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Fondos nacionales: ¿consenso o mejor administración provincial?

Siguen las polémicas por el recorte de gastos de Nación y las responsabilidades de provincias y legisladores sobre la administración de los recursos y la gestión.
Lunes, 26 de febrero de 2024 02:13

La quita de fondos nacionales que parece más una discusión coyuntural, llevó a que cada provincia comience a poner sobre la mesa viejas deudas. También de parte del Gobierno nacional que pasa otra factura histórica: una mejor administración de los fondos.

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La quita de fondos nacionales que parece más una discusión coyuntural, llevó a que cada provincia comience a poner sobre la mesa viejas deudas. También de parte del Gobierno nacional que pasa otra factura histórica: una mejor administración de los fondos.

Carlos Zapata, diputado nacional por La Libertad Avanza asegura que "lo que está pasando es que las provincias quieren seguir con la fiesta". El legislador aseguró que "en búsqueda del déficit cero" se dejaron de transferir a las provincias lo que "se consideraba transferencias discrecionales". A la par, advirtió que esto "no viola ninguna ley".

Dentro de esos recursos "discrecionales" figuran diferentes fondos, entre ellos los fiduciarios que, según la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, representan el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Dentro de los diferentes fondos de este tipo, está el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte y el de Desarrollo Provincial, PROCREAR, PROGRESAR, fideicomisos del transporte eléctrico federal, capital social y seguridad aeroportuaria, de Infraestructura Hídrica, Estabilizador del Trigo y el fondo fiduciario de Cobertura de Salud.

El diputado que llegó al Congreso de la mano del olmedismo, reconoció que "lamentablemente" hay una afectación a las provincias y responsabilizó a "quienes "administran" porque " no saben vivir con lo propio, y eso genera necesidades que las coloca en déficit de caja".

Consultado por la no sanción de la ley de coparticipación que hace 30 años estableció la Constitución Nacional, Zapata, aseguró que "el sistema político nunca buscó ponerse de acuerdo para sancionarla". A la par resaltó que "se tiene que coparticipar más para que nadie reciba menos".

En un breve repaso histórico, Zapata recordó que la actual ley vigente es "de la época de Alfonsín". Desde entonces, indicó, "se aumentaron significativamente los impuestos", aunque, "siempre tendientes a atenciones de urgencia. Pero nadie trabajó para adentro, para ordenar la administración".

Marcelo Lopez Arias, exsenador, diputado nacional y ministro provincial, también se refirió a momentos y ejemplos de consenso político en el país durante la época de Alfosin, que permitieron tener "más de 10 años de crecimiento, de estabilidad y caída de la inflación". Sin embargo, advirtió que luego se" volvió a disparar la inflación cuando se aumentó el gasto público de 24 a 42% en un año" y lo vinculó a la "confianza al aprecio de la soja". Allí, marcó Lopez Arias, se originaron "todos los problemas que vinieron después".

Para Arias, en tanto, esa búsqueda de acuerdo emulada, no es convocada por el actual gobierno nacional: "Las provincias querían conversar, pero en un momento directamente se dio una patada a todo y bueno, así terminó".

El abogado que también se desempeñó en el área de Derechos Humanos, aseguró que el reclamo que hacen las provincias no es solo por "la retención de la deuda vieja", sino que "junto a la caída de grandes ingresos, se cayeron muchos de los subsidios tarifarios" . Empero, López Arias aseguró que se proyectan grandes ingresos a la caja nacional: "En abril ya estimamos que van a empezar a entrar los ingresos de la renta agropecuaria que no entraron el año pasado por la sequía, además del tema energético".

Zapata, en cambio, insistió con la administración provincial no solo de los fondos fiduciarios, sino de la creación de sociedades anónimas "como Aguas del Norte o Remsa, para evitar el control y que reciben dinero del Estado. Pero no se sabe cuanto gana un gerente y encima no hay ni agua, como en la época de la colonia"; fustigó.

La cuestión puntual del Incentivo Docente

El diputado oficialista Carlos Zapata, además aseguró que "el Gobierno provincial hace uso político de la situación, dicen que no pueden pagar 100 cuando el incentivo docente es 5. Además de que se venció y estamos en los tiempos legales".

Curiosamente Guillermo Martinelli, también abogado y exlegislador provincial, coincidió con Zapata en cuanto al trasfondo político de algunos recortes, como el incentivo docente. Aunque, a diferencia de Zapata, apuntó a los propios diputados y senadores por "allanarle el camino a Milei".

Martinelli analizó que ante el conocimiento de" saber lo que se venía", en referencia al recorte de subsidios, "el Congreso no aprobó el presupuesto del 2024, dejando vigente el del 2023. Es decir que los pocos recursos que Nación manda a las provincias están dentro de la legalidad" contextualizó.

En consecuencia, explicó, "la provincia no puede reclamar porque los legisladores permitieron que se prorrogue el presupuesto. Como la ley de Incentivo Docente, que se venció en diciembre pasado, ningún diputado ni senador presentó ningún proyecto para que se prorrogue la ley". A la par, aseguró, la provincia está en la misma situación de prórroga de presupuesto. "Entonces también hay corresponsabilidades de legisladores", insistió.

En cuanto cómo se debe continuar, Lopez Arias proyectó que "como en el 2001, con un acuerdo serio entre los distintos sectores políticos, empresarios que fije las reglas del juego, que tenga previsibilidad y que permita la inversión adecuada".

Mientras que para Zapata se debe continuar con el saneamiento porque "cuando se recorta desaparecen los gastos improductivos y mejora la calidad de servicio. Donde hay que buscar responsabilidades es en aquellos que administraban mal con bolsillos muy cercanos a prácticas corruptas", advirtió.

Fideicomisos el otro tema en discusión

Otra polémica instalada por los recortes nacionales son los fondos fiduciarios o fideicomisos, que es un tipo de administración de recursos a través de la cual una persona u organización le otorga a otra persona o entidad la administración de ciertos bienes, con el objetivo de que los administre en favor suyo o de un tercero. Estos fondos pueden ser públicos (es decir, creados al interior de la administración pública) o pactarse entre privados (por ejemplo, cuando una persona entrega la administración de sus bienes a otra). 

El Estado y el Banco Nación: En el caso de los fideicomisos públicos, el Estado delega la administración de fondos a una entidad, que suele ser un banco público, por lo general el Banco Nación.

Objetivo puntual: El objetivo es la administración en función de determinada política pública, como el otorgamiento de un subsidio o la realización de una obra.

El famoso Procrear: Uno de los fondos fiduciarios más conocidos es el Procrear, destinado a la entrega de créditos hipotecarios subsidiados para viviendas.

La mayoría de Macri y Cristina: Actualmente funcionan 29 en el país. La mayoría fueron creados durante las gestiones de Mauricio Macri (10); Cristina Fernández (7); y Carlos Menem (5).

 

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