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Aunque había sido incluida en el temario de sesiones extraordinarias y contaba con fuerte expectativa de las provincias mineras y del empresariado del sector, el tratamiento de la nueva Ley de Glaciares al parecer quedó postergado en el Senado. La decisión se tomó en medio de la urgencia oficialista por aprobar la reforma laboral y ante la falta de consensos suficientes para avanzar con la modificación de la normativa ambiental.
El oficialismo y sus aliados formalizaron esta semana el pedido de sesión para el próximo 11 de febrero, pero dejaron afuera del orden del día el proyecto enviado por el Gobierno de Javier Milei para modificar la Ley 26.639 de protección de glaciares y ambiente periglacial.
Por la reforma laboral
La solicitud de sesión, elevada a la presidenta del Senado Victoria Villarruel, lleva las firmas de Patricia Bullrich por La Libertad Avanza, Enrique Goerling por el PRO, Eduardo Vischi por la UCR y representantes de bloques provinciales dialoguistas. En la nota presentada solo figura como tema a tratar la llamada "modernización laboral".
Fuentes parlamentarias reconocieron que la exclusión de la Ley de Glaciares responde a dos razones centrales: un orden de prioridades políticas y la imposibilidad de reunir, por ahora, los votos necesarios.
"Quedará para otra sesión", admitió un senador dialoguista, quien confirmó que el acuerdo general en la Cámara alta fue concentrar todos los esfuerzos en garantizar la sanción de la reforma laboral, que todavía mantiene puntos en negociación, especialmente la rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas.
Malestar
La demora generó malestar en las provincias con fuerte desarrollo minero, que venían reclamando una actualización de la normativa para dar mayor previsibilidad a las inversiones.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, especialmente en zonas cordilleranas donde existen grandes proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos.
La postura de la CAEM
En este escenario de indefinición legislativa, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) volvió a pronunciarse días atrás públicamente y defendió la necesidad de avanzar con aclaraciones técnicas a la ley vigente.
A través de un comunicado difundido en las últimas semanas, la entidad aseguró que las precisiones impulsadas por el Poder Ejecutivo "no debilitan la protección ambiental ni ponen en riesgo los recursos hídricos".
"Nuestro compromiso es con la protección de los glaciares y del ambiente periglacial que cumpla una función hídrica relevante", señaló la cámara, que remarcó que la normativa actual ya garantiza el cuidado de esas áreas y permite el desarrollo de la actividad minera bajo criterios de sostenibilidad.
Según CAEM, el objetivo del proyecto es evitar "interpretaciones técnicas confusas" que derivan en restricciones que no mejoran la protección real del agua y que, en cambio, afectan la previsibilidad de las inversiones.
Uno de los puntos que la entidad buscó aclarar es el uso del recurso hídrico por parte de la minería. De acuerdo con los datos difundidos por el sector, cerca del 93% del agua en las regiones productivas se destina a la agricultura, mientras que el 7% restante corresponde al conjunto de actividades industriales. Dentro de ese porcentaje, la minería explicaría solo alrededor del 1%.
Además, subrayaron que entre el 70% y el 90% del agua utilizada en los procesos mineros se reutiliza en circuitos cerrados, lo que reduce de manera significativa la necesidad de nuevas extracciones.
La cámara empresaria también recordó que la actividad opera bajo un marco regulatorio exigente, que incluye la presentación de informes de impacto ambiental, controles provinciales y la adopción voluntaria de estándares internacionales como HMS/TSM, ICMM, ISO e IRMA.