La Cámara de Diputados debatirá y se pronunciará esta tarde sobre el recorte de fondos al que viene sometiendo el Gobierno nacional a la Provincia de Salta.
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La Cámara de Diputados debatirá y se pronunciará esta tarde sobre el recorte de fondos al que viene sometiendo el Gobierno nacional a la Provincia de Salta.
Con una declaración, los diputados oficialistas se disponen a manifestar una profunda preocupación por la falta de remisión a las provincias del Fondo de Compensación Salarial Docente, Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, Programas Educativos Nacionales y Fondo de Infraestructura.
Sostienen que estos recursos se encuentran contemplados en la legislación vigente y que se instará al Gobierno nacional "a brindar certidumbre respecto a las transferencias, lo que resulta imprescindible para garantizar el derecho a la educación en cada una de las jurisdicciones".
Con otra declaración, se transmitirá que se vería con agrado que el Gobierno nacional normalice la remisión de fondos destinados a la provisión de medicamentos y asistencia de pacientes, en particular a Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que dejó sin cobertura a pacientes oncológicos de la provincia de Salta.
También se manifestará la necesidad de que el Ejecutivo nacional garantice la continuidad del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del interior del país y que efectivice el giro de los montos que corresponden a Salta por enero y febrero del presente año.
Pero también se impulsa una declaración para que el Ejecutivo provincial tome las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional 25.053, por la cual se crea el Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Como ocurrió en la sesión de la semana pasada, se espera un encendido debate entre representantes del oficialismo con los pocos diputados prolibertarios que defienden las medidas que viene tomando el Gobierno nacional.
Honorarios
Por otra parte, la Cámara Baja agendó para tratamiento un proyecto de ley que propone modificar el artículo 51 de la ley orgánica del Ministerio Público para regular honorarios por la actuación de los defensores públicos oficiales.
En los fundamentos se señala que la iniciativa no limitará o restringirá la asistencia de un defensor oficial penal y solo dispone que, una vez finalizada la actuación de la defensa pública y si quien utilizó sus servicios tiene medios económicos suficientes para costearlas y su situación personal y familiar lo permite, entonces se deberá proceder al cobro de los honorarios regulados, cuyos montos ingresarán al Ministerio Público, constituyendo recursos materiales para la mejora de la prestación del servicio a su cargo.