La urgencia de la ministra Patricia Bullrich para regular el ejercicio de las protestas de las organizaciones sociales se enmarca en la política de shock que el nuevo gobierno define como criterio rector en el comienzo de su mandato.
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La urgencia de la ministra Patricia Bullrich para regular el ejercicio de las protestas de las organizaciones sociales se enmarca en la política de shock que el nuevo gobierno define como criterio rector en el comienzo de su mandato.
La conferencia de la ministra pronunciada esta semana fue una respuesta frente a la conducta beligerante del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien, luego del discurso del presidente Javier Milei, anunció una movilización el 19 y 20 de febrero, en memoria de la que provocó en 2001, la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Una actitud de ruptura con el orden constitucional, que apoyaron los diputados Myriam Bregman, Vanina Biasi, Romina del Plá y Gabriel Solano, y el kirchnerista Juan Grabois.
La confrontación era previsible, especialmente después de que Milei anunciara que los planes sociales serían administrados directamente por el Ministerio de Capital Humano, sin la intermediación que hoy financia a las organizaciones de desocupados y otorga poder político y control territorial a Belliboni y a la elite política de representantes del movimiento piquetero.
Y adelantó que "el que vaya a la marcha, no cobrará". Solo en agosto, el Estado asignó $4.200 millones diarios para los programas Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias y otras entidades manejadas por líderes piqueteros y organizaciones sociales. Los aproximadamente 8.000 cortes de rutas y calles registrados en 2023 protagonizados por estas agrupaciones, algunos gremios y muchos grupos y asociaciones de vecinos son un síntoma del momento que atraviesan la vida política y las instituciones en nuestra sociedad. La protesta es un derecho consagrado por la Constitución, que lo define como libertad de opinión y de expresión. Al mismo tiempo, la Carta Magna establece el derecho de todos los ciudadanos a transitar libremente y a ir tranquilos a trabajar.
Los desocupados y los excluidos tienen derecho a manifestarse, pero los cortes sistemáticos de calles, rutas y autopistas afectan a millones de personas que también son sujetos de derechos.
La politización de la protesta queda en evidencia en la reiteración obsesiva de cortes y movilizaciones en las que se hace evidente que muchísimos excluídos concurren por temor a perder el plan asistencial o porque están convencidos que esa es la prestación que se les exige a cambio de ese aporte de subsistencia.
Los 150.000 casos de irregularidades severas detectados por el Ministerio de Desarrollo Social son un indicador del desmanejo y la falta de transparencia que alteran la administración de esos fondos. La inmensa mayoría de la población espera que los cortes de calles y rutas se terminen. En muchas localidades del interior del país, los piquetes ya forman parte del paisaje. Muchos cortes son arbitrarios y frecuentemente, se tornan extorsivos. La población de Salta lo experimenta con extrema frecuencia.
Pero las movilizaciones, los piquetes y el estado deliberativo permanente no son solo producto de dirigentes que usufructúan con la pobreza y que, de hecho, contribuyen a incrementarla. Son los alarmantes indicios de una verdadera catástrofe social que no será resuelta con exhibiciones de poder represivo ni, mucho menos, creando un clima de virulencia social con frases violentas y amenazantes como la alternativa de "cárcel o bala", enunciada por el diputado oficialista José Luis Espert en una polémica en redes con Myriam Bregman.
Es correcto que el Estado haga cumplir la ley; también, que se elimine le intervención de operadores políticos.
La experiencia enseña que el problema de los piquetes, como el de la inseguridad en general, no se resolverán con bravuconadas.
Es imprescindible que los sectores postergados se sientan reconocidos como sujetos de derecho a educación de excelencia y trabajo digno. Y que el gobierno aborde, con políticas de excelencia, la enorme grieta que atraviesa a la sociedad argentina.