Con un requerimiento de información girado al Ministerio de Defensa, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, comenzó a actuar ante la acción de hábeas corpus colectivo y preventivo que organizaciones de derecho humanos interpusieron el pasado 26 de mayo por la militarización de la frontera norte de Salta.
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Con un requerimiento de información girado al Ministerio de Defensa, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, comenzó a actuar ante la acción de hábeas corpus colectivo y preventivo que organizaciones de derecho humanos interpusieron el pasado 26 de mayo por la militarización de la frontera norte de Salta.
En esa presentación, entidades de la Mesa de Derechos Humanos de Salta solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los instrumentos con los que el gobierno nacional autorizó a las fuerzas armadas a intervenir en materia de seguridad interna y habilitó el despliegue militar del llamado Operativo Roca.
Tras analizar un dictamen de la Fiscalía, el juez Montoya libró un oficio a la cartera nacional que conduce Luis Petri para que aclare tres puntos centrales relacionados con el decreto de necesidad y urgencia 1112/2024, con el que el gobierno de Javier MIlei estableció el nuevo Sistema Nacional de Defensa, y de la resolución 347/2025, mediante la cual Defensa habilitó la actuación militar en el norte provincial en el marco del llamado Operativo Julio Argentino Roca.
En primer lugar, el magistrado requirió a Defensa que confirme si la operación está realmente en marcha en la frontera norte de Salta y detalle en qué lugares específicos se está desplegando el personal militar. Desde la Mesa de Derechos Humanos se hizo notar que este punto es importante para verificar la situación en el terreno.
En el oficio, Montoya también pidió al organismo nacional que aclare el significado y alcance de las denominadas "reglas de empeñamiento". El conjunto de actores de la acción colectiva patrocinada por el abogado Martín Plaza remarcó que dichas reglas son, en esencia, las instrucciones que recibe el Ejército sobre cuándo y cómo puede usar la fuerza. En este punto, las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación "por el secretismo en torno a esas reglas militares" y subrayaron que "ahora el juez está exigiendo transparencia".
El protocolo de las detenciones
En uno de los puntos del oficio, el juez Gustavo Montoya requirió a Defensa que aclare qué protocolo se aplicaría en caso de que militares detengan a civiles. Dado que en esa jurisdicción federal rige el sistema procesal acusatorio, el magistrado quiere saber cómo se manejarían las detenciones para asegurar que se respeten los derechos de las personas y que sean puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes de inmediato.