El proyecto fue aprobado por los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, de Unidad Nacional (Partido de la U), Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo (PDA), señaló un comunicado del Ministerio del Interior.
El opositor Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se retiró del Congreso en donde se debatía la Ley 418 o Ley de Orden Público, en protesta por la detención de un hermano del exmandatario al que la Fiscalía investiga por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
La iniciativa aprobada por las comisiones de Senado y Cámara reforma la Ley de Orden Público y le da al Estado herramientas jurídicas para permitir los procesos de abandono de armas, tránsito a la legalidad y reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley.
Asimismo, el Ejecutivo establecerá las condiciones y compromisos de las partes para establecer la temporalidad y funcionamiento de las zonas de concentración.
Igualmente el Gobierno puede solicitar la suspensión de órdenes de captura para los miembros rasos de las Farc que dejen las armas.
También puede establecer mecanismos de monitoreo y verificación nacional o internacional, incluida la administración, registro, control, destrucción o disposición final del armamento que entregue el grupo al margen de la ley. Ahora, el proyecto de ley será discutido y votado en los próximos días.
El proyecto fue aprobado por los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador, de Unidad Nacional (Partido de la U), Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo (PDA), señaló un comunicado del Ministerio del Interior.
El opositor Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se retiró del Congreso en donde se debatía la Ley 418 o Ley de Orden Público, en protesta por la detención de un hermano del exmandatario al que la Fiscalía investiga por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
La iniciativa aprobada por las comisiones de Senado y Cámara reforma la Ley de Orden Público y le da al Estado herramientas jurídicas para permitir los procesos de abandono de armas, tránsito a la legalidad y reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley.
Asimismo, el Ejecutivo establecerá las condiciones y compromisos de las partes para establecer la temporalidad y funcionamiento de las zonas de concentración.
Igualmente el Gobierno puede solicitar la suspensión de órdenes de captura para los miembros rasos de las Farc que dejen las armas.
También puede establecer mecanismos de monitoreo y verificación nacional o internacional, incluida la administración, registro, control, destrucción o disposición final del armamento que entregue el grupo al margen de la ley. Ahora, el proyecto de ley será discutido y votado en los próximos días.