El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, visitó El Tribuno, y concedió una entrevista en la que realizó un balance de su gestión al frente del Ministerio Público Fiscal y el trabajo que debió realizar para optimizar su funcionamiento. Respondió sin rodeos preguntas sobre el enfrentamiento con el Ministerio de Seguridad por la investigación de una serie de estafas que involucran a miembros y altos mandos de la Policía y que podría tener sorprendentes capítulos a futuro, y aseguró que es necesario crear por ley una Policía Judicial, proyecto en el que ya trabajan para enviarlo a la Legislatura para su análisis.
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El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, visitó El Tribuno, y concedió una entrevista en la que realizó un balance de su gestión al frente del Ministerio Público Fiscal y el trabajo que debió realizar para optimizar su funcionamiento. Respondió sin rodeos preguntas sobre el enfrentamiento con el Ministerio de Seguridad por la investigación de una serie de estafas que involucran a miembros y altos mandos de la Policía y que podría tener sorprendentes capítulos a futuro, y aseguró que es necesario crear por ley una Policía Judicial, proyecto en el que ya trabajan para enviarlo a la Legislatura para su análisis.
A cuatro meses de asumir en la Procuración General de la Provincia ¿Nos puede hacer un balance de su gestión?
Así es, fueron cuatro meses aunque pareciera que fue un tiempo mucho más extenso porque nos encontramos con situaciones que ameritaban modificaciones y retoques muy urgentes.
En primer lugar, tuvimos que trabajar en el reordenamiento del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) y dentro de este contexto, en especial del equipo de investigadores. Una serie de transformaciones y reformas indispensables para el funcionamiento institucional adecuado del Ministerio Público Fiscal, donde la primera premisa enunciada y una de las primeras disposiciones que adopté es dejar muy en claro que el fiscal es quien está al frente y es el responsable y el director de la investigación. Es decir, que el investigador tiene que estar subordinado al fiscal y no a la inversa.
Esa es una cuestión no menor y que no poco esfuerzo costó y en función de esa premisa es que se implementaron inmediatamente cambios en las funciones de la jefatura de los investigadores del CIF y es en esa circunstancia que se requirió la asignación a la Procuración del comisario Juan Ramón Miranda, que fue concedido favorablemente y coordinado y consensuado con el ministro de Seguridad (Abel Cornejo) y con el jefe de Policía para que intervenga como comisionado coadyuvante del procurador en el proceso de reordenamiento del Departamento de Investigaciones del CIF, para que todos esos investigadores, que son unos 120, estén al servicio de los fiscales.
Pero además nos topamos con una serie de hechos impactantes, algunos conocidos, otros no tanto. Uno de los más conocidos fue el secuestro del empresario (Víctor) Giménez, que me tocó a los pocos días de asumir y que pudimos resolver gracias a Dios y a la coordinación que ya habíamos iniciado con la Justicia Federal y los fiscales federales, que fue un trabajo que hoy es de punta y pionero en el país y que fue reivindicado por el mismo procurador de la Nación, Esteban Exequiel Casal.
Nuestra vinculación provincial-federal es ejemplo en el resto del país, primero en materia de narcotráfico, y ahora avanzamos en ampliar estos trabajos y protocolos en trata de personas, lo cual involucra también muchas zonas grises; me refiero a concurrencia donde a veces en una primera intervención cuesta definir si es provincial o nacional, porque ante una investigación de trata nos podemos dar con un abuso sexual, una privación ilegítima de la libertad y toda una gama de delitos en donde no importa quien sea el primero que intervenga, lo importante es que prevengamos estos delitos.
Usted recién marcaba la necesidad de adecuar el funcionamiento institucional. ¿Cuál es el riesgo de que se mantenga la situación como venía hasta ahora?
