La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con mayoría conservadora y el concurso decisivo de tres magistrados designados por Donald Trump, que revocó la jurisprudencia establecida en 1973 en el fallo Roe vs. Wade y restableció el derecho de los estados a legislar sobre la cuestión del aborto, constituyó un punto de inflexión que convirtió a las elecciones legislativas de noviembre en un hito crucial en el conflicto que enfrenta a conservadores y progresistas en la sociedad norteamericana.
Esa transferencia de la responsabilidad de legislar sobre el aborto reabrió el debate en cada uno de los cincuenta estados. La mitad, en su totalidad gobernados por el Partido Republicano, tienen o se aprestan a sancionar una normativa fuertemente restrictiva, que en algunos casos rozan la prohibición absoluta. El resto está dividido entre aquellos estados sumidos en una discusión de incierto final y otro puñado que agrupa a gobiernos demócratas, liderados por California y Nueva York, erigidos en baluartes de la legalización. Es altamente probable que en noviembre el asunto sea sometido a una consulta popular en varios estados.
Pero la confrontación adquirió una dimensión mayor cuando el presidente Joe Biden, que en principio tenía perdidas las elecciones de medio término por la caída de su imagen personal y los problemas derivados de la inflación, resolvió convertir el tema en un eje de la campaña electoral, hasta el extremo de que sus partidarios insinúan que un Congreso con mayoría demócrata podría ampliar el número de miembros de la Corte Suprema y designar magistrados progresistas que darían marcha atrás con la flamante jurisprudencia.
La conmemoración del primer aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 disparó un interrogante inimaginable hasta hace poco tiempo. La comentarista Michelle Goldberg lo sintetizó en el título de un artículo en The New York Times: “¿Estamos realmente ante una segunda guerra civil?”. Barbara Walter, autora de “Cómo se inician las guerras civiles y cómo detenerlas”, sostiene que “estamos más cerca de la guerra civil de lo que cualquiera de nosotros pudiera creer”.
Pero Walter no es una voz solitaria. El novelista canadiense Stephen Marche, autor de “La próxima guerra civil. Informes desde el futuro de América”, señaló: “La próxima guerra civil en EEUU ya está aquí y el país se niega a verla”. A modo de premonición, la convención del Partido Republicano de Texas, que insiste en desconocer la legitimidad del triunfo de Biden, resolvió impulsar la realización de un referéndum para que la ciudadanía vote a favor o en contra de la separación de Estados Unidos.
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La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con mayoría conservadora y el concurso decisivo de tres magistrados designados por Donald Trump, que revocó la jurisprudencia establecida en 1973 en el fallo Roe vs. Wade y restableció el derecho de los estados a legislar sobre la cuestión del aborto, constituyó un punto de inflexión que convirtió a las elecciones legislativas de noviembre en un hito crucial en el conflicto que enfrenta a conservadores y progresistas en la sociedad norteamericana.
Esa transferencia de la responsabilidad de legislar sobre el aborto reabrió el debate en cada uno de los cincuenta estados. La mitad, en su totalidad gobernados por el Partido Republicano, tienen o se aprestan a sancionar una normativa fuertemente restrictiva, que en algunos casos rozan la prohibición absoluta. El resto está dividido entre aquellos estados sumidos en una discusión de incierto final y otro puñado que agrupa a gobiernos demócratas, liderados por California y Nueva York, erigidos en baluartes de la legalización. Es altamente probable que en noviembre el asunto sea sometido a una consulta popular en varios estados.
Pero la confrontación adquirió una dimensión mayor cuando el presidente Joe Biden, que en principio tenía perdidas las elecciones de medio término por la caída de su imagen personal y los problemas derivados de la inflación, resolvió convertir el tema en un eje de la campaña electoral, hasta el extremo de que sus partidarios insinúan que un Congreso con mayoría demócrata podría ampliar el número de miembros de la Corte Suprema y designar magistrados progresistas que darían marcha atrás con la flamante jurisprudencia.
La conmemoración del primer aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 disparó un interrogante inimaginable hasta hace poco tiempo. La comentarista Michelle Goldberg lo sintetizó en el título de un artículo en The New York Times: “¿Estamos realmente ante una segunda guerra civil?”. Barbara Walter, autora de “Cómo se inician las guerras civiles y cómo detenerlas”, sostiene que “estamos más cerca de la guerra civil de lo que cualquiera de nosotros pudiera creer”.
Pero Walter no es una voz solitaria. El novelista canadiense Stephen Marche, autor de “La próxima guerra civil. Informes desde el futuro de América”, señaló: “La próxima guerra civil en EEUU ya está aquí y el país se niega a verla”. A modo de premonición, la convención del Partido Republicano de Texas, que insiste en desconocer la legitimidad del triunfo de Biden, resolvió impulsar la realización de un referéndum para que la ciudadanía vote a favor o en contra de la separación de Estados Unidos.
