Con el objetivo de desmantelar a las bandas criminales, la policía militar de Honduras tomó el control de las cárceles. La medida fue anunciada por el Gobierno que lidera Xiomara Castro y generó varias críticas.
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Con el objetivo de desmantelar a las bandas criminales, la policía militar de Honduras tomó el control de las cárceles. La medida fue anunciada por el Gobierno que lidera Xiomara Castro y generó varias críticas.
De acuerdo a la BBC, el secretario de Estado de Defensa Nacional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales sostuvo que el operativo tiene el objetivo de que estos centros "dejen de ser escuelas del crimen".
De esa manera, los oficiales hondureños decomisaron armas, teléfonos satelitales, granadas y droga, entre otras cosas, de las celdas de los prisioneros para tener el control de las cárceles por un año.
Esta acción militar sucede días después de que 46 reclusas murieran calcinadas y tiroteadas en un motín entre, supuestamente, integrantes de las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, en una cárcel cercana a Tegucigalpa.
En ese momento, Castro describió el motín como un “monstruoso asesinato de mujeres”, destituyó al ministro de Seguridad y designó una junta interventora para la prisión.
A su vez, la intervención ocurre tras un fin de semana especialmente violento: solo el día sábado, 21 personas fueron asesinadas, 13 de ellas fueron víctimas de una masacre dentro de un billar en el municipio de Choloma.
Por su parte, la mandataria decretó el domingo un toque de queda desde las 9:00 pm a las 4:00 am para las ciudades de Choloma y San Pedro Sula, dos ciudades que han sido afectadas por la violencia. La restricción fue impuesta por 15 días, que pueden ser prorrogables.
Además, gran parte del país está bajo estado de excepción, una medida que rige desde el 6 de diciembre del año pasado y que ha sido prorrogada en tres ocasiones.
Cuestionamientos
Las medidas tomadas por Castro han generado muchas críticas, especialmente por parte de organizaciones de derechos humanos.
Bajo ese marco, Evelyn Escoto, Comisionada del Centro Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes de Honduras, afirmó que la militarización de las cárceles es una "involución desde la mirada de los derechos humanos".
Al mismo tiempo, indicó: "Nos preocupa porque nosotros no somos un país isla, tenemos muchas obligaciones y compromisos en derechos internacionales y estamos obligados a garantizar esos derechos en las cárceles”.
Por su parte, Cesar Muñoz, director asociado de las Américas de Human Right Watch, coincidió con que la medida es un retroceso. De esa manera, sostuvo: "Es fundamental reducir el hacinamiento y garantizar condiciones dignas y oportunidades laborales y educativas para los reclusos".
En la misma línea, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, señaló que el gobierno de Castro, "en total despliegue bukelista de populismo punitivo", estaba replicando "políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos".