El federalismo argentino es un sistema de decisión complejo que se caracteriza por una descentralización tanto en términos político-administrativos como fiscales. Si bien existen normas que diseñan el reparto de competencias entre las diferentes instancias de gobierno al interior de la estructura estatal federal, las relaciones de esas instancias no son simples ni mucho menos lineales, debido a que la matriz de decisión federal está atravesada por la interacción de distintos factores que surgen del propio "territorio" y que exceden el plano formal o jurídico.
inicia sesión o regístrate.
El federalismo argentino es un sistema de decisión complejo que se caracteriza por una descentralización tanto en términos político-administrativos como fiscales. Si bien existen normas que diseñan el reparto de competencias entre las diferentes instancias de gobierno al interior de la estructura estatal federal, las relaciones de esas instancias no son simples ni mucho menos lineales, debido a que la matriz de decisión federal está atravesada por la interacción de distintos factores que surgen del propio "territorio" y que exceden el plano formal o jurídico.
En el período histórico que va desde 1862 hasta el regreso a la democracia en 1983, el poder central intentó avanzar sobre los poderes provinciales. La principal herramienta para pretender corromper al sistema federal fue la disposición constitucional que faculta al Gobierno nacional para intervenir las administraciones provinciales.
El federalismo ha venido sufriendo los avatares de la vida política argentina: los mayores recursos económico-financieros del gobierno central y el fuerte presidencialismo, también los recurrentes gobiernos de facto que se sucedieron desde 1930 hasta 1976.
A partir del restablecimiento democrático de 1983, y durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), se produjo una restauración de las autonomías provinciales y municipales de honda incidencia en la modernización de nuestro derecho público.
Federalismo
El carácter descentralizado del federalismo argentino y la concentración de recursos suscitan una dinámica en la que las políticas públicas en la escala nacional se apoyan en coaliciones interprovinciales que los presidentes construyen, transfiriendo a los líderes provinciales recursos financieros a cambio de respaldo electoral y legislativo.
Los graves problemas de desigualdad, injusticia, inequidad y desintegración se originan por la extrema centralización del país, que alcanza todos los órdenes de la vida social argentina en relación con su Capital y que se repite en casi todas las provincias, ha sido similar al producido en otros países latinoamericanos que desafortunadamente no han podido evitar este rasgo común a las sociedades subdesarrolladas, que presentan un inadecuado ordenamiento territorial, con profundas asimetrías. Urge su modificación.
La sobrerrepresentación de los distritos pequeños y el bicameralismo contribuyen al carácter descentralizado del federalismo argentino: cualquier mayoría legislativa que se forme en el Congreso necesita del apoyo de representantes de los distritos menores. Dada la organización territorial del régimen electoral, y la distribución de facultades entre las cámaras del Congreso Nacional, la agregación de intereses en la escala provincial resulta decisiva en la conformación de mayorías para respaldar las decisiones de escala nacional.
No obstante, desde la óptica financiera los gobiernos provinciales parecen ser, en general, débiles y dependientes del gobierno federal. Ningún gobierno provincial se financia hoy en Argentina con los ingresos que recauda de modo independiente, necesitan los recursos que el Estado nacional les puede ofrecer. Las estadísticas exhiben que, históricamente, las transferencias del Gobierno nacional no han tenido como propósito redistribuir los recursos a favor de las provincias con menor nivel de ingreso, sino que, más bien, han estado vinculadas con el rendimiento de los votos en el Congreso. Puesto que las provincias pequeñas tienen la misma cantidad de votos que las "grandes" en el Senado, y pesan más que su volumen demográfico en la Cámara de Diputados, los recursos financieros nacionales suelen dirigirse a ellas con más frecuencia y en mayor magnitud que al resto.
De ese modo el Estado nacional termina concentrando recursos en las provincias de menor tamaño poblacional, y como no hay correlación entre la riqueza y el tamaño de las provincias, el efecto redistributivo de las transferencias acaba siendo ambiguo, sin atender las pautas de objetividad, equidad y solidaridad establecidas en la Constitución Nacional.
El federalismo como una forma de descentralización del poder solo se concibe en un régimen político democrático, que acerca el poder a los ciudadanos y, además, como lo señaló Karl Loewenstein, es una forma de control vertical del poder en el Estado.
Para nosotros la fortaleza de nuestras instituciones republicanas y federales reside en el buen diseño efectuado en las constituciones nacional y provinciales, y que de ser respetado conduce al mejoramiento del proceso democrático.