Olor a pólvora
En Estados Unidos están en circulación 393 millones de pistolas y rifles entre sus 329 millones de habitantes. La Asociación Nacional del Rifle es la organización gubernamental de mayor cantidad de asociados. Centenares de grupos ultraconservadores con activa presencia en las redes sociales reivindican su derecho a la portación de armas, que acaba de ser reforzado por otro fallo de la Corte Suprema, y no rehusan el uso de la violencia. Para las agencias de inteligencia estas células son la mayor amenaza a la seguridad interior, por encima incluso del terrorismo islámico.
Estados Unidos tiene en su historial el asesinato de cuatro presidentes y es escenario de frecuentes matanzas colectivas perpetradas por “lobos solitarios”. Pero existe un desequilibrio entre los dos bandos enfrentados, que no solo expresan visiones antagónicas sino amplios sectores de la sociedad: los conservadores, mayoritarios en la población WASP (blanca, anglosajona, protestante), cuentan con milicias armadas.
Los progresistas, cuya base de sustentación reside en las activas minorías de una sociedad crecientemente diversificada, tienen una importante capacidad de movilización, reflejada en la masividad de las demostraciones de protesta de los afroamericanos, los hispanos, el movimiento feminista y el colectivo LGTB, pero carecen de fuerzas de choque de envergadura. Esto quedó exhibido apenas finalizado el escrutinio de las elecciones de noviembre de 2016, cuando decenas de miles de manifestantes inundaron las calles para repudiar la victoria de Trump, en la primera movilización contra un mandatario recién electo realizada aún antes de su asunción.
Los demócratas denuncian que Trump presiona a los mandatarios republicanos de Georgia, Arizona, Pensilvania y Wisconsin, cuatro estados oscilantes que por una escasa diferencia de votos pueden volcar la balanza en el Colegio Electoral, para designar a funcionarios adictos en los organismos que tienen a su cargo la organización y fiscalización de los comicios, para limitar el voto por correo y aumentar las trabas burocráticas para la inscripción en los registros de las minorías hispana y afroamericana.
Pero la mayor preocupación entre los demócratas es el temor a que, de volver a postularse y ser otra vez derrotado, Trump desconozca el resultado y convoque a la resistencia civil, y que esa postura sea legitimada por los funcionarios electorales de esos estados, lo que generaría una fractura similar a la protagonizada en 1861 por los estados del Sur que dio comienzo a la guerra civil. Una medición de The Washington Post y la Universidad de Maryland consignó que el 62% de los consultados estimaba que el bando perdedor no reconocerá al triunfador de la próxima elección presidencial.
Habría entonces dos presidentes proclamados y la decisión final recaería en una Corte Suprema de Justicia de mayoría conservadora.
Esperando el 2024
Para los demócratas la estructura institucional estadounidense enfrenta también una crisis de representación. Según un estudio de la Universidad de Virginia sobre las proyecciones del censo poblacional, en 2040 la mitad de la población vivirá en ocho estados, en tanto que los estados que sólo tienen el 30% controlarán el 68% del Senado. Esa distribución otorgaría una enorme ventaja a los votantes blancos y sin estudios universitarios. En un futuro cercano un candidato demócrata podría ganar la elección presidencial por el voto popular por varios millones de votos y aún así perderla el Colegio Electoral.
En realidad esa situación ya ocurrió en dos oportunidades: en 2000 con la primera elección de George Bush (Jr.) sobre Al Gore y en 2016 con Trump frente a Hillary Clinton. La diferencia estriba en que en aquel entonces la polarización de la sociedad norteamericana todavía no había llegado al punto de ebullición en que se encuentra hoy, mientras que ahora puede desatar un rechazo no solo a la legalidad de los procedimientos sino a la misma legitimidad del sistema.
Una encuesta del Instituto Zogby Analytcs advierte que el 46% de los estadounidenses ven “probable” una guerra civil, mientras que el 11% “no están seguros” y el 43% la considera “improbable”. Un sondeo más estremecedor, publicado en enero pasado por The Washington Post, indica que el 34% de los consultados creía que en determinadas circunstancias la violencia contra el gobierno podría estar justificada.
En un análisis sobre el asalto al Capitolio, los generales retirados Paul Eaton, Antonio Taguba y Steven Anderson revelaron que “hubo un número perturbador de veteranos y miembros en actividad del Ejército que formaron parte del ataque”, manifestaron su preocupación “sobre las postrimerías de la elección presidencial de 2024 y su potencial caos letal en el Ejército” y plantearon el peligro de “una ruptura total de la cadena de mando en base a líneas partidistas”.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico