En una disposición poco entendible y hasta reñida con el sentido común, el juez de Instrucción Edgardo Laurenci, hasta hace poco a cargo del Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán, resultó "premiado" con una jubilación que vino a marcar el fin de su carrera, pero que al mismo tiempo deja serios cuestionamientos sobre los procesos que investigan el accionar de los magistrados y la intervención política sobre estas investigaciones.
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En una disposición poco entendible y hasta reñida con el sentido común, el juez de Instrucción Edgardo Laurenci, hasta hace poco a cargo del Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán, resultó "premiado" con una jubilación que vino a marcar el fin de su carrera, pero que al mismo tiempo deja serios cuestionamientos sobre los procesos que investigan el accionar de los magistrados y la intervención política sobre estas investigaciones.
Es que Laurenci, seriamente cuestionado por dejar a escapar Lino Ademar Moreno, un peligroso sicario relacionado al crimen narco de Liliana Ledesma en septiembre del año 2006, estaba bajo un proceso de Jury de Enjuiciamiento. Este órgano de control sobre los jueces había recibido el requerimiento por parte del procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, quien a fines de septiembre del año pasado acusó formalmente al magistrado de actuar con negligencia en el caso donde el sicario condenado a perpetua recibió una salida transitoria autorizada por Laurenci y jamas retornó al penal.
Con esa autorización, que había sido desaconsejada por la Fiscalía pero aprobada por Laurenci, en aquel momento como juez de Ejecución, Lino Moreno se dio a la fuga. Fue el 18 de junio de 2023. Desde ese momento el juez Laurenci demoró 53 días en solicitar su pedido de captura.
Mas allá de las acusaciones de Castiella sobre "negligencia e impericia" en el accionar del juez, existen detalles en el proceso que colocan a la fuga de Moreno en la escala de las sospechas.
Es que el 4 de junio de 2016 fue el propio Laurenci quien unificó las sanciones a la pena única de prisión perpetua contra Moreno, luego de varias fugas y recapturas del peligroso sicario, que ya en el año 2001 había sido condenado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Logró fugarse y fue recapturado. En el año 2006 logró huir nuevamente y fue allí cuando cometió el crimen contra Liliana Ledesma, quien apareció asesinada en la frontera entre Bolivia y Salvador Mazza con siete puñaladas y con el rostro y la boca desfigurados, en un claro mensaje narco por el que los hermanos Castedo fueron recientemente condenados a prisión perpetua.
Laurenci también presidió este juicio contra los hermanos Castedo y la gran pregunta es por qué el magistrado no fue recusado en ese momento, siendo que Lino Moreno, vinculado a los Castedo, ya había logrado fugarse con el permiso del Laurenci.
Estos datos no hacen mas que generar fuertes controversias por lo que fue el proceso a cargo del ahora exmagistrado contra uno de los clanes del narcotráfico más importantes del país, en un contexto donde las mafias avanzan sobre los gobiernos y sobre los ciudadanos inocentes, que pierden la vida a diario bajo el fuego y la venganza de las organizaciones delictivas.
Ese es el mismo contexto bajo el cual Laurenci, con la aceptación de su renuncia a través del decreto firmado por el Ejecutivo provincial el 21 de marzo último, se encuentra en condiciones de acceder a una sustanciosa jubilación que para su caso, como juez de segunda instancia, podría superar fácilmente la suma de 3 millones de pesos mensuales.
Pero allí no hay nada fuera de la ley y todo se ajusta a derecho. Ocurre que con la renuncia de Laurenci como juez, el Jury de enjuiciamiento en su contra "cae en abstracto" y el proceso se cierra y se archiva.
Pero lo legal no siempre aparece como legítimo. El magistrado pidió su jubilación en febrero último, pero había iniciado los trámites el año pasado, cuando el Jury avanzaba sobre su accionar y amenazaba con condenarlo, con lo cual no hubiera podido acceder al retiro.
Contenidos del decreto aprobado por el Ejecutivo
El Poder Ejecutivo firmó el pasado 21 de marzo el decreto donde acepta la renuncia de Laurenci en los siguientes términos:
"Visto la renuncia presentada por el Dr. Edgardo Osvaldo Laurenci al cargo de juez del Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán; y, considerando que:
El doctor Laurenci fue designado en el referido cargo a través de decreto Nº 3682/2014.
Que el citado magistrado presenta su dimisión para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.
Que, consecuentemente, corresponde se proceda al dictado del instrumento legal.
Por ello se decreta.
Art 1º- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Edgardo Osvaldo Laurenci al cargo de juez del Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán a partir del 22 de febrero de 2024.
Art 2º- El presente decreto será refrendado por el señor ministro de Seguridad y Justicia, y por la señora secretaria general de la Gobernación.
La Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, integrada por el juez Edgardo Laurenci y sus pares Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi, estuvo a cargo del proceso que terminó con la condena a los hermanos Castedo por el crimen de Ledesma. Este proceso tuvo varios incidentes, entre ellos un pedido de recusación al tribunal completo realizado en su momento por la fiscal Claudia Carreras, por supuesta falta de imparcialidad del tribunal en pleno.
Pero nunca hubo una recusación contra Laurenci por la fuga de Lino Moreno, cuando este ya se había fugado y estaba comprobado su vínculo con los Castedo.
Sin parte oficial al procurador
El Tribuno intentó conocer ayer la opinión del procurador general de la Provincia, Pedro Garcia Castiella, quien había iniciado el proceso contra Laurenci. "El procurador no tiene ninguna información oficial ni formal sobre el tema. Está a la espera de que el Jury corra traslado de la prueba presentada por Laurenci, pero no tenemos una comunicación formal sobre la situación", expresaron desde el organismo. García Castiella había señalado "la gruesa impericia e incumplimiento de los deberes por la demora de 53 días en el pedido de captura".