El financiamiento de los partidos y de las campañas electorales constituyen aspectos centrales para la democracia.
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El financiamiento de los partidos y de las campañas electorales constituyen aspectos centrales para la democracia.
El vínculo entre el dinero y la política siempre ha sido complejo. La historia reciente es lo suficientemente reveladora del lado oscuro de esta conjunción. En Brasil el escándalo del Lava Jato, vinculado al financiamiento de las campañas políticas por medio de la empresa Petrobras y la constructora Odebrecht, derivó en la cárcel para el expresidente y ahora nuevamente primer mandatario Lula da Silva.
Los efectos del Lava Jato se extendieron a otros países de la región. Mientras Pedro Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia de Perú, en nuestro país la Justicia también investigó los aportes de fondos de Odebrecht para la campaña de varios partidos en los comicios de 2015.
En 2014 la Justicia argentina determinó que al menos una parte de la financiación de la campaña kirchnerista de 2007 había tenido origen irregular, ya que tres laboratorios que aportaron fondos para la postulación de Cristina Fernández no pudieron justificar de dónde habían obtenido el dinero. Y, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que en el 2018 rechazó el cierre por prescripción, continuando con la investigación por el destino de los 800.000 dólares que el venezolano Antonini Wilson había ingresado al país sin declarar en 2007 y sobre los que se presume que también estaban dirigidos a financiar la campaña kirchnerista. (La Nación,18/02/19)
Personas fallecidas o insolventes que aparecen como grandes aportantes, contribuyentes inexistentes, firmas que triangulan dinero, apoyos económicos abiertamente incompatibles, uso de fondos públicos, gastos incomprobables porque no hay registro de ellos y avales económicos para condicionar al candidato en caso de que gane los comicios son apenas algunas de las nefastas estrategias que se fueron repitiendo, campaña tras campaña electoral, al amparo de la falta de una ley que ponga las cosas en orden.
En la propia causa de los llamados "cuadernos de las coimas" numerosos empresarios declararon que aportaban dinero a funcionarios kirchneristas bajo la fachada de gastos de campaña.
Otro de los graves problemas es la existencia de Estados financistas de las campañas, es decir, cuando los dineros para los candidatos de los oficialismos salen de las arcas que sustentan todos los ciudadanos con sus impuestos. Muchas veces esos fondos no son en negro, como ocurre con los provistos por empresas privadas, pero resultan igualmente fraudulentos porque se trata del uso de recursos humanos y materiales del Estado: empleados públicos que utilizan cajas oficiales para la confección de afiches o spots de campaña, que asignan vehículos o que desvían partidas de programas estatales para fines políticos personales o de grupo. Todo ello es una forma explícita de corrupción.
Según la ley 26.571, la campaña electoral de las PASO se inicia 50 días antes de los comicios (que serán el 13/8). Es decir, cuando técnicamente no estamos en el período de campaña previsto en la legislación electoral, las campañas ya inician con publicidad encubierta: spots publicitarios, afiches, actos partidarios públicos, etcétera.
Un contexto permisivo
¿Cómo hacer para transparentar el manejo espurio de fondos públicos y privados?
La República Argentina, que evidenció durante décadas un contexto social y jurídico bastante permisivo en relación a democracias más avanzadas como Estados Unidos o el Reino Unido, ha adoptado un sistema de financiamiento mixto.
Las disposiciones contables contenidas en la ley de partidos políticos Nº23.298 resultaban insuficientes a la hora de controlar sus finanzas, no solo respecto al límite de sus gastos sino también en los aportes recibidos. El objetivo era encontrar formas superadoras de fiscalización que resultaran eficaces.
De este modo, el 12 de junio de 2001 se sancionó la ley 25.600 que rigió hasta el año 2007, cuando se dictó la ley Nº 26.215 que fuera a su vez modificada de manera sustancial a través de la reforma introducida por la ley 26.571/09 modificada en el año 2019, es para los cargos de orden nacional (presidente, diputados y senadores nacionales) y obliga a partidos políticos y agrupaciones a dar cuenta de los gastos de campaña ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), con la presentación de un informe una vez finalizado el proceso electoral.
