En el marco de la discusión de la ley ómnibus, Carlos Zapata, diputado nacional de Ahora Patria, propuso elevar el impuesto interno a los cigarrillos al 75% y crear una tasa retributiva de servicios de salud sobre los productos elaborados con tabaco. El legislador salteño presentó la iniciativa ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el bloque de La Libertad Avanza y otros diputados. La propuesta busca recomponer la recaudación nacional, la masa coparticipable y el Fondo Especial del Tabaco (FET). Con el restablecimiento del esquema impositivo que se modificó a fines de 2017, según estimaciones, se podría recuperar un 70% de la recaudación perdida.
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En el marco de la discusión de la ley ómnibus, Carlos Zapata, diputado nacional de Ahora Patria, propuso elevar el impuesto interno a los cigarrillos al 75% y crear una tasa retributiva de servicios de salud sobre los productos elaborados con tabaco. El legislador salteño presentó la iniciativa ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el bloque de La Libertad Avanza y otros diputados. La propuesta busca recomponer la recaudación nacional, la masa coparticipable y el Fondo Especial del Tabaco (FET). Con el restablecimiento del esquema impositivo que se modificó a fines de 2017, según estimaciones, se podría recuperar un 70% de la recaudación perdida.
A su vez, con la tasa retributiva, que en el caso de los cigarrillos se establecería en $410 -cifra actualizable por índice de precios y susceptible de ser incrementada hasta un 25% por el Ejecutivo nacional- Argentina pasaría a cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia de control del consumo de tabaco. Zapata explicó que la tasa, si así lo dispone el PEN, "podrá ser utilizada como pago a cuenta del impuesto interno".
La respuesta de Zapata
Comentarios que surgieron de sectores que presionan para que el impuesto interno se mantenga en el 70% vincularon la propuesta a supuestos intereses corporativos. Zapata afirmó que solo son "habladurías" falsas que "seguramente surgen de la colusión entre actores de la dirigencia venal y la industria que no quieren pagar los impuestos".
El diputado nacional remarcó que, al examinar las cifras de recaudación del impuesto interno sobre tabacos, "se puede apreciar una gran caída desde diciembre de 2017". Agregó que, en un análisis comparativo de la recaudación mensual expresada en moneda constante, entre diciembre de 2017 y noviembre de 2023 el impuesto interno ha tenido una caída de casi 50%. "Si se toma desde diciembre de 2016, la cifra es mayor: llega al 54%. Mientras tanto, la venta de cigarrillos cayó apenas un 5%", precisó Zapata.
Para explicar la razón por la cual ante una caída en las ventas de cigarrillos de solo el 5% se perdió más de la mitad de la recaudación de impuestos, el diputado nacional recordó que hasta diciembre de 2017, el impuesto interno a los cigarrillos se determinaba aplicando la tasa del 75% y que, además, el impuesto a ingresar no podía ser inferior a lo que le correspondía tributar a la categoría, o marca, más vendida.
"En diciembre de 2017, a instancias de la industria del cigarrillo, con el apoyo de representantes de la producción -entre ellos los salteños- se modificó la ley", reseño. Dicha modificación redujo la tasa al 70% y la tributación mínima pasó a ser un importe fijo ($28 en esa fecha, ajustable por índice de precios).
Para Zapata la reforma fue un fracaso
Zapata sostuvo que la reforma "resultó un fracaso" y fue "la causa de la caída de la recaudación". Hizo notar que algunas empresas fabricantes de cigarrillos judicializaron ese mínimo, aduciendo una violación de la Constitución y, en particular, del principio de proporcionalidad establecido en el artículo 4 de la carta magna nacional. "Primero se presentaron recursos, con pedido de cautelares que fueron concedidas en buena parte de los casos; algunas cautelares cayeron por manda de la Corte y, finalmente, en uno de los expedientes hubo un fallo sobre la cuestión de fondo declarando la inconstitucionalidad del impuesto mínimo", puntualizó, tras señalar que ese fallo fue ratificado en segunda instancia.
Zapata insistió en que la ley de 2017 fue y es "una mala ley". Fundó su apreciación en el hecho de que una norma que es discutible ante la Justicia "no es segura" y por ello "no puede alcanzar los objetivos" que se sostuvieron en su sanción. El legislador resumió: "La iniciativa de la industria, apoyada por los representantes de la producción, de plantearse como una notable mejora, se materializó como un gran perjuicio". Detalló que el perjuicio de "la mala ley" alcanza a los ingresos del fisco nacional, la suma coparticipable y el ingreso de los productores, al reducir el FET.
Zapata mencionó que se han leído publicaciones que tildan de "evasoras" a las empresas fabricantes de cigarrillos que discutieron la constitucionalidad del impuesto mínimo, y afirmó que "esa calificación se cae ante el pronunciamiento judicial". Recordó que, personalmente, al asumir como diputado de la Nación, fue a la AFIP a reclamar por qué no cobraban el impuesto de acuerdo a la ley, ante lo cual le respondieron que "los pronunciamientos judiciales deben ser respetados por el organismo. Aclaró que tales pronunciamientos refieren "a cautelares y, por supuesto, a los fallos sobre la cuestión de fondo". "La situación, claramente, demandaba atención y la recibió en el articulado propuesto en el proyecto de la Ley Bases", destacó.