La inflación agobia a las trabajadoras y trabajadores. La lucha por mantener el poder adquisitivo de los salarios (registrados y no registrados) consume buena parte del esfuerzo de empleados y obreros y de sus organizaciones representativas. La desocupación o el temor a perder el empleo preocupa y amarga también a muchos.
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La inflación agobia a las trabajadoras y trabajadores. La lucha por mantener el poder adquisitivo de los salarios (registrados y no registrados) consume buena parte del esfuerzo de empleados y obreros y de sus organizaciones representativas. La desocupación o el temor a perder el empleo preocupa y amarga también a muchos.
Esta acumulación de urgencias deja en un segundo plano asuntos que deberían ser igualmente prioritarios. Me refiero, por ejemplo, a la calidad de los empleos, a las condiciones dignas y equitativas de labor (artículo 14 bis de la Constitución Nacional), a la capacitación continua, a las posibilidades reales de hacer compatible el trabajo con la vida familiar.
En este orden de ideas, quiero detenerme en la seguridad e higiene en el trabajo de quienes desempeñan tareas remuneradas.
Lo haré para denunciar la proliferación de centros de trabajo y de actividades que se desarrollan al margen de las leyes que tutelan la vida y la salud de trabajadoras y trabajadores.
Demasiados compañeros y compañeras se accidentan, enferman o mueren a raíz de la falta de medidas adecuadas de prevención. Y, lo que es tan grave como lo anterior, todo esto ocurre a consecuencia de la ineficacia de los organismos creados para prevenir, reducir riegos y brindar prestaciones reparadoras.
Sucede que las leyes preventivas existen (en algunos casos desde hace casi 100 años, como es la ley de jornada insalubre, aprobada en tiempos del presidente Yrigoyen) pero no se cumplen ni se hacen cumplir en Salta.
Miles de trabajadoras y trabajadores desempeñan sus tareas en ambientes viciados (por el plomo u agentes químicos, sin ir más lejos) o laboran sin los equipos protectores que las leyes exigen. Los protocolos para hacer frente a la pandemia se revelaron insuficientes o ineficaces en la industria azucarera y en otras actividades.
El reciente accidente mortal ocurrido en un moderno establecimiento minero de la Puna salteña debe prender todas las alarmas. Debemos dejar atrás la resignación y el fatalismo para exigir explicaciones acerca de cómo y porqué muere un trabajador devorado por una máquina en una empresa multinacional a la que se supone poseedora de las técnicas y los saberes necesarios para evitar tamaño accidente.
La CGT pregunta ¿Qué hizo la Secretaría de Trabajo antes y después del siniestro? ¿Qué hizo la Superintendencia de Riesgos de Trabajo? ¿Qué papel cumplió la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), además de cobrar las cuotas del seguro?
Nos preguntamos también: Si esto sucede en empresas que manejan altas inversiones y modernas tecnologías, ¿qué cabe esperar que suceda en las pymes precarias que abundan en Salta? (*) ¿Quién atiende las necesidades médicas y económicas de aquellas y aquellos que trabajan en negro?
Como es notorio, la respuesta del sistema productivo local y de los servicios públicos de control es "dejar hacer, dejar pasar". Que todo fluya, que los trabajadores y sus familias se las arreglen como puedan. O que, de lo contrario -si se atreven a reclamar- soporten morosidad, negligencias, silencios de parte de los jueces, de los inspectores de trabajo o de las pomposas Superintendencias creadas por leyes que no se respetan.
Como en tantos otros ámbitos del mundo del trabajo, la explotación, los accidentes y las enfermedades no suceden por falta de leyes o reglamentos. Ocurren por la ineptitud de funcionarios y directivos; por esa suerte de complicidad que muestran las ventanillas del Estado frente a las empresas que no registran a sus obreros o empleadas. A muchos jerarcas les paraliza la idea -vergonzosa y absurda- de que, si hacen cumplir las leyes, las empresas responderán cerrando o despidiendo.
Es inadmisible que en Salta, empleadores hagan trabajar a sus obreros 45 horas por semana en actividades gravemente contaminantes y no las 36 horas que marca la Ley de 1919. Es inadmisible que la secretaria de Trabajo se niegue a calificar de insalubres a centenares de centros impidiendo, así, que miles de trabajadores puedan jubilarse anticipadamente.
Aquellas ideas, y la negligencia que caracteriza a muchos organismos públicos explican la bajísima cantidad de reclamos que registran las estadísticas de la Superintendencia de Riegos de Trabajo (80 por año en último quinquenio). Hay pocos reclamos no porque haya pocas enfermedades o accidentes, sino porque los trámites son lentos (8 años es la duración habitual según datos de la SRT) o los mecanismos de control no están preparados ni tienen voluntad política para exigir prácticas de prevención y medidas para disminuir riesgos.
Que la Corte de Justicia no tenga un cuerpo de peritos especializados en riesgos del trabajo es una muestra más de la negligencia culpable que quiero denunciar en esta nota.
(*) La SRT informa que en Salta las muertes por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se han casi duplicado entre 2020 y 2021. En este mismo período las enfermedades profesionales se incrementaron un 81% y los accidentes de trabajo crecieron un 21%.