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El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para que cada provincia determine su propia definición de ambiente periglaciar. Lo hizo el viernes pasado, durante el Congreso de Economía Regional, en Corrientes. Según anticipó, la reforma apunta a destrabar proyectos estratégicos en la cordillera y a "devolver el federalismo" en materia ambiental.
El mandatario sostuvo que la falta de precisión en la Ley de Glaciares frenó inversiones clave y afirmó que la explotación de cobre, oro, litio y tierras raras permitiría multiplicar las exportaciones y generar empleo.
El anuncio llegó al día siguiente de que los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy) se reunieran en un congreso minero realizado en Mendoza en el marco de la Mesa del Cobre, un espacio que apunta a coordinar políticas mineras y acelerar el desarrollo de minerales críticos.
Allí exigieron un esquema federal para reglamentar la Ley de Glaciares y reclamaron certidumbre para atraer inversiones. Aunque Salta integra la Mesa, el gobernador Gustavo Sáenz no participó en esta oportunidad del encuentro, pero la provincia sigue de cerca el debate por el impacto en proyectos de altura.
Durante la reunión, Orrego planteó dos rutas posibles: un decreto presidencial o una ley aclaratoria que habilite a las provincias a fijar criterios propios. Tanto él como Sadir respaldaron la vía legislativa como la más sólida. Cornejo insistió en que sin definiciones ambientales claras no habrá inversiones en cobre, mientras que Jalil remarcó la importancia de la licencia social y de avanzar en infraestructura.
El bloque cordillerano coincidió en que la normativa actual no distingue realidades geográficas y que la falta de criterios específicos frena proyectos estratégicos. Un esquema provincial, sostuvieron los mandatarios, permitiría adaptar estándares ambientales sin resignar control técnico.
Definiciones
Para Milei, la redefinición del área periglaciar forma parte de un cambio de época: reglas estables, clima proinversión y aprovechamiento de recursos naturales. El Gobierno buscará discutir la iniciativa en sesiones extraordinarias y garantizar respaldo parlamentario en 2026.
La intención del Gobierno nacional con el decreto es modificar la ley vigente para ampliar la actividad económica en áreas periglaciares, y que luego las legislaturas provinciales tomen ese decreto y lo hagan propio.
En tanto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene la misión de redactar ese DNU. Luego, lo validaría Economía. Pero no son pocos los actores mineros que consideran más conveniente blindar jurídicamente a los proyectos con una ley nacional del Congreso que deje en claro todo.