Un proyecto que es insalvable

Ningún proyecto de ley para protección de humedales debería ser ni siquiera tratado en comisiones, simplemente porque ya existe amplia legislación y jurisprudencia en el país para proteger el agua como bien público y como derecho humano.

Sancionar el mejor de los proyectos, diga lo que diga, solo va a servir para facilitar la intromisión del Gobierno nacional en las atribuciones inherentes a las provincias en un país federal. Y esa intromisión no tendría efectos neutros, sino perjudiciales. Concretamente, daría lugar a manejos burocráticos, habitualmente extorsivos, a partir de la creación de nuevas "cajas políticas", multimillonarias, que solo beneficiarían a las elites privilegiadas del clientelismo político.

Iniciativas de esta índole fracasaron en los últimos años. Sin embargo, ahora las exhumaron con diez proyectos en la Cámara de Diputados, ninguno de los cuales resuelve el problema central: la ambigüedad insalvable que permite considerar como "humedal" a los salares de la Puna. Una nueva ley solo serviría para obstruir el desarrollo productivo del país.

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras".

Uno de los diez proyectos que se debatirán el jueves en comisiones, presentado por el diputado radical correntino Jorge Alberto Vara, cita la opinión de la constitucionalista María Angélica Gelli, quien advierte que "… del peligro del saqueamiento de la naturaleza puede derivarse otro peligro, al propiciarse un tipo de resguardo ambiental en lucha con la innovación tecnológica, que acrecienta el desempleo y estructura y favorece una ideología de sometimiento de las sociedades pobres…". Este dilema, que el texto de Vara no resuelve, a pesar de la cita, fue "claramente advertido en el seno de la convención constituyente de 1994", afirma la doctora Gelli. Y también recuerda que los artículos 121 y 124 establecen que "… corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio…".

Toda ley de presupuestos mínimos (sea de humedales, de bosques o de cualquier otro tema) es un atropello al concepto de federalismo, porque esos presupuestos mínimos están establecidos en la Constitución, y también en la Ley General del Ambiente N° 25.675, sancionada en 2002 para garantizar "la implementación del desarrollo sustentable".

En 2007 el proyecto de presupuestos mínimos para proteger el bosque nativo –la "ley Bonasso"- fue rechazado por la mayoría de los legisladores del Norte Grande, aunque no alcanzaron los votos para frenar lo que imponía el poder central. El Senado redactó otro proyecto, muy mejorado, el texto final resultó mucho más favorable, pero el daño estaba hecho: el ordenamiento territorial decretado por Juan Manuel Urtubey volvió a ese mandato externo y dejó la decisión de cuáles debían ser las áreas protegidas a cargo de un equipo ideológico, ignorando la opinión del sector productivo. Como balance, quince años después, hay menos bosques y más pobreza en Salta, porque la desertización no proviene de la producción agroganadera sino del abandono del Estado.

Un año después, el 30 de diciembre de 2008, en la Corte Suprema de Justicia prohibió la tala de bosques en el norte salteño cuando le llegó el caso Dino Salas. Tres años más tarde, la misma Corte se declaró incompetente para entender en un conflicto ambiental que no trascendía las fronteras de la provincia. Ambos casos muestran que la mera intromisión externa es nefasta.

Contradicciones

El pretexto de esta iniciativa del Frente de Todos para apurar una ley de humedales, aunque resulte difícil de asociar, son los incendios forestales. Con ley o sin ley, mientras que el Estado argentino no cuente con un sistema eficaz de seguridad contra estos siniestros, los incendios periódicos van a continuar, en todo el país y no solo en los esteros del Iberá.

Pero con esa ley se verán afectadas, una vez más, la producción agroganadera y la minería, que son las dos tablas de salvación que encuentra el país, sumergido en una crisis macroeconómica que requiere con urgencia aprovechar sus ventajas comparativas para enderezar un rumbo que perdió hace tiempo.

El caso de la minería muestra el alcance de la ambigüedad que genera cualquiera de los diez proyectos: el trazado nacional de mapa de humedales incluye inequívocamente los salares de la Puna. Parecería obvio, pero hay que señalar que, justamente, donde hay un salar no hay agua; ni siquiera es agua la salmuera que subyace, con una salinidad diez veces mayor que el agua de mar.

Una intromisión que desaliente la inversión minera en un momento crucial, cuando el cobre, el oro y el litio pueden motorizar el desarrollo tecnológico e industrial de nuestra región nos propinaría un golpe tan absurdo como destructivo.

En este punto vale señalar la escasa credibilidad que genera la voluntad ambientalista de los gobernantes. La designación de funcionarios sin idoneidad y la subordinación de la inversión productiva a modas ambientales indica desconocimiento del mundo actual.

La ley de humedales contra la producción en el Norte Grande se está debatiendo a pocas cuadras del Riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo, y del conurbano bonaerense, donde además de pagar el servicio de Aguas Argentinas, por recomendación médica las familias deben poner filtros potabilizadores o compran agua envasada.

Como un síntoma, este proyecto ocupa la agenda parlamentaria en la semana en que el país se quedó sin producción de cubiertas y empieza a suspender la producción automotriz. Todo por la exigencia de un sindicato que ha optado por la violencia: ocupar un piso del Ministerio de Trabajo y bloquear a las fábricas de neumáticos. Todo ilegal. Es justamente el síntoma de un país que, día a día, destruye lo que tiene, multiplica el desempleo y la pobreza, y tiene una dirigencia definitivamente desinteresada por la gente y mareada por ideologismos que solo pueden conducirnos al desastre.

 

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