La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, Ana Pérez Declercq, pidió al Concejo Deliberante de Salvador Mazza que "ejerza las facultades disciplinarias que considere pertinentes en los términos del Art.183 de Constitución Provincial de Salta por las manifestaciones públicas realizadas por la concejala Claudia Subelza en un programa de radio, así como también en el diario El Tribuno", a consecuencia de que la actual edil, quien también se desempeña como directora de la Niñez del municipio de frontera, junto a un tío de la joven a quien en el hospital Perón de Tartagal se le realizó un aborto de más de 22 semanas de gestación se refirió a este tema que causa conmoción en esa localidad.
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La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, Ana Pérez Declercq, pidió al Concejo Deliberante de Salvador Mazza que "ejerza las facultades disciplinarias que considere pertinentes en los términos del Art.183 de Constitución Provincial de Salta por las manifestaciones públicas realizadas por la concejala Claudia Subelza en un programa de radio, así como también en el diario El Tribuno", a consecuencia de que la actual edil, quien también se desempeña como directora de la Niñez del municipio de frontera, junto a un tío de la joven a quien en el hospital Perón de Tartagal se le realizó un aborto de más de 22 semanas de gestación se refirió a este tema que causa conmoción en esa localidad.
La nota fue dirigida a la presidenta del cuerpo deliberativo de Salvador Mazza, María Ester Valdiviezo, y según la misiva: "El fundamento de la petición recae en que la concejala a través de sus dichos y actuaciones ejerció violencia institucional contra las personas gestantes, ya que impide el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad física y psíquica, a la autonomía, el derecho a la libertad no reproductiva, entre otros y, por otro lado, con sus dichos y publicaciones confunde dando mala información sobre el acceso y ejercicio de un derecho constituido".
En la nota se consignan párrafos de la Ley 27.610 de interrupción legal del embarazo, las obligaciones que ocupan al personal de salud en la atención de los abortos y posabortos, como trato digno, confidencialidad, privacidad, y "por ello, resulta necesario que quien ejerza un cargo público goce de rectitud ética en el ejercicio de sus funciones, dando información conforme a derecho y no vulnerando derechos reconocidos legalmente", manifiesta el observatorio.
La palabra de la edil
Claudia Subelza, consultada por El Tribuno, consideró que la actitud del organismo es "un apriete institucional contra mi persona". "Yo soy concejal elegida por el voto popular, a mí me eligió la gente de mi pueblo y tambien trabajo al frente de la Dirección de la Niñez, pero no percibo sueldo porque tengo mi dieta de concejal; a esta mujer que pide sanciones para mí la pusieron a dedo para ejercer ese cargo y ella debería renunciar al cargo, ya que por lo menos tendría que saber que los cuerpos deliberativos como el concejo de Salvador Mazza, son organismos autónomos. Pero más allá de la cuestión política, yo tengo la tranquilidad de conciencia que siempre dije la verdad, actué para salvaguardar una vida, jamás vulneré la identidad de la mamá gestante ni la de su familia, y me manejé siempre asesorada jurídicamente".
"Que me expliquen con pruebas cuándo cometí violencia institucional o vulneré el derecho a la integridad física o psicológica de alguien. Actué como es mi deber como funcionaria y como mujer", manifestó en forma contun dente.
Subelza prestó declaración testimonial el martes ante el fiscal de graves atentados contra las personas, Gonzalo Vega, "di detalles, ofrecí mi teléfono para que se corrobore mi participación en este hecho porque no tengo nada que esconder y mucho menos, algo de qué avergonzarme", remarcó.