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VIDEO. “Solo soy intermediaria”, dijo Orozco por el escándalo de planes sociales

La concejal de Rosario de la Frontera afirmó que una cooperativa de Buenos Aires cobra un aporte “voluntario” a los socios que trabajan como beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
Martes, 31 de mayo de 2022 13:25

El manejo de los planes sociales y el direccionamiento bajo discreción política de sus beneficiarios sigue siendo la punta del escándalo instalado en Rosario de la Frontera a partir de un audio que se difundió en los últimos días donde la concejal Valeria Orozco reclama una retribución a la madre de un joven que accedió a un plan Potenciar Trabajo. 
El reciente escándalo recuerda a otros como el de los concejales que gestionaron el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el de funcionarios que se quedaban con el 20% de los salarios de trabajadores de Anses y del PAMI para destinarlos a la organización política ultrakirchnerista, La Cámpora.
Para el caso de Rosario de la Frontera, la concejal Orozco intentó ayer una justificación para eludir la sospecha sobre la retención de dinero de los trabajadores que acceden a un plan social.
Tras quedar envuelta en el escándalo por el audio en el que pide que un beneficiario de un plan social le pague mil pesos por una deuda de dos meses de “contribuciones”, la edil dijo que solo es “intermediaria” y que “bajo ningún punto de vista” ella se queda con el dinero.
En una entrevista a un medio radial la edil aseguró que hace un tiempo se contactó a un conocido de Buenos Aires para que consiguiera planes Potenciar Trabajo para ciudadanos de Rosario de la Frontera. Sostuvo que varias personas obtuvieron el beneficio luego de esa gestión y que los incluyeron “en una cooperativa” a la cual ahora deben pagarle “una cuota”.
Manifestó que ella no es parte de la cooperativa, pero admitió que se encarga de “controlar” a los beneficiarios del plan que quedaron dentro de esa organización y dijo que, por eso, le había pedido a un joven que está atrasado con el aporte que se ponga al día.

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El manejo de los planes sociales y el direccionamiento bajo discreción política de sus beneficiarios sigue siendo la punta del escándalo instalado en Rosario de la Frontera a partir de un audio que se difundió en los últimos días donde la concejal Valeria Orozco reclama una retribución a la madre de un joven que accedió a un plan Potenciar Trabajo. 
El reciente escándalo recuerda a otros como el de los concejales que gestionaron el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el de funcionarios que se quedaban con el 20% de los salarios de trabajadores de Anses y del PAMI para destinarlos a la organización política ultrakirchnerista, La Cámpora.
Para el caso de Rosario de la Frontera, la concejal Orozco intentó ayer una justificación para eludir la sospecha sobre la retención de dinero de los trabajadores que acceden a un plan social.
Tras quedar envuelta en el escándalo por el audio en el que pide que un beneficiario de un plan social le pague mil pesos por una deuda de dos meses de “contribuciones”, la edil dijo que solo es “intermediaria” y que “bajo ningún punto de vista” ella se queda con el dinero.
En una entrevista a un medio radial la edil aseguró que hace un tiempo se contactó a un conocido de Buenos Aires para que consiguiera planes Potenciar Trabajo para ciudadanos de Rosario de la Frontera. Sostuvo que varias personas obtuvieron el beneficio luego de esa gestión y que los incluyeron “en una cooperativa” a la cual ahora deben pagarle “una cuota”.
Manifestó que ella no es parte de la cooperativa, pero admitió que se encarga de “controlar” a los beneficiarios del plan que quedaron dentro de esa organización y dijo que, por eso, le había pedido a un joven que está atrasado con el aporte que se ponga al día.

En su confuso descargo, Orozco argumentó que la gestión de los planes se concretó a través de la conexión “con un sobrino de un amigo de la ciudad de Buenos Aries que tiene una cooperativa. Le pedí si podía conseguir planes Potenciar para Rosario de la Frontera; me hizo la gauchada y son 35 las personas que entraron”, aseguró.
Luego expresó que “lamentablemente este amigo ya falleció”, pero aseguró que los beneficiarios quedaron dentro de la cooperativa “Villa Mónica” y que desde esa organización se cobra “un aporte voluntario” a los socios para afrontar los gastos de mantenimiento. No obstante, y de acuerdo a sus propias declaraciones en el audio, Orozco utilizó un modo imperativo para pedir que el joven se ponga al día con las contribuciones.
La concejal le requería a la madre del joven beneficiario mil pesos. Su mensaje decía: “Hola Gladis... ¿cómo va? Yo no tengo comunicación con tu hijo, pero por favor... creo que ellos están cobrando el mes de febrero el viernes que viene”. Agregaba: “Ellos deben contribuir con la asociación con 500 pesos... Yo no les cobré el mes anterior porque quería asegurarme de que vuelvan a cobrar, porque entonces tu hijo ya me tendría que dar mil pesos”.
La edil argumentó en su declaraciones a la prensa que “cuándo yo hablo a la señora Gladis es porque el chico estaba demorado en ese aporte, donde yo simplemente soy intermediaria y colaboradora de esta cooperativa porque su presidente vive en la Ciudad de Buenos Aires. Inclusive él me pidió que haga el control de los chicos, que hoy están trabajando en las escuelas”.
Enfatizó en que no hay una denuncia penal por el tema.

Tarea de una edil

La concejal del Frente Plural de Rosario de la Frontera, Valeria Orozco, insistió en que ella no se queda con el dinero de los trabajadores, pero no explicó qué tiene que ver con su función de legisladora, la tarea de “controlar” a trabajadores de una cooperativa o pedirles a beneficiarios de planes sociales que le paguen a esta cooperativa. Bajo esa definición, la figura de intermediaria queda bajo fuerte sospecha.

La otra maniobra que llegó a la Justicia Federal 

En los audios que se difundieron la edil le recuerda a un joven que recibe el plan Potenciar Trabajo que debe dos cuotas, con lo cual queda sospechada de participar de una maniobra ya conocida: ayudar a gestionar planes sociales y luego pedir a los beneficiarios que le hagan “una retribución” a cambio.


El caso, con sus diferencias y particularidades, resulta muy similar a otro escándalo de proporciones que salió a la luz, cuando los extitulares de la Anses y el PAMI en Salta, Marcos Vera y Verónica Molina, fueron denunciados por trabajadores. Ambos quedaron imputados por la Justicia Federal acusados por la retención indebida de los salarios de empleados de esas reparticiones a los cuales les retenían el 20% destinado a la organización política La Cámpora.
La Justicia Federal también los acusó de desviar donaciones para los jubilados. Los dirigentes de La Cámpora en Salta se negaron a declarar en principio, pero la Justicia avanzó con las pruebas. 
 La polémica causa se inició el 26 de marzo del año pasado, cuando una persona, que solicitó reserva sobre su identidad, presentó en la fiscalía capturas de pantalla y audios de WhatsApp en los que Vera, en aquel entonces titular de Anses, y Molina solicitaban el cobro de “aportes” a las personas designadas en las distintas dependencias del PAMI. La persona que presentó las pruebas expresó que Vera era secretario general de La Cámpora y secretario de “adoctrinamiento” de la comisión de acción política del Partido Justicialista del distrito Salta y que en virtud de ello, y valiéndose de su cargo y puesto político, les retenía el sueldo a funcionarios que la organización había ayudado a entrar a trabajar
 

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