En el Senado analizan el proyecto de ley a través del cual se creará un órgano local de revisión de salud mental.
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En el Senado analizan el proyecto de ley a través del cual se creará un órgano local de revisión de salud mental.
Con este paso, la provincia de Salta se pondrá a tono con el precepto central de la ley nacional 26.657: asegurar el pleno goce de los derechos humanos y promover el respeto de la dignidad de las personas usuarias de servicios de salud mental.
Para definir la ley, que ya tiene media sanción, la comisión de Justicia del Senado se reunió con representantes del Ministerio Público y profesionales de áreas de salud mental.
Asistieron la Asesora de Incapaces, Mirta Lapad; la secretaria de Salud Mental, Irma Silva; el gerente del Hospital Miguel Ragone, Fernando Acuña, la gerente de reinserción social, Natalia Acosta y el director de reinserción e inclusión socio laboral, Horacio Ligoule.
El órgano de revisión tendrá como función pedir información a instituciones públicas y privadas para evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos.
Además, supervisar las condiciones de internación por razones de salud mental, evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo mínimo necesario, entre otras.
El órgano de revisión local estaría integrado con representantes de los ministerios de Salud y de Gobierno y Derechos Humanos, del Ministerio Público, con miembros de colegios profesionales con incumbencia en la materia y representantes de ONG de derechos humanos con ámbito de actuación en la provincia.
Resta definir si funcionará en el ámbito de la Asesoría de Incapaces o en otra área.
En este sentido, la Asesora de Incapaces, Mirta Lapad hizo notar a los legisladores que a nivel nacional el órgano de revisión de salud mental funciona en el Ministerio Público.
Como antecedente local citó a la Curaduría Oficial, creada por la Asesoría de Incapaces para asistir pacientes mentales y a sus familiares.
Durante el encuentro, además, se planteó que la ley nacional preveía que el 10% del presupuesto de salud debía destinarse a salud mental y hoy solo se recibe un 1,3%, que es insuficiente para las necesidades existentes.