Más de 1.000 militares estadounidenses podrán ingresar a Perú luego de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aprobara su entrada para realizar actividades de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, informaron dos resoluciones publicadas ayer en el boletín oficial El Peruano.
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Más de 1.000 militares estadounidenses podrán ingresar a Perú luego de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte aprobara su entrada para realizar actividades de entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, informaron dos resoluciones publicadas ayer en el boletín oficial El Peruano.
Los efectivos estadounidenses llegarán al Perú con armas de guerra a realizar las actividades en distintas fechas comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. Los entrenamientos se harán en diversas regiones.
El primer grupo encargado del entrenamiento estará compuesto por 25 miembros de las Fuerzas Especiales de EEUU. Durante su permanencia, efectuarán actividades con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec), las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC) y las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra.
Una segunda resolución autoriza la entrada de medios aéreos, náuticos y personal militar de EEUU para la realización de "actividades de entrenamiento" con las FFAA, asociadas con el Ejercicio Militar Internacional "Resolute Sentinel 2023", un ejercicio del Comando Sur estadounidense.
En este ejercicio participarán 970 integrantes de la Fuerza Aérea (USAF), Fuerza Especial (USSF) y las Fuerzas Especiales de EEUU.
Rechazo de la oposición
La autorización generó el rechazo de la oposición peruana. El diputado por Perú Libre, Guillermo Bermejo, dijo que la presencia de tropas estadounidenses "genera zozobra". Agregó que "la presencia de los estadounidenses no ayudará a que exista un clima de paz, porque la gente conoce la conducta de estas tropas en otras partes del mundo".
Mientras que el jurista Raúl Noblecilla, aseguró que la intervención extranjera constituye una "amenaza para la soberanía nacional".