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Alejandra L. es una vecina de General Güemes, tiene 46 años, es madre de tres hijos, actualmente está retirada de las fuerzas policiales y necesita con urgencia una operación de bypass gástrico, como la única posibilidad de superar una Obesidad Mórbida Grave que padece.
A pesar de los tratamientos, no logra alcanzar una mejoría de la enfermedad. Ella es asociada al IPS desde hace 27 años y había obtenido una fecha de operación para el pasado 10 de enero; pero la cirugía no se pudo concretar, debido a un conflicto que mantienen los médicos cirujanos con el IPS, generado por la falta de pago a las prestaciones. Sin una respuesta posterior a la suspensión de la cirugía, con un problema en su salud que se torna cada vez más desesperante, recurrió a la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia, presentación de la cual tampoco tiene novedades.
Su problema de sobrepeso le trajo aparejado otras patologías asociadas, como artrosis en las rodillas, 4 hernias de disco, problemas vasculares en las piernas e hipotiroidismo, todo un combo que afecta más su salud. Todo ello la sumergió en una situación casi de invalidez.
"Estoy muy estresada con todo esto que me está pasando, no quisiera llegar a un estado de depresión, hago todo lo que tengo que hacer. Me piden mil cosas desde el IPS, pero no se quieren hacer cargo de los gastos que representa esta operación, que es mi única esperanza de lograr un cambio. Estoy bajo tratamiento, con nutricionista, psicólogo, cirujano y oncólogo, desde ese gabinete me solicitaron la cirugía porque no hay otra salida", manifestó Alejandra.
El tratamiento por su obesidad, lo inició hace un año con un equipo interdisciplinario. Este equipo de profesionales, solicitaron una cirugía de bypass gástrico en noviembre del 2023. Ese primer pedido fue autorizado por el IPS, iniciando en forma inmediata una preparación para la operación.
"Lamentablemente, un conflicto entre los médicos cirujanos y la obra social hizo que la operación se suspendiera, cuando tomo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, me dirijo al IPS para saber qué pasaría conmigo, pero me dijeron que en ninguna clínica había médicos para operarme, que tendría que recurrir a los hospitales públicos, pero en esos hospitales tampoco se podían hacer cargo de mi operación. Entonces me pidieron que hiciera un anota exponiendo mi situación, como respuesta a esa nota, me explicaron que la única solución era operarme en otra ciudad, pero debía completar algunos requisitos", explicó Alejandra.
Entre los requisitos solicitados, le exigieron abrir una cuenta corriente con la firma de un garante que debía estar asociado al IPS, este requisito era necesario para que ella pudiera depositar el 20% de los costos generados por la operación. También debía contar con el dinero suficiente para el traslado a la ciudad donde la podían operar, con el alojamiento para dos personas y cuando la cuenta esté habilitada y el depósito depositado, recién daría inicio la búsqueda de una ciudad y el médico para llevar a cabo la operación.
"Me negué rotundamente a realizar un gasto que para mí era imposible de afrontar. El año pasado ese 20% ascendía a unos 400.000, más pasajes y alojamiento. Los directivos del Instituto me trataron bastante mal, tal vez por el recurso de amparo que presenté, pero no voy a parar porque mi problema vascular es una bomba de tiempo, podría derivar en un infarto", manifestó la mujer sobre esta situación que le está tocando vivir, con una sensación total de desamparo.