La ciudad de Rosario de Santa Fe está bañada en sangre por los crímenes de bandas de narcotraficantes que han ganado la calle. El asesinato de personas comunes elegidas al azar es una cachetada al sistema de seguridad del país, pero muestra además un grado de desvalorización de la vida humana que nuestra sociedad no puede tolerar.
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La ciudad de Rosario de Santa Fe está bañada en sangre por los crímenes de bandas de narcotraficantes que han ganado la calle. El asesinato de personas comunes elegidas al azar es una cachetada al sistema de seguridad del país, pero muestra además un grado de desvalorización de la vida humana que nuestra sociedad no puede tolerar.
Lo que ocurre en Rosario no puede ser abordado con la misma perspectiva que las acciones terroristas en el mundo, que tienen objetivos netamente políticos, ni que las pandillas ecuatorianas, las "maras", que son un fenómeno de marginalidad que escapó al control de las autoridades de aquel país. Aquí el problema lo presentan las organizaciones criminales que están detrás de los dealers y los sicarios, que son capitalistas de la droga y que cuentan con el apoyo de un sistema financiero que les facilita el blanqueo inmediato de la recaudación. El crimen organizado debe abordarse en un marco nacional. Hoy nuestro país no tiene siquiera una secretaría específica para la lucha contra el narcotráfico.
Por eso, con oportunidad política y con acierto notable el ministro de la Suprema Corte Ricardo Lorenzetti planteó la inexcusable necesidad de instituir una agencia federal independiente del poder político de turno, para que actúe integralmente, y con máxima inteligencia y competencia, sin estar condicionada por las elecciones y los cambios de ministros o presidentes.
Así, considerando los alcances de estos crímenes, registrados en la ciudad de Rosario y en todo el territorio nacional, el magistrado denuncia que "en Argentina hay un crimen organizado y un Estado desorganizado"..
Por ello recordó la posición asumida por la Corte Suprema en un fallo de 2009. Propuso una agencia integrada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la AFIP, la Aduana y los organismos que pueden controlar el puerto y las rutas terrestres y fluviales, e investigar el camino del blanqueo de los ingresos por la venta de drogas. Es decir, permiten desarticular la enorme estructura de complicidades y de poder construida por el crimen organizado.