Tiene que ver con una cuestión de política criminal y política institucional. El Ministerio Público es un órgano que procura la investigación de los delitos y asegurar la seguridad, normalidad y constitucionalidad de los procesos judiciales. La finalidad del proceso penal y del Ministerio Público es la verdad, no necesariamente la condena de un sospechado. Primero tenemos un sospechoso que, para determinar si es responsable penalmente o no, o sea si es culpable, necesita que se le garantice todo un proceso judicial y que sea la Justicia y el procedimiento los que lo determinen. En ese procedimiento la investigación tiene que asegurar que el resultado sea condenar al verdadero responsable y no condenar a cualquiera. Esto es, que no sea una fábrica de condenados del Ministerio Público. En ese contexto, el fiscal es el que tiene el conocimiento, la responsabilidad y la obligación de guiar y direccionar el proceso para asegurar la primacía de la verdad, esencialmente, la transparencia y la objetividad en el manejo de la investigación y de las pruebas. Eso lo maneja un fiscal, no un investigador. Ejemplos concretos: a una escena tiene que llegar primero un fiscal, no necesariamente los investigadores solamente. Saqué una disposición en ese sentido de que los fiscales concurran en los hechos graves a la escena del hecho, que a todos los suicidios se les dé un tratamiento inicial investigativo y de abordaje de investigación criminal como si fuera un homicidio y que después de descartada la presunción de homicidio avancemos con suicidio; que los casos que sean graves y necesarios los fiscales presencien también las autopsias.
La realidad criminal en Salta, que yo ya había advertido eso y lo dije cuando asumí, es que hay dos ejes fundamentales de alarma y gravedad: uno es la violencia familiar y de género que suelen terminar en casos de femicidios lamentablemente, y la otra es el avance de la narcocriminalidad y los delitos de derecho común que le abren la puerta a la instalación del narcotráfico.
Estamos ante la oportunidad de ponerle un freno al avance de esa delincuencia atípica para nuestra provincia, estamos a tiempo y en oportunidad apta para evitar convertirnos en realidades que tristemente están viviendo otros conglomerados de nuestro país, como pueden ser la ciudad de Rosario o la provincia de Buenos Aires.
Mencionaba al comisario Miranda, quien es si se quiere el foco de un conflicto entre la Procuración y la Jefatura de Policía, que lo quiere remover de sus funciones ¿Qué opina de esta situación? ¿Cómo afecta esta intención de la Policía a las funciones de Miranda en el Ministerio Público? ¿Qué consecuencias puede tener esta situación?
No quiero caer en el error o la trampa dialéctica de reducir lo que estamos investigando es si un comisario se va o se queda en el Ministerio Público Fiscal. El comisario Miranda se va a quedar en el Ministerio Público porque así lo establece una resolución de la Procuración, sostenido en los artículos 167 y 168 de la Constitución Provincial.
El 167 habla de la autonomía del Ministerio Público respecto del Ejecutivo y otros poderes, y el 168 habla de la obligación de todos los poderes de la Provincia de prestar colaboración al Ministerio Público. También la ley de creación del Cuerpo de Investigaciones Fiscales determina que todo lo vinculado a la disposición sobre los policías que orgánicamente puedan depender de la Policía de la Provincia pero que son asignados al CIF, se resuelve entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración de la Provincia, y no en el Jefe de Policía.
No quiero caer en la simpleza de esa discusión, pero sí poner el alerta sobre lo que está evidenciando lo que se ha pretendido hacer con Miranda. Lo primero, yo lo califiqué y lo ratifico, que es un acto irracional e incomprensible de la Jefatura de Policía y las autoridades de Seguridad, en plena investigación, donde ya era público que existían sospechas que están siendo corroboradas en la investigación de que había personal involucrado, intempestivamente se quiera sacar al jefe de los investigadores. Quiere decir que a quienes están investigando los están dejando sin jefe. A otro de los investigadores que figuraba en el oficio de allanamiento le viralizaron su domicilio, el teléfono y su nombre y los de sus familiares.
