El Gobierno avanza con su plan de ajuste con un paso crucial: dará de baja todos los contratos de personal realizados en 2023, como un modo de avanzar a mayor velocidad en la reducción del gasto público.
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El Gobierno avanza con su plan de ajuste con un paso crucial: dará de baja todos los contratos de personal realizados en 2023, como un modo de avanzar a mayor velocidad en la reducción del gasto público.
Trascendió durante el fin de semana que el presidente Javier Milei firmaría hoy otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, en este caso, ordenará no renovar los contratos de aquellos empleados públicos que hayan ingresado a partir del 1 de enero de este año y también revisar la situación de todos aquellos que estén desde antes de esa fecha.
Según fuentes oficiales, la medida sería publicada hoy y alcanzaría a cerca de siete mil trabajadores de distintas áreas del Gobierno, y solo se excluye a aquellos que cumplan funciones en empresas o sociedades estatales.
El primer artículo del DNU en cuestión, establece que "las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas".
De esta manera, se abarca a los empleados transitorios "y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
Además de los trabajadores de planta permanente, que no serán afectados, se excluye también a las contrataciones "derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales" y al personal que "haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad".
Renovaciones
También se permitirá la renovación de aquel "que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento" de la misma, aunque "de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento".
En todos los casos, según aclara el texto, si se opta por renovar la contratación, se "deberá fundar la decisión, demostrando la necesidad" de mantener a ese trabajador, cuyo vínculo laboral no podrá extenderse "por un periodo mayor a noventa (90) días corridos".
Asimismo, todas las áreas del Gobierno tendrán que informarle en un tiempo determinado el cumplimiento de este DNU al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien "podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para su mejor aplicación y podrá delegar las facultades asignadas por la presente medida.
Prevén auditar otras 45.000 contrataciones con más años
La poda en el gasto público que el Gobierno aplicará en el marco del mega Decreto de Necesidad y Urgencia 08/2023 (DNU) también llegará al personal que lleva más de un año contratado en algún organismo centralizado o descentralizado del Estado nacional. Según se supo, son más de 45 mil contratos que ahora quedarán bajo revisión.
De acuerdo a lo que se supo durante el fin de semana, en principio a los 45 mil empleados se les renovará el contrato pero, en principio, solo por 90 días. Mientras, el Gobierno pondrá en marcha una auditoría para definir si esos puestos se mantendrán en el nuevo organigrama de solo nueve ministerios que formalizó el presidente Javier Milei tras asumir.
En el Gobierno aseguran que en el decreto quedarán exceptuados los trabajadores contratados en el último año que completan por ley el cupo trans y de discapacitados. También destacan que no serán afectados los trabajadores que fueron contratados durante años y se incorporaron a la planta permanente durante este año como parte del proceso de normalización que impulsó la administración de Alberto Fernández desde los primeros de su gestión, en acuerdo con los gremios UPCN y ATE.
Se trata de algo más de 12.200 concursos de los cuales se culminaron más de 9 mil. El ranking de organismos con mayor cantidad de pases a planta permanente por concurso lo encabezó la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, con 680 cargos aprobados. Luego le sigue la Dirección Nacional de Migraciones -también dependiente del Ministerio del Interior-, con 551, y después el Ministerio de Desarrollo Social, con 479.