El Gobierno nacional oficializó hoy su decisión de "revocar por estar afectado de nulidad absoluta", un decreto de 1991 por el cual se había
aprobado el boleto de compraventa suscripto entre el Estado y la Sociedad Rural Argentina, por el cual ésta adquirió el predio ferial de Palermo.
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El Gobierno nacional oficializó hoy su decisión de "revocar por estar afectado de nulidad absoluta", un decreto de 1991 por el cual se había
aprobado el boleto de compraventa suscripto entre el Estado y la Sociedad Rural Argentina, por el cual ésta adquirió el predio ferial de Palermo.
A través del decreto 2552/12, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso que la Agencia de Administración de Bienes del Estado "realice todos los actos conducentes a la toma de la posesión" de ese predio, ubicado entre las Avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Cerviño y Oro, Ciudad de Buenos Aires.
Además, estableció que esa Agencia, junto con la Sindicatura General de la Nación, "determinarán las compensaciones que pudieren resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que, en su caso, pudieran corresponder".
La medida fue adelantada ayer por el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, y comenzó a efectivizarse hoy, con la publicación del decreto correspondiente, que lleva la firma de la presidenta Cristina Kirchner y también de Abal Medina.
El Poder Ejecutivo justificó esta decisión al detallar, en el decreto, que el 20 de diciembre de 1991, durante la primera presidencia de Carlos Menem, se aprobó el boleto de compraventa suscripto entre el Estado Nacional y la Sociedad Rural Argentina, a través del cual ésta adquirió el predio.
El 27 de mayo de 1992, se le otorgó la escritura traslativa de dominio, según recordó la Casa Rosada.
Además, aclaró que esta operatoria se hizo en el marco de la Ley de Emergencia Económica sancionada en 1991, "a fin de superar la situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias económicas y sociales que por entonces padecía la Nación", y que permitía la venta de inmuebles estatales.
"El Decreto 407/91, modificado por el Decreto 2137/91, reguló el procedimiento de enajenación de estos inmuebles, disponiendo, entre otras medidas, que las ventas inmobiliarias se efectuarían únicamente mediante remate o licitación pública, debiendo integrarse la totalidad del precio de venta dentro de los 15 días de aprobada la operación por la autoridad competente", añadió.
Sin embargo, detalló que la compraventa aprobada por el Decreto 2699/91 "se efectivizó por el precio de 30 millones de dólares y por el sistema de contratación directa".
"Además, el pago de la operación se fijó en cuotas que llegaban hasta 1994, cuando la finalidad de la Ley de Emergencia Económica buscaba la obtención de recursos en forma acelerada, a través de la venta de los inmuebles estatales innecesarios", agregó el decreto firmado por Cristina Kirchner.
El Tribunal de Tasaciones de la Nación aseguró en 2010 que la tasación del inmueble, según valores al 20 de diciembre de 1991, al contado y desocupado, era de 63,6 millones de dólares, según la medida conocida hoy.
En consecuencia, "el importe que finalmente se estipuló como precio de la compraventa del inmueble, resultó sustancialmente menor a la tasación realizada", advirtió la Casa Rosada.
Y recordó que quienes intervinieron en la operación de compraventa, a excepción de Menem, fueron procesados por la Justicia.