El gran dilema del ministro Massa

El Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de ley de Presupuesto 2023 con una meta de inflación interanual a diciembre 2023 del 60%. Analizando los datos de inflación de los últimos meses de este año y sin conocer un plan económico, ni siquiera para bajar la inflación, podemos afirmar que la estimación está totalmente desconectada de la realidad.

No es la única desconexión: día a día crece la impresión de que las tres cabezas del oficialismo, el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner y el "superministro" Sergio Massa funcionan cada una por su cuenta. Esto se observa, especialmente, por la demasiado tibia reacción frente a la violencia gremial que paralizó el martes a tres fábricas de neumáticos y a dos automotrices.

El "efecto cascada" de esta crisis es previsible y la solución de recurrir a la importación de neumáticos, una utopía que, además, debilita a la industria nacional y destruye el sueño kirchnerista de "vivir con lo nuestro".

Pero para entender este escenario, además de considerar la fragilidad política del Gobierno hay que analizar la crisis macroeconómica.

Inflación subestimada

En agosto/2022 la inflación mensual fue del 7% con una proyección anual de tres cifras, muy por encima de lo estimado en el Presupuesto 2022 (que no se aprobó) y parece que el próximo año seguiremos con la misma metodología, es decir: calcular baja la inflación anual por varios objetivos, entre otros:

a) Renegociar los aumentos tarifarios y de sueldos en base a ese porcentaje.

b) Fijar las partidas presupuestarias de gastos y cómo se recaudará más, como consecuencia del aumento de la inflación le permitirá al Gobierno tener acceso a mayores ingresos no presupuestados para disponer de los mismos discrecionalmente.

c) Al tener mayores ingresos y gastos de alguna manera sin actualizar le permitirá al Poder Ejecutivo acercarse a la meta de disminuir el déficit fiscal comprometido con el FMI del 1,9% para el próximo año.

El actual esquema con inflación real superior a la presupuestada solo beneficia al Gobierno, pero no debe olvidarse el Ejecutivo que, por cada punto de inflación, muchos argentinos bajan a la línea de pobreza y otros a la indigencia.

La expectativa de alcanzar el 60% de inflación anual tendría razón de ser si bajaran los registros mensuales de la actual proyección 6-7% para este año al 4% mensual el próximo, pero esta tendencia será muy difícil de lograr con parámetros como: la tasa de interés por encima de la inflación, un dólar atrasado comparándolo con las cotizaciones financieras (el contado con liquidación por encima de los $300), disminución del crecimiento de la actividad económica, tarifas subsidiadas que deberán ajustarse a los verdaderos costos, pesos argentinos en bonos, títulos públicos y en bancos que por la alta tasa de interés se duplicaría el próximo año y restricciones a las importaciones que generaran incertidumbre respecto a los costos de reposición, entre lo más significativo.

Paradójicamente, en los Estados Unidos, preocupados por el aumento de los precios la FED (equivalente al Banco Central), aumentó la tasa de interés para que el crédito sea más caro con el objetivo de que la gente y las empresas no pidan prestado y gasten menos dinero para que se enfríe la economía y disminuya la inflación. En nuestro país, en cambio, aumentamos la tasa de interés para que quienes manejan grandes cantidades de dinero no compren dólares; así se logra que a la actividad económica le sea muy difícil acceder al crédito.

Actualmente el Gobierno está comprando divisas con el dólar soja a $200 y vendiendo a los importadores a $150, esto colapsa si no se toman medidas en el corto plazo con el precedente de las quejas de otros sectores exportadores que reclaman los mismos beneficios.

Analizando las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto Nacional 2023, que llegan a ser ridículas, pero permiten observar que el equipo económico no tiene claro si llegará a las elecciones del próximo año sin devaluar significativamente y sin ajuste fiscal.

Es interesante analizar los recientes resultados de la política cambiaria implementada hasta ahora con las exportaciones de un dólar oficial a $200 llamado dólar soja que le ha generado en 20 días de vigencia unos US$ 5.100 millones, cifra que superó las expectativas del equipo económico. Esto obliga a pensar que en Argentina los dólares están y que no es un problema de faltante sino que tenemos el valor oficial de la divisa muy bajo; es decir, se trata de un problema de precio.

Esta realidad obligaría al ministro Sergio Massa a mejorar el tipo de cambio lo más rápido posible y a efectivizar una devaluación para llevar todas las operaciones de comercio exterior a un valor uniforme tanto para todas las exportaciones como las importaciones que se traducirían en mayor inflación.

Ante las abultadas cifras que el Gobierno debió pagar por el llamado dólar turista o tarjeta por las compras en el exterior que ahora se llamaría dólar Qatar, y analizándose aumentar el impuesto sobre el valor de este y las importaciones, se impone con urgencia una actualización del tipo de cambio oficial.

Son varios los analistas y técnicos del equipo económico del Gobierno en recomendar una devaluación importante de nuestra moneda, ya el vice ministro Gabriel Rubinstein propuso llevar el dólar oficial a $200 y mantenerlo durante seis meses, congelando precios y salarios.

Otra propuesta planteada a Massa es la que realizó el inventor del dólar soja (cuya identidad no fue revelada) y que consiste principalmente en lo siguiente:

a) Devaluación importante por 180 días.

b) Actualización de los salarios para evitar que el congelamiento termine con una cristalización en la pendiente del poder adquisitivo de los trabajadores.

c) Aumento adicional de tarifas para los sectores de mayores ingresos.

La difícil decisión del Gobierno se mueve entre seguir con una política gradualista como hasta ahora (devaluaciones siguiendo a la inflación) o aplicar un shock en la economía considerando los sugerido por algunos técnicos y analistas.

Recordemos que el kirchnerismo ya realizó una devaluación del 25% durante el año 2014, en esa época la brecha cambiaria era del 40%, las reservas liquidas del BCRA eran de US$ 14.000 millones y la inflación de un 25% anual, cifras muy lejanas a la actual realidad de nuestra macroeconomía.

El gran dilema de Massa, entonces, lo obliga a decidir si seguirá aplicando las mismas medidas gradualistas hasta llegar a las elecciones del próximo año o aplicará políticas de shock como las sugeridas por algunos de sus asesores.

Una política gradualista sería más llevadera hasta las elecciones, pero aplicar hoy una devaluación a nuestra moneda acarrearía un alto costo político y social traducido en más inflación, pobreza, desocupación, condimentos no muy redituables en el corto plazo.

 

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