Funcionamiento deficiente
Nuestras debilidades residen en el inadecuado funcionamiento del sistema constitucional. El problema central es la falta de división y equilibrio de los poderes, tanto en el orden federal como en el provincial. En consecuencia, son el presidente y los gobernadores los reales detentadores del poder político. Pero a ello se agrega el predominio del presidente y del Gobierno nacional sobre los gobernadores y las provincias, que producen una centralización del poder, alejada de los principios constitucionales. La decadencia de nuestro Estado de derecho comporta la violación de los principios de la república federal.
Hoy, con un gobierno nacional desmembrado, el federalismo se ve erosionado, con un futuro incierto, lo que impide la consideración de un problema tan delicado como el de nuestro sistema republicano y federal, y en particular el de las modificaciones que hay que producir para cumplir el gran proyecto federal de la reforma constitucional de 1994.
Observando el funcionamiento del Congreso Federal, se advierte que, por el peso demográfico en la Cámara de Diputados de los cinco distritos más poblados, como Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, pueden volcar una decisión a su favor, pero ello puede modificarse en el Senado. pues todas las provincias tienen igual representación. No obstante, podemos señalar que en ambas cámaras no ha existido una adecuada defensa de los principios federales y de los intereses regionales y provinciales, ya que han primado las políticas fijadas por los presidentes y los partidos políticos nacionales, que en no pocas oportunidades han tendido a la centralización del poder. Esto es muy grave, en particular para el Senado, que es un órgano federal por antonomasia. La cuestión se vincula a nuestro sistema político, donde las decisiones se toman principalmente por el presidente con el apoyo de los gobernadores provinciales, que influyen en los respectivos diputados y senadores de la Nación. Un ejemplo notorio es el tratamiento de los temas de coparticipación impositiva y de responsabilidad fiscal de las provincias, ya que en lugar de un debate amplio, transparente y participativo solo se advierten negociaciones entre el presidente y cada uno de los gobernadores, con un resultado que afecta las autonomías provinciales, y el papel del Congreso y del Senado en particular.
No podemos superar la ostensible dependencia económica, financiera, política y social de las provincias con respecto al gobierno federal. No existe interés alguno en comenzar a debatir proyectos como el de la coparticipación impositiva, ya que la arbitrariedad actual, que importa un gigantesco desapoderamiento de recursos provinciales y municipales por parte del gobierno "federal" - sin adecuada resistencia de las provincias- es la base de su poderío político para sujetar y alinear a los gobernadores e intendentes, sean o no del partido del gobierno.
En julio el presidente convocó a los gobernadores a una reunión eminentemente política en la Casa Rosada para tratar "temas de las provincias". El improvisado cónclave, al que asistieron 12 jefes de gobierno provinciales, duró dos horas, hasta que los gobernadores hicieron oír sus reclamos, exigiendo urgentes medidas para paliar el fuerte efecto que había provocado en las economías regionales la corrida del dólar, expresándoles su preocupación por los fondos, la obra pública y las secuelas que está dejando la suba continua de la divisa extranjera.
Con anterioridad a ello, y con una agenda focalizada en la escasez de gasoil, en una distribución más equitativa de los subsidios de transporte, así como un incremento del fondo compensador que va a las provincias, el traspaso del control de los planes de las organizaciones sociales a las provincias, la escalada inflacionaria, pero fundamentalmente con las asimetrías estructurales que hay entre la metrópolis y el resto del país, la Liga de Gobernadores de las provincias peronistas y aliadas se reunió en Chaco para cerrar filas y exigirle al Gobierno nacional un "mayor federalismo" en la toma de decisiones.
Resulta impostergable sancionar un nuevo régimen de coparticipación, acorde a los principios constitucionales de solidaridad y equidad, en el que se establezcan específicamente los criterios objetivos de reparto señalados en las bases constitucionales de la coparticipación; se determine una masa coparticipable que no sea disminuida por la elevada cantidad de asignaciones específicas hoy vigentes, que deberán ser derogadas en su mayoría o en totalidad, fijándose la distribución primaria y secundaria en base a los preceptos constitucionales para terminar con la violación de la ley fundamental.
Es tiempo que los gobernadores vayan más allá de simples proclamas, la situación de las provincias les reclama firmeza en defensa de la producción, de la integridad territorial, del logro de la paz social, de la fijación de tarifas igualitarias en gas, transporte y electricidad, de un régimen equilibrado y objetivo de coparticipación impositiva, para que el federalismo no sea meramente formal sino real.
El esquema federal fue la opción de quienes imaginaron y armaron el país y son quienes administran en la actualidad la nación los que deberán asumir los desafíos de perfeccionamiento que el sistema federal tiene por delante, y los mandatarios provinciales son quienes deben impulsarlo con acciones concretas.