Resulta del todo sintomático del estado de la justicia constitucional en Argentina, en el marco de los 40 años de Democracia, que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se haya tomado largos 7 años para resolver la situación procesal de un inocente ciudadano preso, Santos Clemente Vera, cargando las tintas sobre el sistema judicial provincial, el que por otros no menos lacerantes y larguísimos 12 años -es lo grave- lo mantuvo no sólo encarcelado sino aparentando pagar el atroz crimen de dos francesas en la provincia de Salta, que ahora, con toda evidencia, se dimensionan en su cruel impunidad.
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Resulta del todo sintomático del estado de la justicia constitucional en Argentina, en el marco de los 40 años de Democracia, que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se haya tomado largos 7 años para resolver la situación procesal de un inocente ciudadano preso, Santos Clemente Vera, cargando las tintas sobre el sistema judicial provincial, el que por otros no menos lacerantes y larguísimos 12 años -es lo grave- lo mantuvo no sólo encarcelado sino aparentando pagar el atroz crimen de dos francesas en la provincia de Salta, que ahora, con toda evidencia, se dimensionan en su cruel impunidad.
La Provincia, por su parte, suma una mácula jurisprudencial más, como en el caso de la conductora Sisnero, la educación religiosa en las escuelas públicas o la protección a minorías indígenas como Eben Ezer, en los que el máximo Tribunal de Justicia de la Nación llama severamente la atención sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales provinciales y el contenido de los derechos esenciales de los ciudadanos. Reprende las falacias, los argumentos formalistas, los óbices frustratorios que constituyen ya su argot habitual.
¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Quién pagará por la libertad de ese inocente? ¿Qué defectuoso funcionamiento impregna la marcha de nuestros tribunales de Justicia?
En busca de una respuesta constitucional, entiendo que un Poder Judicial con tales niveles de ineficiencia e injusticia solo es posible cuando la falta de independencia e imparcialidad se imponen de modo sistémico. A veces no de modo expreso, a veces de una forma larvada e imperceptible -por supuesto no completamente en todas las instancias y profundidades-, cierta venalidad y la falta de trabajo en constricción a lo que la Constitución y los Tratados de Derechos Humanos imponen. Todo ello va minando el trabajo judicial y afectando la necesaria legitimidad con que debe desenvolverse.
Una Justicia a la que le llega toda clase de asuntos y controversias, que debe resolver teniendo como trasfondo muchas veces cuestiones esencialmente morales, políticas y económicas -ahora también en forma policéntrica-, no puede escapar a la crisis de legitimidad y confianza, que decisiones como las de más arriba (y tantas otras) allegan sembrando de ilegitimidad el proceso democrático bajo examen, a la luz de la Justicia cuyo trabajo manda el Preámbulo a afianzar.
Pero no se trata de la queja o la diatriba forense desde la atalaya de quién aprovecha un fallo vergonzante para criticar el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto. Extender sin más lo que le pasa al ancho panorama de la Justicia nacional sería un despropósito. En este campo operan mil y una subjetividades, todas respetables. En lo objetivo, existe extendido consenso acerca de la mora judicial, el defectuoso desempeño profesional de muchos magistrados, la falta de respuesta en tiempo y forma a miles de reclamos justos y simples que atiborran hoy los sistemas informáticos judiciales, pero en el fondo la permeabilidad y diligencia sólo hacia causas políticas que se resuelven en días favorece al influyente del momento, cuando los asuntos más pedestres o comunes de los ciudadanos se hunden en el pantanal procesal de los años. Cuando no su libertad.
El problema reside entonces, en ver a jueces de todas las geografías pivotar una y otra vez sobre la conveniencia del momento, la deferencia a las causas con sensibilidad política o social de un instante dado (por "el favor del político de turno", como decía la Federación Argentina de la Magistratura, en un reconocido juicio en Salta), sin comprender que la complejidad del asunto que traen entre manos, privilegiando causas tan insustanciales o refractarias a las de sensibilidad democrática como la libertad de un inocente, derechos sociales o intereses de naturaleza colectiva, nos ha llevado a concluir acerca del fracaso en la evaluación de la legitimidad democrática de la Justicia, en el balance de sus últimos 40 años.
