La decisión del gobierno estadounidense de incluir en una lista de "personajes significativamente corruptos" al expresidente paraguayo Horacio Cartes constituyó una bomba política que detonó las luchas intestinas en la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, donde el exmandatario confronta con su sucesor, Mario Abdo Benítez, quien intenta desplazarlo de la conducción partidaria en las elecciones internas del próximo 18 de diciembre, una prueba de fuego para la contienda presidencial de 2023.
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La decisión del gobierno estadounidense de incluir en una lista de "personajes significativamente corruptos" al expresidente paraguayo Horacio Cartes constituyó una bomba política que detonó las luchas intestinas en la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, donde el exmandatario confronta con su sucesor, Mario Abdo Benítez, quien intenta desplazarlo de la conducción partidaria en las elecciones internas del próximo 18 de diciembre, una prueba de fuego para la contienda presidencial de 2023.
Un comunicado de prensa del Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, señaló que Cartes "obstruyó una investigación internacional de gran envergadura sobre crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a un cómplice no identificado". Según Blinken, "Cartes tendría participación documentada recientemente con organizaciones terroristas extranjeras". La medida, confirmada por el embajador norteamericano en Asunción, Marc Ostfield, abarca a los tres hijos del expresidente (Juan Pablo, Sofía y Sol) y conlleva sanciones de por vida, tales como la prohibición de ingresar en Estados Unidos y de realizar transacciones económicas en ese país.
Si bien la decisión constituye la coronación de prolongadas investigaciones previas, su difusión coincidió con la novedad de que la empresa Tabacalera del Este, propiedad de Cartes, quedara vinculada a los movimientos del avión de la compañía venezolano- iraní detenido por las autoridades argentinas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, que había transportado cigarrillos de esa empresa desde Paraguay a distintos países latinoamericanos. Esta conexión avaló las sospechas anteriores sobre el involucramiento del expresidente en algunas operaciones de lavado de dinero que tienen como asiento principal Ciudad del Este, un punto estratégico de la triple frontera que une a Paraguay con Brasil y la Argentina.
Previamente al anuncio de Washington, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió un informe a la Fiscalía sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucraría a Cartes y a algunos de sus familiares y allegados, quienes según esa pesquisa "entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos". El grupo Cartes contestó que la denuncia demostraba la "manipulación de los organismos de control del Estado por parte del actual gobierno, con claros fines de persecución política y empresaria".
Esquirlas del escándalo
El informe de la Seprelad hizo que el escándalo impactara sobre la fiscal general, Sandra Quiñones, relacionada con Cartes, acusada de no haber investigado al ex jefe de Estado pese a las múltiples denuncias en su contra. Efraín Alegre, jefe del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de oposición, quien en el pasado acusó a Cartes de vinculaciones con la mafia, señaló que Quiñones "se tiene que ir, tiene que renunciar, y si no renuncia se la tiene que echar".
Ostfield, a quien los medios diplomáticos en Asunción acreditan como allegado a Benítez, sostuvo que "estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay". Destacó también que "hay una pérdida de fe en las instituciones democráticas. La lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado son claves para proteger a las instituciones y la democracia".
Honor Colorado, la corriente interna partidaria que responde a Cartes, rechazó las declaraciones del embajador estadounidense. Recalcó también que "lamentamos que un relato tergiversado y la manipulación de instituciones el Estado por parte del actual gobierno del Paraguay y sus aliados pudieran ser insumos para esta posición expresada en la embajada". Consignó, asimismo, que el sector seguirá adelante con su campaña para confrontar con Fuerza Republicana, la línea auspiciada por Benítez, en las elecciones partidarias de diciembre.
En diciembre de 2019, en el marco de la investigación anticorrupción conocida como "Lava Jato", el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro presentó una denuncia contra Cartes por el delito de "asociación criminal". La imputación obedeció a que uno de sus socios comerciales, el cambista brasileño Dario Messer, fue acusado de integrar una "organización especializada en el lavado de dinero y otros crímenes" que operaba en Brasil, Paraguay y Uruguay desde el año 2000. Messer, quien estuvo prófugo durante catorce meses antes de ser detenido en San Pablo, fue considerado el jefe de esa red de lavado y la Fiscalía sostuvo que, por intermedio de un amigo común, Cartes lo ayudó con una transferencia de 500.000 dólares para "gastos jurídicos". El fiscal brasileño puntualizó que "la participación de Paraguay está bastante clara, como mínimo como alguien que financió una organización delictiva en un determinado momento". La investigación comprobó que la organización de Messer en Paraguay ocultó grandes sumas de dinero y financió su fuga. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil anuló un pedido de prisión preventiva contra Cartes, por considerar que el acusado era senador y gozaba de fueros parlamentarios
Sin embargo, esa condición está impugnada legalmente, nunca fue oficializada por el cuerpo legislativo y aún hoy se encuentra en medio de un controvertido trámite judicial.
Final abierto
Cartes ya tenía antecedentes judiciales previos a su asunción a la presidencia. En 1986 estuvo diez días en la cárcel por una investigación sobre fraude de divisas, en un caso que finalmente fue desestimado. En 1989 volvió a ser encarcelado por el mismo cargo y luego de siete meses resultó absuelto por el tribunal. En el 2000 la policía antidrogas incautó en un campo de Cartes un avión que transportaba cocaína y marihuana. El dueño de la propiedad señaló que la aeronave no era suya y solo había realizado un aterrizaje de emergencia. Otra investigación estadounidense de ese mismo año sindicó al Banco Amambay, propiedad de Cartes, como parte de una maniobra de lavado de dinero. Una denuncia similar apareció en 2010 en un cable clasificado de la DEA, revelado en el WikiLeaks.
Ninguno de esos antecedentes impidió que Cartes ganara las elecciones en 2013, gobernara hasta 2018 y que por su control sobre la estructura del Partido Colorado sea todavía uno de los personajes más influyentes de la política paraguaya. Pero en las actuales condiciones el frente opositor de centro izquierda, cuya columna vertebral es el PRLA liderado por Alegre, siente que puede vencer en las elecciones de 2023 y destronar al Partido Colorado, que permanece en el poder desde 1947, salvo el interregno entre 2008 y 2012, cuando gobernó el exobispo Fernando Lugo, destituido entonces por un juicio político. Precisamente Lugo, actual titular del Senado, asoma como el candidato más competitivo de esa coalición opositora.
La paradoja reside en que, pese a los inconvenientes derivados de la pandemia, la economía paraguaya aparece hoy como una de las más prósperas de la región. Esa es la carta de triunfo del oficialismo, que seguramente enarbolará el fantasma del izquierdismo de Lugo para compensar el creciente desprestigio originado en esa imagen de corrupción gubernamental incrementada en los últimos años.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico