Diez trabajadores rurales del sur salteño, víctimas de trata laboral en una finca de Joaquín V. González, recibieron $15 millones como reparación por los daños sufridos. Cada uno de ellos cobró $1,5 millones, gracias a un acuerdo de conciliación homologado por la Justicia Federal el pasado 5 de mayo. El caso se inició en noviembre de 2023, tras una inspección que reveló condiciones de extrema precariedad y explotación.
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Diez trabajadores rurales del sur salteño, víctimas de trata laboral en una finca de Joaquín V. González, recibieron $15 millones como reparación por los daños sufridos. Cada uno de ellos cobró $1,5 millones, gracias a un acuerdo de conciliación homologado por la Justicia Federal el pasado 5 de mayo. El caso se inició en noviembre de 2023, tras una inspección que reveló condiciones de extrema precariedad y explotación.
La investigación comenzó el 9 de noviembre de ese año, cuando personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Salta y el Gabinete de Asistencia a la Víctima realizaron un operativo en la finca “Suri Blanco”. Allí encontraron a una cuadrilla de diez trabajadores realizando tareas de desmonte sin ropa ni herramientas adecuadas, utilizando sus propios picos, machetes y palas. Dormían hacinados en una casilla tipo tráiler, sin acceso a agua potable ni condiciones básicas de higiene.
Los obreros fueron contratados por Ángel Gustavo Enríquez, quien también los trasladaba desde la localidad de Las Lajitas y les descontaba parte del salario —$30.000 de los $100.000 quincenales— por alimentos provistos por él mismo. Ante la gravedad de la situación, intervino el Gabinete de Asistencia a la Víctima y se inició una causa por trata de personas con fines de explotación laboral, imputando a Enríquez como autor del delito.
El acuerdo de conciliación fue gestionado por el fiscal Ricardo Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, de la Unidad Fiscal Salta, y contó con la participación del Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar, y la defensa oficial del imputado. La propuesta fue considerada una “salida superadora” al proceso penal tradicional.
El monto de la reparación, $15 millones, fue abonado en su totalidad por Enríquez al momento de la audiencia. “Hubo un gran esfuerzo de todas las partes en buscar una resolución que garantice la reparación efectiva del daño y evite un litigio prolongado”, explicó el fiscal Toranzos.
Por su parte, el defensor de víctimas subrayó que la resolución cumple con los principios de objetividad, evita la impunidad y reconoce el trabajo diligente de la fiscalía. También destacó que las víctimas fueron informadas detalladamente y firmaron su consentimiento en actas individuales.
El juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, homologó el acuerdo considerando su razonabilidad, proporcionalidad y el cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal Federal, que promueve soluciones restaurativas que restablezcan la armonía social.