En medio de la crisis económica que está golpeando a las pequeñas y medianas empresas en Salta, un llamado urgente surgió desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia. Juan Pablo López López, su presidente, encabeza este movimiento que busca aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y respaldar la economía local.
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En medio de la crisis económica que está golpeando a las pequeñas y medianas empresas en Salta, un llamado urgente surgió desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia. Juan Pablo López López, su presidente, encabeza este movimiento que busca aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y respaldar la economía local.
La propuesta es clara: instar a la suspensión temporal de actividades judiciales relacionadas con juicios fiscales y las medidas cautelares que se puedan trabar hasta que se establezca un régimen de regularización adecuado. A esta solicitud se sumaron la Cámara Pyme, la Cámara de Comercio e Industria de Salta y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, lo que representa un amplio respaldo institucional a la solicitud.
"Lo que hicimos en AFIP lo estamos tratando de hacer ahora ante las autoridades de Rentas de Salta. Esto tiene que ver lamentablemente con una medida que nosotros estamos solicitando pero es una medida coyuntural, no es una medida de fondo", dijo López López.
Señaló que el fundamento de la petición se basa en la preocupante situación financiera que enfrentan las empresas, exacerbada por el incremento sostenido del nivel de precios. Desde el año pasado la crisis obligó a priorizar el pago de sueldos y la recomposición del capital de trabajo, elementos esenciales para la supervivencia empresarial en tiempos de incertidumbre económica.
El antecedente reciente de la resolución 5482 de AFIP, que suspendió hasta el 31 de julio los juicios de ejecución fiscal a nivel nacional, fortaleció la convicción de que medidas similares podrían ser implementadas a nivel provincial. Sin embargo, la falta de un marco normativo local genera inquietud entre los contribuyentes y lleva a la búsqueda de soluciones urgentes.
Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, subrayó la importancia de ponerse de acuerdo entre todos los actores para tratar de sortear la situación económica que enfrenta el comercio, de lo contrario se va a fracasar en el intento de modificar algunas cosas.
"Entre pagar Rentas que te cobra una serie de impuestos, de intereses y pagar a los empleados se torna muy difícil", advirtió, y reafirmó: "La idea es que primero podamos cumplir con las obligaciones más necesarias que es pagar a los empleados", agregó.
En un esfuerzo por abordar las preocupaciones de los distintos sectores afectados, también se destacó la voz de Juan Martín Biella Calvet, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta. Biella reveló el impacto directo de la crisis en el sector de alquileres comerciales, con inquilinos que luchan por mantenerse a flote frente a una caída en las ventas y una disminución en la demanda.
La situación, aunque no masiva, es significativa y refleja la fragilidad de la economía local en un contexto de inflación creciente. El aumento trimestral de los precios de alquiler se suma a las presiones financieras que enfrentan tanto los propietarios como los inquilinos, exacerbando una situación ya precaria.
En última instancia, la solicitud de suspensión de ejecuciones fiscales no es simplemente una petición de alivio temporal, sino un llamado a la acción para abordar de manera integral los desafíos económicos que enfrenta la provincia. La colaboración entre el sector privado y las autoridades gubernamentales se presenta como un paso crucial hacia la estabilidad y el crecimiento sostenible en Salta.