El fiscal penal con jurisdicción en Salvador Mazza, Armando Cazón, giró las actuaciones por supuestos sobres irregulares en el VOVE de esta localidad al Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta.
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El fiscal penal con jurisdicción en Salvador Mazza, Armando Cazón, giró las actuaciones por supuestos sobres irregulares en el VOVE de esta localidad al Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta.
Cabe señalar que la denuncia fue interpuesta por el interventor de la ciudad fronteriza, Adrián Zigarán, una vez que recibió las evidencias que le había acercado el periodista Raúl Costes.
Las denuncia gira en torno de supuestas irregularidades en el manejo del dinero, por parte del personal del VOVE, el puesto de recaudación de tasas municipales ubicado en la entrada sur de la localidad.
La denuncia penal fue formalizada el mes anterior en base a sólidos elementos que le aportó Costes a la actual intervención donde se lee y se escucha, en mensajes que se enviaban los empleados del VOVE, la manera en que estos cobraban prebendas a los camioneros.
Esos montos eran para permitirles el paso sin que abonen la tasa de Actividades Económicas que va del 2 al 6% del valor de la carga transportada.
Por ejemplo, si un equipo cargado con cerveza argentina- uno de los productos que más se exportan a Bolivia está valuado en 5 millones de pesos, en el VOVE deberían quedar varios miles de pesos por los impuestos previstos.
Al parecer los empleados infieles les "hacían precio" a los camioneros que transportaban todo tipo de carga para después repartírselo entre ellos.
Periodista amenazado
La difusión de la denuncia de Zigarán en la que menciona a Costes como su fuente informativa generó el enojo del comunicador, quien asegura haber recibido amenazas de muerte que lo obligaron a dejar su oficio, pero sobre las cuales no formalizó ninguna denuncia al menos hasta el momento. Costes se presentó la semana anterior en el Concejo Deliberante e informó que unos desconocidos hasta le habían hecho un disparo con arma de fuego al aire cuando estaba con uno de sus hijos, pero no quiso denunciar el hecho y la Justicia tampoco investigó de oficio un incidente de tanta gravedad.
La denuncia de Zigarán aportando audios y conversaciones de WhatsApp a las que había accedido primero Costes y que entregó al interventor fueron presentadas a Cazón, quien en el transcurso de las últimas semanas llamó tanto a Zigarán como al comunicador a ratificar sus dichos.
A partir de ahí, según lo confirmó a El Tribuno el agente fiscal, giró las actuaciones para que sean investigadas por el CIF. De hecho, si bien no se trata de un delito complejo el que el cuerpo de investigaciones forenses debe investigar -se trataría de coimas de un grupo de empleados y nada más-, se entiende la postura de Cazón porque la frontera no deja de ser una zona peligrosa en la que muchos conocen lo que pasa pero pocos se animan a hablar o investigar.
El único en su tipo en todo el país
El VOVE es el puesto de control ubicado en el paraje El Arenal, sobre la ruta nacional 34, y se ocupa de cobrar una tasa municipal -el único municipio de frontera que lo cobra es Salvador Mazza- donde las unidades de transporte que llegan a la localidad para cruzar por el paso internacional a Pocitos o descargar en la propia localidad, deben abonar un porcentaje sobre el valor total de la carga que transportan.
La misma tasa de Actividades Económicas la abonan los exportadores con residencia en Salvador Mazza, pero, a diferencia del resto, que abona el 6%, solo tributan el 2%. Esta suerte de impuesto municipal comenzó a cobrarse hace más de 20 años cuando la intendencia la ocupaba Francisco Ibáñez, quien vio la opción de aumentar de manera exponencial la recaudación genuina.
La Provincia nunca objetó ese ni ningún otro cobro que se le hacía a las unidades de transporte internacionales a las que, durante la epidemia de dengue que hizo eclosión en el norte, se le llegó a cobrar una tasa "de higiene y salubridad", que era casi un chiste: en otro puesto anterior al actual VOVE ubicado a la vera del río Caraparí, que divide los municipios de Salvador Mazza y Aguaray, con una manguera, empleados municipales rociaban las cubiertas de los camiones supuestamente con un líquido desinfectante para evitar la proliferación de la enfermedad, para justificar el cobro de esa tasa municipal.
Ibáñez fue sucedido por el actual concejal Carlos Villalba, quien fue intervenido por un sonado caso de trata de personas. A Villalba le siguió Méndez, que también fue intervenido acusado de graves delitos económicos, pero todos siguieron con esa misma práctica de cobrar ese impuesto municipal en el VOVE que continuó inalterable después que Méndez tuvo que dejar el cargo.
Datos del caso sustanciado contra Méndez
El VOVE fue uno de los puntos por los cuales la Justicia Federal sostuvo su acusación por peculado, falta a los deberes de funcionario público, asociación ilícita, entre otros cargos, contra el exintendente de la localidad fronteriza Rubén Méndez.
En septiembre de 2021 un sorpresivo operativo que se materializó en alrededor de 18 allanamientos simultáneos ordenado por la fiscal de delitos complejos Ana Inés Salinas Odorisio, determinó que Méndez supuestamente se quedaba con recursos que no entraban a las arcas municipales y que precisamente provenían de esa boca de recaudación.
En ese momento era de alrededor de 2 millones de pesos diarios, pero actualmente el monto se duplicó como consecuencia de la inflación, ya que la tasa que se percibe sigue siendo la misma.
El sonado caso contra el entonces intendente Méndez siempre tuvo algunos grises, porque más allá de las gravísimas acusaciones contra el exjefe comunal, su secretario de Hacienda y otros funcionarios, la Fiscalía actuante nunca ordenó la detención de ninguno de los involucrados, a pesar de haberse descubierto en disitntos domicilios ingentes cantidades de dinero y varios vehículos de alta gama.
Las imágenes del procedimiento realizado en septiembre pasado, y que fueron viralizadas por los propios investigadores, ya que no se permitía el acceso de la prensa ni de ningún particular en los lugares allanados- mostraban la impresionante cantidad de dinero en efectivo que se le secuestró a Méndez, tanto en moneda nacional como extranjera. Solo en dólares estadounidenses se le encontraron más de 700 mil, sumado a millones de pesos argentinos, euros, pesos bolivianos, varios kilos de oro y cuatro vehículos importados.
Mismo puesto, mismas sospechas
La mayor sospecha contra Méndez sobrevino por la forma que en el VOVE, el personal a cargo, manejaba los millones que se recaudaban diariamente y que pagaba el centenar de camiones que diariamente cruzan la frontera entre Argentina y Bolivia.
El puesto estaba a cargo de un familiar directo del exintendente. La recaudación se hacía -se sigue haciendo- de contado. Una vez que el encargado realiza el arqueo, lo lleva a Tesorería, donde se le extiende un recibo.
El puesto funciona las 24 horas y la mayor acusación a Méndez era que mucho de ese dinero iba a su bolsillo en lugar de ir a la Tesorería del municipio. A pesar de la espectacularidad de los allanamientos, la Justicia nunca se expidió sobre la causa que involucra al exintendente ni a sus funcionarios, algunos de los cuales fueron designados en otras áreas de gobierno de la provincia o siguen trabajando en la comuna.
CORRESPONSALÍA TARTAGAL