En la Sala I del Tribunal de Juicio se hizo lugar por el término de tres años al pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por Matías Luis Huergo (53), quien había llegado a la audiencia imputado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por Lusal - Mantelectric I. C. I. S. A.- Ilubaires S. A. El acusado reparará el daño causado entregando a la firma privada para la cual trabajaba la suma de 108 mil dólares en 36 cuotas mensuales y consecutivas de 3 mil dólares.
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En la Sala I del Tribunal de Juicio se hizo lugar por el término de tres años al pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por Matías Luis Huergo (53), quien había llegado a la audiencia imputado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por Lusal - Mantelectric I. C. I. S. A.- Ilubaires S. A. El acusado reparará el daño causado entregando a la firma privada para la cual trabajaba la suma de 108 mil dólares en 36 cuotas mensuales y consecutivas de 3 mil dólares.
El juez Martín Fernando Pérez le fijó además al acusado una serie de reglas de conducta que deberá cumplir para conservar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba ("probation").
Huergo deberá comunicar todo cambio de domicilio; abstenerse de usar sustancias estupefacientes y de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y no cometer nuevo delito. Además, deberá abstenerse de desarrollar su tarea profesional y prestar servicios o mantener relación alguna sea laboral, por cuenta propia o ajena, o a través de empresas o personas interpuestas, en particular con la firma Arcadio Obras Eléctricas S. R. L. y/o cualquier otra sociedad- con cualquier Municipalidad de la provincia de Salta, en tanto y en cuanto dichas actividades o servicio pudieran resultar competencia directa o indirecta con la actividad llevada a cabo por la UTE damnificada, con relación a los servicios u obras de operación, mantenimiento, tendido de redes de iluminación y señalamiento luminoso, por el término del presente beneficio y mientras el proceso se encuentre en trámite.
Por último, el acusado deberá donar pañales descartables al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta por el valor 300 mil pesos (50 mil pesos mensuales por el término de seis meses, a partir de noviembre de este año).
El pedido de suspensión de juicio a prueba fue presentado por Javier Massafra, defensor del acusado, con la conformidad de la parte querellante, representada por Nicolás Ortiz y Federico Rodríguez Spuch, y la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
La fiscalía prestó conformidad considerando suficiente el ofrecimiento de reparación del daño causado presentado por el imputado. Además, porque se encontraban cumplidos los extremos legales para el otorgamiento de la probation.
Por su parte, la querella prestó conformidad al pedido de la defensa por considerar que el ofrecimiento realizado era razonable y porque era una posibilidad de reparación del daño económico sufrido. Los querellantes sostuvieron que realizar un juicio civil implicaría nuevos gastos que la parte damnificada prefiere no afrontar. Mencionaron además motivos personales -vinculados a problemas de salud- que llevaron al denunciante a aceptar la probation y a dar por concluido el conflicto. Los representantes de la UTE indicaron que la suspensión del juicio a prueba quedó habilitada por tratarse de una cuestión entre particulares.