Los cambios aplicados en la ley marcan el fin de los aportes en efectivo, debiendo realizarse por medio de transferencia bancaria o medios electrónicos que acrediten la identidad del donante, mientras que los bienes o servicios donados en especies deberán ser declarados por su valor de mercado; la posibilidad que las empresas participen de las campañas y aumento del dinero del Estado para la impresión de boletas. También, se les exige a los aportantes que el monto debe ser publicado en una plataforma de la CNE disponible en internet y se extienda el tiempo para realizar campaña, entre otros cambios.
Uno de los principales motivos para impulsar la prohibición de pago no trazables (como el efectivo o depósitos bancarios) fue que, entre 2011 y 2017, las donaciones de este tipo superaron el 80% de los aportes declarados por todas las agrupaciones, según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
El régimen de financiamiento argentino es completo, prevé la asignación de fondos para el desenvolvimiento institucional de los partidos y para las campañas. Establece límites de gastos, de aportes, nuevos mecanismos de control.
No podrán donar las asociaciones sindicales y profesionales, contratistas y proveedores del Estado, empresas que explotan juegos de azar, gobiernos extranjeros y empresas extranjeras que no tengan domicilio en el país.
El dinero para la campaña
En cuanto al financiamiento público, el decreto 260/2019 estableció que el Estado nacional destinaría las agrupaciones un aporte extraordinario para la campaña de $570 millones para el conjunto de alianzas electorales, y, también, a través de la contribución para la impresión de boletas, habiéndose asignado el dinero para la campaña de la siguiente forma: la mitad se destinaba en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante se distribuiría entre los 24 distritos, en proporción al total de electores correspondiente a cada uno y a la cantidad de votos que hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría.
Por último, la ley contempla también multas de hasta diez veces la donación realizada en caso de que la justicia juzgara que se hizo en forma irregular.
El Cippec antes de la última reforma emitió un comunicado en el que expresaba que era preciso que los legisladores hicieran eje en la prohibición de la utilización de partidas estatales para las campañas electorales y en regular la publicidad oficial de forma que no pueda usarse con fines partidarios, y se establezca un mecanismo eficaz para el control de los gastos de campaña. Este último punto es clave, ya que la amplia mayoría de los partidos políticos han venido presentando sistemáticamente balances defectuosos
En Salta existe regulación local sobre los recursos económicos utilizados en la campaña electoral (decretos N° 890, Nº 3692, ley Nº 7697, resolución N° 16/17)
Controles en Salta
La Cámara Nacional Electoral, en una reunión realizada recientemente con los apoderados de los partidos políticos les hizo saber de la preocupación que tiene el tribunal con respecto a los controles de financiamiento de campaña a nivel provincial, dado que este año habrá gran cantidad de comicios anticipados que no serán alcanzados por la ley de Financiamiento de los partidos políticos. En paralelo, puntualizaron que "se controle a nivel nacional las campañas y que por falta de normativas no se haga en las provincias que desdoblan sus elecciones, es una cuestión que la CNE viene poniendo el foco desde hace años".
Ya en el 2014 -remarcaron-, a través de una acordada y posteriormente con otras más, se había alertado de la situación y se había pedido que se profundicen los lazos de cooperación entre las entidades estatales nacionales (AFIP, Anses, UIF, IGJ) y provinciales para que resulte útil el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, proveniente del lavado de activos, el narcotráfico u otras fuentes ilegales de financiamiento.
El régimen republicano y su vigencia depende fundamentalmente de que quienes intervienen en la política asuman el compromiso de aceptar las normas y las reglas de la transparencia. De lo contrario, siempre habrá zonas oscuras a las que no se podrá llegar.
Un sistema político sano y robusto es condición imprescindible para el sostenimiento y fortalecimiento de una democracia basada en la ética pública.