El mecanismo legal de ficha limpia, que impide acceder a cargos políticos a personas con condenas por delitos y por actos de corrupción vuelve a la agenda de las cámaras legislativas de la provincia de Salta.
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El mecanismo legal de ficha limpia, que impide acceder a cargos políticos a personas con condenas por delitos y por actos de corrupción vuelve a la agenda de las cámaras legislativas de la provincia de Salta.
La Cámara de Diputados agendó para la sesión del martes un proyecto de ley que propone la Procuración General para incluir en la Ley 8275 un inciso referido a delitos por tráfico de estupefacientes previstos en la Ley nacional 23.737.
La Ley 8275, sancionada en el 2021 establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena.
La norma enumera diversos delitos. Los cometidos contra de la administración pública, tales como tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, encubrimiento.
En los seis incisos que contiene el artículo 1º de la Ley 8275 también se incluyeron delitos cometidos contra el orden económico y financiero, contra la integridad sexual, contra la libertad.
El proyecto de ley plantea la necesidad de incluir el inciso g) para incorporar delitos previstos y reprimidos en la ley de estupefacientes y la penalización del tráfico de sustancias y sus precursores químicos, previstos en la Ley 23.737, en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 23, 24, 29 bis y 44 bis y sus respectivas agravantes.
El proyecto fue presentado a la Cámara Baja en enero pasado por el procurador general, Pedro García Castiella, en el marco de la política criminal que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal para el combate del narcotráfico y el crimen organizado.