En los debates del Congreso se pone en juego en estos días el futuro de la Nación y la perspectiva de vida de todos los argentinos. Son momentos cruciales, porque no se trata solo de transitar un cambio de gobierno, sino de iniciar una recuperación institucional del Estado y comenzar a transitar por un camino de desarrollo.
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En los debates del Congreso se pone en juego en estos días el futuro de la Nación y la perspectiva de vida de todos los argentinos. Son momentos cruciales, porque no se trata solo de transitar un cambio de gobierno, sino de iniciar una recuperación institucional del Estado y comenzar a transitar por un camino de desarrollo.
El mega DNU y el complejo proyecto de transformación del sistema contenido en los 664 artículos de la Ley ómnibus representan las ideas de quien ganó legítimamente la Presidencia en una sociedad abrumada por los fracasos, la pobreza, el desempleo y la inflación. Pero la polarización reflejada en las urnas también reproduce la grieta que divide a los argentinos y que debe ser superada por el camino de los acuerdos básicos en torno de valores que, más allá de las ideologías y la retórica de la política, son los que sostienen el sentido común de los argentinos.
Ese, el del diálogo, la razonabilidad y el acuerdo, es el mandato de la historia. Aferrarse a la soberbia de las propias ideas y asumir posiciones mesiánicas o catastrofistas no solamente sería una conducta antidemocrática, sino que expresaría una corrosiva ambición de poder.
El DNU, por ahora, está a consideración de la Justicia y no será tratado por los legisladores. Y el proyecto ómnibus será inviable sin concesiones del Gobierno.
De hecho, esa negociación democrática e institucional se está desarrollando a pasos acelerados y ya el gobierno extendió hasta el 15 de febrero el período de sesiones extraordinarias para brindar más tiempo. En los próximos días, de podría llegar a un nuevo texto de la Ley Ómnibus con el acuerdo del oficialismo y de los bloques no kirchneristas. Una redacción que permitiría al gobierno avanzar con su idea de liberalización de la economía, pero que dejaría para más adelante iniciativas muy serias, como la reforma judicial, laboral y del Código Civil, el virtual congelamiento de las jubilaciones o los cambios en el sistema electoral, y moderaría el alcance de la ley en cuanto a la pretensión de una declaración de emergencia mucho más extrema de las que sistemáticamente aplicó el kirchnerismo y que incluiría la delegación de facultades extraordinarias en el presidente por cuatro años. Tampoco se aprobaría la autorización para privatizar empresas del Estado sin intervención del Poder Legislativo.
El gobierno carece de votos propios para imponer su voluntad, lo cual es saludable para la democracia, y por eso negocia con los legisladores dialoguistas y con los gobernadores una legislación mucho más prudente.
Esa conducta, en cambio, está ausente en la oposición kirchnerista, que, sin asumir el fracaso de sus gobiernos y el desprestigio de sus principales referentes, vuelve a mostrar la característica soberbia que encubre sus ambiciones espurias de poder y su incapacidad de autocrítica.
Al mismo tiempo, y tal como lo hiciera cuando le tocó ser oposición, hoy el kirchnerismo vuelve a utilizar a la CGT y a aliarse con la izquierda radicalizada, cuyo proyecto es la eliminación lisa y llana del sistema. El paro general anunciado para el miércoles 24 es un instrumento político, utilizado por figuras desacreditadas de un sindicalismo enriquecido que, durante 16 de los últimos 20 años toleró con indolencia cómplice la destrucción del empleo genuino y la degradación del salario y las jubilaciones.
El país necesita diálogo y consenso. Es imprescindible llevar adelante reformas decisivas en el sistema previsional, el sistema tributario, el régimen profesional para los empleados y funcionarios de carrera en cualquier estamento del Estado y la legislación laboral para garantizar realmente los derechos de los trabajadores.
Es necesario reconstruir al país, pero esa tarea solo podrá llevarse a cabo con los tres poderes del Estado, trabajando conjuntamente, en los plazos que sean necesarios, y sin mezquindades de nadie.