Grandes edificios, generosos presupuestos y altísimos sueldos, reaccionarios a la aplicación de impuestos que tributan el común de los ciudadanos, contrastan con la importancia de su función y con las delicadas causas que muchas veces se mueven raudamente o se cajonean y demoran, según el fragor político del momento y al servicio de intereses que no son los de la Justicia. Y para muestra sólo basta un par de ejemplos. La causa Amia, por caso, concluyó juzgada sin responsables; no se sabe a ciencia cierta todavía que pasó con el fiscal Nisman; la causa de la Embajada de Israel sigue sin resolverse y, por casa, un exintendente en Salta o uno que se reelige, entre fueros y medianoches, es absuelto rápidamente luego de una condena o todavía no puede ser juzgado en juicio oral y público, volviendo una y otra vez a la función pública, pese a irregularidades comprobadas. En Argentina donde todo se recicla, nada ni nadie parece tocar a los "poderosos", salvo que se pierda el favor de turno, el que puede volver a ganarse en el próximo turno electoral y así hasta el infinito. La sensación de impunidad (o de punición indebida) es extendida.
El favor de los poderosos. Precisamente, "sin ser ciega a los condicionamientos de los poderosos", como dice Rosenkrantz, sólo una Justicia meramente nominal es posible y allí reside el problema central de todo este asunto que el caso de las francesas y de Vera evidencia. El campo de reflexión por las consecuencias de todo este desaguisado es vasto y sea quien sea el poderoso de turno provincial beneficiado, lo cierto es que el juego de intereses lleva a evaluar y concluir, a la luz del paso del tiempo, que la pretendida solvencia y prontitud en resolver, por ejemplo, el crimen ignominioso contra dos muchachas extranjeras para la necesidad política en aquel momento, hoy lleva a una crisis sistémica de confianza, en la que el desprestigio institucional es local, nacional, internacional, y la evidencia de manipulación igualmente infamante sobre todas nuestras instituciones. En Salta se sembraron pruebas falsas, hubo hasta el suicidio de un comisario, desapareció evidencia científica, poco se investigó bien, un ciudadano pasó más de una década encerrado. ¿Quién va a reparar semejante oprobio?
La interesante discusión sobre las castas de la política que se ha instalado en la Nación no continúa -en su lógica desigualitaria- con la casta judicial (o la familia judicial, como también se la conoce), siendo un interesante componente de lo que proponemos: juzgar la independencia e imparcialidad como pilar de una democracia constitucional sana y robusta, en su problema más de raíz, más acuciante, a la luz de los acontecimientos. Una era ignominiosa en Salta parece llegar a su fin aunque seguirá costándonos a todos los ciudadanos, pues la onerosa jubilación de sus representantes se avizora, sin avergonzarse ni siquiera un ápice. Hace décadas que el mal desempeño en nuestra Provincia no se juzga.
Concluyo con lo siguiente: la Democracia, en sus 40 años desde el regreso a las instituciones de la República, no ha teñido totalmente sus prácticas, ni las consienten, convencidos, todos los ciudadanos. Adeuda -en lo que particularmente interesa- el perfeccionamiento de sus métodos y rendimientos en la Justicia, que sea verdaderamente consciente del enorme daño que le infiere a su complejo institucional, cuando el último bastión de defensa de los derechos de los justiciables cae al peso de cierta banalidad o insubstancialidad del perjuicio. Si uno pregunta cómo hemos llegado a esta situación, nadie se da por aludido, porque se pregona trabajar todos los días técnicamente en la resolución de causas, sin advertir que la injusticia acumulada bajo la alfombra, algún día resulta pesada, oprobiosa e inocultable.