Un Estado entre “fallido” y “canalla” 

Los politólogos suelen definir como “Estado canalla” a aquél que desarrolla actividades ilegales en su propio beneficio, y como “Estado fallido” al que es incapaz de impedirlas por no estar en condiciones de mantener el control efectivo sobre su jurisdicción. 
Venezuela está hoy en un incierto punto de intersección entre esas dos categorías. Con una originalidad curiosa: los guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) son contratados por el Estado venezolano para enfrentar la amenaza de disolución nacional en una ancha franja de su territorio. Ese acuerdo presupone la intención de contar con el apoyo del ELN en un eventual conflicto bélico con Colombia.

En octubre de 2019, el presidente Nicolás Maduro anunció la concesión al gobernador del estado de Bolívar de una mina de oro para financiar el presupuesto estadual. Esta decisión respondía a la intención de que los gobiernos locales reimplantasen el orden público en el Arco Minero del Orinoco (AMO), un área de 117.000 kilómetros cuadrados de superficie (el 12% del territorio nacional) que se extiende por tres estados del sureste cuyos yacimientos minerales están controlados por mafias locales llamadas “sindicatos”, que actúan con autonomía del poder central. 

En poco tiempo quedó evidenciado el fracaso de la iniciativa. Las gobernaciones carecían de las capacidades administrativas, financieras y policiales necesarias para controlar una región convulsionada por las disputas entre las mafias locales y las fuerzas de seguridad. Esta guerra por el oro, mucho más violenta que las contiendas inmortalizadas por el cine estadounidense en sus historias sobre el Far West de la segunda mitad del siglo XIX, se ha tornado incontrolable y es una fuente de desintegración política.

Una investigación de Transparencia por Venezuela revela que esa situación de anarquía se ve incentivada por la corrupción reinante en la producción áurea. Según ese informe, “entre el 70% y el 90% del oro que se extrae sale del territorio de manera ilegal, en operaciones que involucran a altos funcionarios del Gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial”. Ese contrabando, que se transporta por tierra y aire, llega a Colombia y a lugares lejanos como los Emiratos Árabes Unidos. La consultora Ecoanalítica estimó que en 2018 el negocio del oro ilegal representó 2.711 millones de dólares.

Un homérico fracaso 

El AMO representa para Venezuela la posibilidad de compensar su dependencia del petróleo, la clásica columna vertebral de su economía, virtualmente destruida en los últimos años. En la región no solo hay oro sino también un conjunto de metales y piedras preciosas, entre ellos cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales. De acuerdo con el exministro venezolano Roberto Mirabal, esas reservas minerales tienen un potencial económico de dos trillones de dólares.

El establecimiento de una zona de explotación minera que abarcaría los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro fue anunciado por Hugo Chávez en 2011 y retomado en 2016 por Maduro, para responder a la caída de los ingresos petroleros y a las sanciones económicas dispuestas por Estados Unidos. El proyecto era atraer la mayor cantidad posible de inversiones extranjeras para conformar empresas mixtas con un 45 % de participación privada y un 55% del Estado venezolano. Maduro aseguró que más de 150 empresas de 35 países estaban interesadas.

Sin embargo, las escasas inversiones no se canalizaron en la actividad minera sino en plantas de procesamiento que usaban técnicas basadas en cianuro para extraer un mayor porcentaje de oro de la materia prima. 

Una investigación de Insight Crime explica que ese método permitía un procesamiento más barato y ofrecía ganancias rápidas al posibilitar que el metal precioso se extrajera de los residuos de operaciones mineras anteriores. El informe consigna que el objetivo era que esas empresas “pudieran explotar y producir oro, pero lo único que hicieron fue poner esas plantas. Pero no tienen minas. Se necesitan minas para tener algo que procesar en esas plantas”. Había maquinaria para la cadena de minería pero no había minería industrial.

Esta carencia obligó a las empresas propietarias de esas plantas a buscar “relaves” (deshechos) en las antiguas minas de Minerven (Empresa Estatal Minera) o los yacimientos abandonados por los mineros ilegales, lo que forzó una negociación con los grupos criminales. Ante esa frustración, Maduro impulsó la creación de “alianzas estratégicas”, una concesión a particulares con la contrapartida de entregar un porcentaje a la Corporación Venezolana de Minería (CVM). El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico señaló que en 2019 había registrados 295 acuerdos de ese tipo y en 2020 la cifra superó el millar. Pero, según Insight Crime, “pocos tenían experiencia en minería: eran un montón de compinches militares y oportunistas que querían probar suerte”.

La policía privada de Maduro 

Tras ese nuevo traspié, Maduro anunció en junio de 2018 una ofensiva de seguridad, llamada Operación Manos de Metal, para enfrentar al tráfico ilegal de oro que había prosperado en los años anteriores, muy especialmente durante el mandato del exgobernador de Bolívar general Francisco Rangel Gómez. En esas circunstancias, muchas bandas ilegales pasaron de ser aliadas a enemigas del Estado. 

El investigador venezolano Luis Fernández Trejos sostiene que esa mutación obedeció a que los militares con destino en la zona dejaron de enviar rentas al Gobierno nacional y empezaron a compartirlas con los grupos ilegales.

En ese contexto, apareció en escena el Ejército de Liberación Nacional, transformado en la principal organización guerrillera colombiana tras el acuerdo de paz suscripto entre el gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC). El ELN, que con la complicidad de Maduro tenía ya presencia en Apure, estado fronterizo con Colombia, empezó a adentrarse en los estados mineros. Para Transparencia Venezuela e Insight Crime, esa entrada fue auspiciada por el régimen de Caracas. Según Trejos, ”es una paradoja pero el ELN no es corrupto y en ese sentido era más rentable para Maduro tenerlos controlando la zona, porque ellos reportaban más los minerales extraídos que los propios militares”.

En ese esquema de tercerización de la seguridad pública, los efectivos de la guerrilla colombiana doblegan la resistencia de los grupos ilegales para dejar entrar después a las fuerzas del Estado. No obstante, las bandas criminales resisten y mantienen su control sobre varias de las zonas mineras más importantes. Algunas de esas bandas, como El Perú, utilizan técnicas de terror para controlar sus territorios, al tiempo que emiten mensajes en los que se autoproclaman defensores de las poblaciones locales frente a los ataques de militares y guerrilleros.

Trejos sostiene que “mientras el régimen de Venezuela siga considerando a Colombia como una amenaza a su seguridad, va a seguir utilizando a las fuerzas revolucionarias colombianas (guerrilla) como una primera línea de fuego”. En la grabación de una reunión celebrada a principios de 2020 y publicada por el medio venezolano Armando Info, un comandante del ELN explica a un grupo de dirigentes de comunidades indígenas: “Hay un compromiso con el Estado venezolano. Sí, lo hay. Este país enfrenta una amenaza de invasión. Este país necesita amigos, aliados, colaboradores, servidores y vecinos; por ello están aquí el ELN y las FARC”. 

 * Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico
 

 

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