La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, junto a la directora de los fiscales, Gabriela Buabse, brindaron ayer en conferencia de prensa detalles de la investigación que se lleva adelante en el marco de una financiera ilegal. Tras lo expuesto se supo que la presunta asociación ilícita manejaba un volumen dinerario cercano a los 3 mil millones de pesos, monto del que solo un puñado se pudo secuestrar en los procedimientos. Desde la Unidad que investiga el caso dieron intervención a la Justicia Federal para que investigue el vínculo de una organización más compleja que pudiera haber inyectado dinero proveniente de otros delitos como el lavado de divisas o el narcotráfico.
inicia sesión o regístrate.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, junto a la directora de los fiscales, Gabriela Buabse, brindaron ayer en conferencia de prensa detalles de la investigación que se lleva adelante en el marco de una financiera ilegal. Tras lo expuesto se supo que la presunta asociación ilícita manejaba un volumen dinerario cercano a los 3 mil millones de pesos, monto del que solo un puñado se pudo secuestrar en los procedimientos. Desde la Unidad que investiga el caso dieron intervención a la Justicia Federal para que investigue el vínculo de una organización más compleja que pudiera haber inyectado dinero proveniente de otros delitos como el lavado de divisas o el narcotráfico.
Luego del fuego cruzado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta, con Abel Cornejo a la cabeza, y la Procuración General de la Provincia, a cargo de Pedro García Castiella, la sensación que quedó ayer tras lo expuesto por la fiscal fue que ambas partes bajaron varios decibeles. En una nota exclusiva que el doctor Cornejo le dio a El Tribuno dejó en claro la diferencia entre "los policías" que actúan al margen de la ley y la "institución policial".
Ayer, Salinas Odorisio expresó: "En todos los casos -por los nueve policías detenidos- se trata de personas que revisten en calidad de policías pero que actuaron de manera personal", sostuvo. En otro de los pasajes apuntó: "No tiene nada que ver con la institución -policial-, sino con una responsabilidad personal por el acceso al dinero", sostuvo en alusión a la policía detenida e imputada por asociación ilícita, estafa y peculado, esto último porque habría utilizado plata de la fuerza provincial -fondo de adicionales- para invertir en la financiera. En cuanto a las cifras brindadas por la fiscal, "del análisis de la documentación realizado el martes se determinó que 1.739 personas concurrieron a la financiera y en total se realizaron 4.529 contratos. Esto no quita que existan más contratos que no fueron secuestrados en los procedimientos realizados por la Unidad Especial de Delitos Económicos".
Acerca del volumen de dinero que manejaba la financiera, sin que ello significa que se trate de la plata adeudada a las víctimas, ya que eso surgirá del "análisis de denuncias y aportes de contratos" que se vayan a hacer, la fiscal sostuvo que de acuerdo a los contratos secuestrados "tenemos un capital invertido, un volumen de dinero que manejó esta financiera de 2.219 millones de pesos sumado a 3.260.528 dólares".
"En los procedimientos, que se realizaron en distintos lugares y a través de diferentes imputaciones, se ha logrado el secuestro de 23.200.000 pesos y 60.000 dólares, además de 12 autos, 7 camionetas, dos motos muchos de los rodados de alta gama, numerosos teléfonos celulares y cédulas parcelarias".
Julio del 2021
A través del estudio de la documentación se determinó que la "asociación operaba desde julio de 2021, primero en Metán y luego en Salta capital", contó Odorisio. En el transcurso fue mutando la forma de contratar a las personas que eran atraídas hasta llegar a concretar la forma de una empresa que no existe. "Incluso tiene símbolos que inspiran confianza, justicia, todas situaciones que hacían que las víctimas confiaran e invirtieran".
Tratando de ser lo más clara posible la letrada explicó que el objetivo de la investigación fue "desbaratar una banda dedicada a cometer delitos, lo que en términos jurídicos se llama una "asociación ilícita'", figura que tiene confirmada, por otro lado "tenemos miles de estafas con un daño patrimonial concreto a cada persona", afirmó.
A la cabeza de la supuesta asociación ilícita estaba una mujer que hace algunos días fue detenida mientras estaba prófuga. Es de apellido Moya y junto a otros cuatro civiles serían los líderes de la banda delictiva. Cuenta con estafas durante el 2020 y 2021. Comenzó haciéndose pasar por abogada y prestamista para vincularse luego a grupos de personas, entre ellas policías. “Se mantuvo prófuga desde el primer allanamiento”. Al filtrarse la información del operativo Moya y Armando se fugaron con “la mayor parte del dinero”, dijo la fiscal.
El rol de los policías imputados
La bola de nieve comenzó a crecer, con lo cual la presencia de un grupo reducido de policías, al menos por ahora, habría sido indispensable para ejecutar con éxito un delito millonario. “En este tipo de estafas piramidales es necesaria la existencia de captadores, por lo tanto algunos de los imputados y detenidos son policías. El rol asignado dentro de la organización era el de captar el dinero”, contó Salinas Odorisio y añadió que la forma de demostrar eso es “no solo por los montos que figuran en las carpetas, sino también por los plazos y retornos que tenían un carácter preferencial respecto del resto”.
La investigadora sostuvo que hubo denuncias de “víctimas que señalan que hacían sus aportes a los policías captadores, quienes juntaban varias víctimas y presentaban una sola carpeta y hasta cobraban un porcentaje por esa situación. Ese es el rol de algunos policías, dentro de esas personas una de ellas tenía una función del manejo de dinero en la institución policial y podría haber utilizado el dinero recibido en concepto de adicionales para invertir en la financiera”.
Otros policías imputados cumplían el rol de seguridad, “con tanto volumen de dinero en un lugar de acceso público tenían que tomar recaudos de seguridad”. Uno de los últimos policías imputados está acusado del delito de “violación de secreto y encubrimiento”, sería el que filtró información acerca de los allanamientos.
Las víctimas
Respecto a las víctimas, que según la fiscal son “innumerables”, explicó que quienes se sientan “damnificados o víctimas pueden realizar la denuncia -hay entre 50 y 60 denuncias-, de esa manera ingresarán en el proceso penal y el día que se llegue a una sentencia serán tenidas por víctimas”. Si además de eso, “quieren tener un control más exhaustivo de la investigación se pueden constituir como querellantes y actuar junto a la Fiscalía. Y si además de eso considera que le deben dinero por lo que aportó y convinieron en restituirle tiene la posibilidad de constituirse como actor civil dentro del proceso penal o iniciar acciones civiles por el fuero correspondiente, tarea que no es de la Fiscalía”.