cifras a la vista y el impacto de Afganistán, Shifter sostiene que “uno tiene que hacerse la pregunta incómoda de cuándo Estados Unidos ha tenido éxito atacando las causas principales de los problemas en otros países, y no solamente en América Latina. El Plan Marshall tuvo socios más desarrollados y confiables que los socios en Centroamé rica”.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico