Entre el 18 y el 25 de junio de 1975, nueve meses antes del golpe de Estado, una serie de allanamientos y detenciones ilegales desataron un infierno de torturas en Salta. Por esas violaciones de derechos humanos, que fueron la raíz de otros crímenes de lesa humanidad como la Masacre de Palomitas, el juez Federal N§ 1 de Salta, Julio Bavio, acaba de procesar al comisario retirado Joaquín Guil, de 85 años; a un exagente del Servicio Penitenciario de la Provincia, Juan Carlos Alzugaray (74), y a dos militares en retiro, Virtom Modesto Mendíaz (89) y Luis Dubois (82).
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Entre el 18 y el 25 de junio de 1975, nueve meses antes del golpe de Estado, una serie de allanamientos y detenciones ilegales desataron un infierno de torturas en Salta. Por esas violaciones de derechos humanos, que fueron la raíz de otros crímenes de lesa humanidad como la Masacre de Palomitas, el juez Federal N§ 1 de Salta, Julio Bavio, acaba de procesar al comisario retirado Joaquín Guil, de 85 años; a un exagente del Servicio Penitenciario de la Provincia, Juan Carlos Alzugaray (74), y a dos militares en retiro, Virtom Modesto Mendíaz (89) y Luis Dubois (82).
El expediente tiene estremecedores testimonios de las torturas que sufrieron decenas de presas y presos políticos, incluidas varias víctimas de la Masacre de Palomitas, en la delegación salteña de la Policía Federal Argentina, el Hogar del Buen Pastor, el penal de Villa Las Rosas y otras instituciones a las que el terrorismo de Estado convirtió en atroces centros de reclusión.
Los cuatro procesados enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos en diversos hechos. Sobre algunos de ellos, por las posiciones de mando que ejercieron en los allanamientos y las detenciones ilegales, pesan agravantes de abuso funcional.
Mendíaz (coronel que sucedió a su par Miguel Raúl Gentil como jefe militar de la Policía de Salta), Guil (comisario general que se desempeñó como director de Seguridad) y Alzugaray (a quien más de una víctima acusó por torturas aplicadas en la delegación salteña de la Policía Federal y responsable de otras graves violaciones de derechos humanos en el penal de Villa Las Rosas) mantendrán la prisión domiciliaria que cumplen por otras causas.
En la misma situación permanecerá hasta el juicio Dubois, un coronel retirado que llegó a integrar la plana mayor del Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 141.
Por resolución del magistrado, Galvarino, comisario general retirado de la Policía Federal Argentina, mantendrá la libertad provisional de la que goza.
La causa tenía cinco imputados más. Uno de ellos, Roberto Rodolfo Arredes, comisario inspector general retirado de 92 años, que al momento de los hechos era director de Personal de la Policía de Salta, fue sobreseído por inimputabilidad.
Para los otros cuatro se dispuso la extinción de las acciones penales por muerte. Uno de esos imputados era el teniente coronel Miguel Ángel Gentil, quien falleció el 22 de julio de 2020. Gentil fue uno de los primeros militares que comandaron la Policía de Salta desde 1975, por una medida que adoptó el gobierno constitucional de María Estela Martínez, o Isabel Perón, como también se la conocía, en el marco del denominado Operativo Independencia.
En esta causa también estaba imputado Antonio Saravia, comisario principal retirado que falleció en septiembre de 2021. Cuando ocurrieron los hechos, Saravia era jefe del Departamento de Informaciones de la Policía de Salta.
También estaba acusado en la causa Francisco Gustavo Mosquera, conocido empresario y dirigente del fútbol a quien un detenido político, Juan Manuel Ovallo, señaló como uno de sus torturadores. Mosquera, fallecido el 22 de marzo de 2021, también había sido sindicado como presunto agente de inteligencia del Ejército.
Otro imputado era Roberto Mariano Galvarino, comisario general retirado de la Policía Federal Argentina recientemente fallecido.
Víctimas y testigos
En los procesamientos que dispuso el Juzgado Federal N§ 1 de Salta fueron gravitantes los testimonios ofrecidos por Mirtha Josefa Torres, Graciela López, Nora Leonard, Julia Beatriz García, Eduardo Tagliaferro, Mario Salazar, Javier Ovallo y otras víctimas de los delitos investigados en la causa. Sus declaraciones, además de exponer los tormentos que sufrieron en carne propia, rescataron de las sombras los martirios que padecieron otras presas y presos políticos. Algunas mujeres fueron torturadas hasta el extremo perder sus embarazos y después asesinadas tras ser "destruidas como personas". Así lo remarcó Graciela López al describir el suplicio que padeció una joven profesora de la UNSa, Georgina Droz, antes de ser acribillada la noche del 6 de julio de 1976, junto a otras cinco mujeres y cinco varones, en la brutal matanza de presas y presos políticos recordada como la Masacre de Palomitas.
“Las torturaban hasta destruirlas como personas”
Graciela Matilde López, una profesora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) que fue cesanteada en 1974 y sometida desde 1975 a un cautiverio de cinco años, ofreció uno de los testimonios que cimentaron los procesamientos que dictó el juez Julio Bavio.
López pasó sus primeros días de encierro ilegal en la delegación salteña de la Policía Federal, donde además de sufrir duros apremios fue testigo de las torturas que padeció Rodolfo Usinger. Recordó que sus padres presentaron un hábeas corpus ante el juez Ricardo Lona, por consejo del abogado Holver Martínez Borelli, exrector de la UNSa, pero al día siguiente apareció un decreto de la presidenta María Estela Martínez de Perón que la puso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Antes de ser recluida en el penal de Villa Las Rosas, López pasó un tiempo en el Hogar del Buen Pastor, donde conoció a otras mujeres detenidas por causas políticas. Hizo notar que allí estaban diferenciadas por niveles socioeconómicos. Aclaró que las presas más humildes compartían pabellones con reclusas comunes y eran las que peores maltratos recibían, mientras que otras -como en su caso- estaban en celdas individuales. Allí estuvo con Olga Plaza, una presa política a la que sometieron a “trabajos pesados” y torturaron “hasta hacerle perder su embarazo”.
Otra de sus compañeras de encierro fue Virginia Guzmán, una cordobesa que también había estado confinada en la Policía Federal. López recordó que allí a esa joven, menor de edad, le impusieron “verdaderos trabajos de esclava: la tenían encerrada sin poder ver a nadie, lo que la afectó en gran medida. Esa chica en una oportunidad se cortó las venas con hojas de afeitar. A raíz de eso la llevaron al Hogar del Buen Pastor y a partir de allí tuvo causa penal en el Juzgado de Lona”, reseñó López.
La testigo afirmó que otra detenida por causas políticas, Mirtha Torres, “había sido torturada por Guil y otros en la Policía provincial, aún estando embarazada”. Recordó que “junto a Olga Plaza había otra menor de edad, de nombre Luz del Socorro Moreira. También estaban Brígida de Torres y su hija, Lucía Torres, quien era menor, pero estaba casada”.
A mediados de 1977, López fue trasladada al penal de Villa Devoto, en Buenos Aires, donde a fines de septiembre de 1979 le dieron la libertad vigilada. Recién en mayo de 1980 dejó de ser una presa política, luego de más de cinco años de reclusión ilegal, y un año después se fue a vivir a México.
Masacrados en Palomitas
Las personas detenidas en junio de 1975 fueron recluidas en la Policía Federal. Las mujeres fueron llevadas de allí al Hogar del Buen Pastor, que funcionaba como cárcel, y después al penal de Villa Las Rosas. Allí, la noche del 6 de julio de 1976, seis de las personas detenidas un año antes fueron extraídas con el falso pretexto de un traslado a Córdoba. Evangelina Botta, María del Carmen Alonso, José Povolo, Roberto Oglietti, Celia Leonard y Benjamín Ávila terminaron acribillados junto a otras cinco personas.