Profesionales del Trabajo Social se mostraron sorprendidos por las cifras de pobreza e indigencia que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que revelaron una disminución de estos índices en el segundo semestre del año pasado con respecto al primero.
inicia sesión o regístrate.
Profesionales del Trabajo Social se mostraron sorprendidos por las cifras de pobreza e indigencia que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que revelaron una disminución de estos índices en el segundo semestre del año pasado con respecto al primero.
Según el Indec, hacia fines del año pasado Salta tenía el 38,9% de sus habitantes en situación de pobreza y el 7,8% en situación de indigencia. Esto representa una leve mejoría con respecto a la situación del semestre anterior: en seis meses, la pobreza bajó del 42,3% al 38,9% y la indigencia, del 11,2 al 7,8%, en términos monetarios.
“Me sorprendió, así como a todos los que trabajamos en territorio en diferentes espacios”, expresó la presidenta del Colegio de Profesionales de Servicio Social y Trabajo Social, Natalia Aguilar, en relación con los datos revelados por el organismo nacional.
“La cifra revela quizás una mejoría en cuanto al índice de pobreza, pero la realidad es que en el territorio la pobreza sigue a flor de piel, cada vez peor”, agregó la experta y evaluó que es posible que la intervención del Estado mediante transferencias directas haya impactado en estos resultados.
La profesional planteó que, como la inflación es muy alta, los ingresos que tienen los grupos familiares -incluso aquellos que tienen empleo formal- siempre van por atrás y planteó que urge encontrar una solución a este problema, que aumenta la desigualdad cada vez más.
Aguilar consideró que es clave que se formalicen los trabajos que realizan muchas personas como contraprestación a planes sociales y que se encuentren formas de reconocer los mecanismos de la economía familiar y social, que les permiten a muchas familias la subsistencia.
Observó que es necesario revisar la legislación vigente y realizar los cambios que sean necesarios para mejorar la situación de las personas.
Lo que las cifras ocultan
Aguilar explicó que, en el marco de la pandemia, el Estado actuó mediante políticas públicas para atenuar los efectos económicos y sociales de la emergencia sanitaria y evaluó que la mejoría en los números de pobreza y de indigencia tiene que ver con esto.
Mencionó que una gran cantidad de personas trabajan en situación de informalidad y precariedad: “En los barrios, quizás se ve a la persona trabajando, pero está haciendo una contraprestación: es un trabajo en respuesta a la intervención del Estado”. Explicó que estas personas realizan una labor, pero no en el marco de un empleo formal, por lo que no acceden a la seguridad social ni a la jubilación. Esto sucede muchas veces a instancias del Estado.
La profesional explicó que la mayoría de la población en Salta se desempeña en actividades informales y que se las rebusca en espacios como las ferias barriales, que “crecieron muchísimo en este tiempo” y que constituyen estrategias de supervivencia. Señaló que en estos espacios de intercambio de economía familiar y social muchas familias obtienen ingresos para comprar insumos y cubrir necesidades básicas: “Si bien llegan a ayudar para la alimentación y la vestimenta, hay otros derechos que siguen siendo vulnerados”.
La representante de los trabajadores sociales planteó que es fundamental que se creen espacios de empleo formales o que los espacios de intercambio en la economia popular se formalicen mediante alguna política pública.
Señaló que es necesario que haya decisión política para revisar la legislación vigente y realizar los cambios que sean necesarios, para que haya un impacto en la empleabilidad de las personas, tanto en el Estado como en el sector privado: “No podemos seguir haciéndonos los distraídos ante un montón de cosas. El Estado tiene que empezar a problematizar esto y cuestionarse”.
El impacto de la inflación
Aguilar observó que el aumento permanente de los precios licúa la capacidad adquisitiva que tienen los grupos familiares para cubrir sus necesidades básicas y advirtió que es clave que se trabaje para que la inflación no crezca tanto.
“Aun habiendo intervención del Estado con planes sociales, incremento del valor de la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, aparece el incremento del valor de los insumos y de la canasta básica... Siempre hay un desfasaje”, señaló.
“El Estado necesita accionar para frenar la inflación o regular algunos mecanismos... Por más que incrementen los sueldos o que se formalice el empleo, si sigue disparándose la inflación, nunca vamos a cubrir las necesidades básicas”, agregó.
La profesional evaluó que este fenómeno acrecienta las brechas de desigualdad entre los grupos sociales y que esto, a su vez, genera “malestar, conflicto, tensión e intolerancia”: “Todo está entrelazado. Vemos el crecimiento de las violencias en lo familiar y también en el ámbito público”.