No me quiero detener ahí, quiero ir a una discusión más inteligente y la que se merece la seguridad y tranquilidad de los salteños: yo como procurador no puedo admitir que un jefe de Policía tenga un botón rojo que permita arrancar a la Procuración de la Provincia el jefe de los investigadores ante cualquier circunstancia. Esto pone en evidencia que hemos quedado a medio camino con los avances que se hicieron desde el 2011, cuando se implementó el sistema acusatorio. Pretender que un jefe de Policía tenga mayor autoridad que un procurador para sacar un investigador que está llevando una investigación que involucra a sectores de la Policía, implicaría destruir todo lo que se avanzó en la provincia en política criminal en los últimos 12 o 15 años. Un retroceso que nos llevaría a etapas previas al 2010, donde la Policía tenía la suma del poder público en cuanto a seguridad. No es casual cómo se avanzó en cuanto a la formación de estos equipos de investigación en el ámbito del CIF, porque vinieron de la mano del sistema acusatorio que le sacó a los jueces de instrucción y puso en la cabeza de los fiscales la responsabilidad de la investigación. El fiscal no puede investigar ni ser el responsable de una investigación criminal si no tiene investigadores a cargo. Entonces se avanzó con un primer acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y la Procuración en el 2015 aproximadamente y después se fue complementando con una serie de anexos, pero todos fueron parches y esto demuestra que es una excelente oportunidad para, si queremos armar con inteligencia una agenda de políticas públicas, repensar lo que quedó en el camino, que es debatir y discutir la necesidad de una policía de investigaciones. En el Código del año ’86 existía la policía judicial, estaba en el Código pero nunca se implementó y siempre hubo una discusión de idas y venidas en los gobiernos anteriores en cuanto a avanzar con todos estos convenios en función de la creación de una policía de investigaciones.
En ese camino se dictó e implementó la ley de creación del CIF, se dotó de tecnología de punta a este cuerpo que es modelo en el país, se crearon estos equipos de investigaciones a cargo de los fiscales... pero nos quedamos a medio camino con la creación de esta fuerza. Hay que avanzar en la discusión y que las cámaras legislativas asuman la responsabilidad de debatir y avanzar en la creación de una policía de investigaciones que esté bajo las directivas funcionales de los fiscales, y administrativa y orgánica del Poder Ejecutivo. Pero que el fiscal tenga la tranquilidad de que puede disponer de investigadores con absoluta independencia y no que en medio de una investigación se pretenda arrancar al jefe de investigadores ante una incertidumbre y zozobra de viralizaciones, amenazas, datos extraídos de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia conforme surge de la gráfica de las viralizaciones, y situaciones ante las que los responsables a cargo de la investigación tengan que recurrir a solicitar custodia a fuerzas federales.
Cuando se pensaba que iba a ocurrir lo lógico, que sería una colaboración, lo que se tuvo como respuesta fue la pretensión (de Seguridad) dejar al CIF sin el jefe de los investigadores. Esto no puede volver a ocurrir.
¿Está roto el diálogo con la Policía?
No, no se trata de diálogo roto. Inclusive me atrevo a decirle que ni siquiera se trata de nombres, porque podríamos estar hablando de otros nombres en la Jefatura de Policía y el problema va a seguir existiendo. No se trata de nombres ni del jefe de Policía, ni del secretario ni del ministro. Acá quiero elevar el nivel del debate y poner sobre la mesa que esto no puede volver a suceder y por eso necesitamos terminar con esta desprolijidad de convenios y adendas tras adendas y poner en la mesa un avance, que es lo que siempre se quiso desde que se puso en marcha el modelo del sistema acusatorio.
¿Hay convenios vigentes?
Sí, hay convenios vigentes. Pero sobre esos convenios está la ley del CIF.
Para poner en contexto, la investigación de la que hablamos tiene que ver con esta financiera trucha que generó una serie de estafas y en donde hay efectivos de la Policía involucrados. ¿Cómo está la investigación de la causa al margen de estos problemas?
La Fiscalía investigaba a una financiera trucha porque ya había llegado a oídos de muchas personas, incluso vecinos de la zona, a quienes les impactaba esas colas infinitas que se generaban en la cuadra de la financiera. El panorama inicial que se tenía era avanzar sobre una financiera trucha muy parecida a una que operó en Buenos Aires. Pero la Fiscalía se tuvo que anticipar y precipitar los tiempos porque se habían detectado filtraciones del objetivo que llevaba adelante la investigación, entonces hubo que precipitar los allanamientos. No obstante así, con la ayuda de algún personal policial, lograron que se profugue la principal jefa organizadora, quien lo hizo gracias a la información brindada por alguna filtración. Nos dimos con la sorpresa de que, por un lado, había una gran cantidad de personal policial víctima, pero había otro sector, que estaba en una alta graduación en el esquema de la pirámide y había sacado ya importantes dividendos; y otros en roles de colaboración, colaboración que persistió aun después de los allanamientos colaborando con las personas que estaban prófugas. Esa fue una de las sorpresas. La otra sorpresa, que será materia de un avance investigativo y trabajo contable minucioso, es la velocidad del retorno en la operatoria. No es una organización al estilo Ponzi clásica (esquema de estafa con supuestas inversiones) porque ese sistema otorga dividendos sobre los intereses, pero esta organización financiera devolvía capital prácticamente a 30 días a un 100 por ciento. No hace falta ser contador para avanzar sobre la irregularidad de eso; necesita de un flujo adicional de dinero físico que alimente y sostenga ese retorno tan veloz. Por esos indicios tan fuertes se va a profundizar sobre el origen de este dinero que podría estar proviniendo de otras actividades ilícitas.
Entonces, ante una situación tan grave, y ante la responsabilidad que tiene el Ministerio Público para evitar que si hoy las víctimas son mil, no lleguen en una mes a ser cien mil, tenemos que avanzar sobre esa situación. Y si hay sectores de la Policía que pudieran estar con algún tipo de involucramiento o colaboración con la organización, nada mejor para la institución policial y la seguridad y tranquilidad de los salteños, que colaborar y llegar a fondo con esta investigación. Falta todavía bastante. Se avanzó en la tarde de ayer (viernes) con la detención de dos policías.
Hay un dato muy significativo que es que en los secuestros que se hicieron ayer (viernes) en las fotografías de los secuestros se observan fajos de billetes, y también se observan armas que son de uso de personal policial con recursos del Estado, del pueblo de Salta, para que provean a su seguridad, y no para que se asocien con el delito. Entonces esa es una imagen impactante que nos tiene que hacer repensar y encender una alerta, porque el primer signo de descomposición de las sociedades y de las ciudades que hoy están en otros estadíos lamentables, es cuando las organizaciones criminales empiezan a pretender trasvasar a las fuerzas de seguridad, y esto es peligroso, es serio. Y hay que tomarlo con la altura, la seriedad y la gravedad que amerita.
¿El nivel de involucramiento de algunos policías hace pensar en corrupción policial? ¿O qué debe ocurrir para que se avance sobre un concepto tan fuerte como ese?
No, en lo que se puede pensar es en corrupción en este grupo de policías que han perdido el norte en el sentido de que juraron y fueron capacitados para bregar por la seguridad de los salteños y se dejaron tentar por la plata fácil. Mi visión es que son sectores puntuales, determinados jefes y determinado personal que han optado por este camino.
¿Y el hecho de que aparezca este flujo de dinero grande y que los mayores beneficiarios sean altos mandos de la Policía, puede hacer pensar en que en realidad este sistema Ponzi era en realidad una pantalla para justificar un blanqueo de dinero que en realidad venía de otro lado y que estos mandos puedan justificar sus ingresos?
Ese es un análisis que se va a tener que hacer con posterioridad, pero es interesante pensarlo en esos términos. No podemos afirmarlo hoy, pero es una de las hipótesis que podrían llegar a surgir una vez que esté terminada la investigación en la competencia ordinaria y después que le corra vista a la Justicia Federal. Pero yo no lo descartaría.
Mencionaba la necesidad de una policía judicial. ¿Cree que es urgente dar ese debate?
Sí. Esta situación puso sobre la mesa que es indispensable. De hecho está existiendo, entre parches, en la realidad. Hoy por hoy existe una parte de la policía que trabaja en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Como primicia le puedo decir que nosotros, en el Ministerio Público, estamos trabajando en un proyecto legislativo para que se cree por ley la policía judicial, el cual vamos a enviar oportunamente a la Legislatura para su evaluación.
Es algo que ya existe en la práctica, pero habría que darle orden e institucionalidad mediante una ley.
Hay sectores de la Policía que cuestionan a Miranda. ¿Usted confía en su idoneidad?
Absolutamente, pero no voy a caer en chismeríos de grupos de WhatsApp. En su oportunidad se coincidió con el Ministro de Seguridad y se lo eligió a Miranda basado en su foja de servicio, en su capacidad, idoneidad y firmeza, que era lo necesario para reorganizar el departamento de investigaciones del CIF.
Si se había convenido con el ministro de Seguridad, ¿no debería salir él mismo a darle respaldo a Miranda? Si no parece que el jefe de Policía también quiere pasar por sobre la autoridad del ministro...
Esa pregunta debería respon derla el ministro...