inicia sesión o regístrate.
Cuatro años después de que un chofer municipal "arrepentido" rompiera el silencio y denunciara un entramado de fraude en torno a los corsos de Rosario de Lerma organizado por la gestión del exintendente Enrique Martínez, la Justicia vuelve a poner la lupa sobre el caso. Y ahora aparece un dato aún más grave: los expedientes oficiales que debían respaldar las rendiciones de aquel entonces desaparecieron del Concejo Deliberante. Simplemente no existen.
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), envió el 14 de octubre de 2024 un segundo requerimiento, ya había remitido uno en diciembre de 2022 y otro en octubre de 2023, reclamando información básica: ¿Por qué nunca se aprobó la rendición de cuentas del Carnaval 2020? ¿Qué documentos faltan? ¿Qué incumplimientos detectó el Concejo? La respuesta fue más inquietante que la propia denuncia: la actual presidenta del concejo rosarino, Aurelia Córdoba, buscó en los archivos estos expedientes y la documentación respaldatoria de esos años, pero no hay rastro. No están. Se extraviaron. O se los llevaron. O se los robaron.
"Fuimos a buscar los expedientes y no existen. Muchos archivos se extraviaron. No hay resoluciones, no hay rendiciones, no hay proyectos. El Concejo Deliberante no tiene información de esa supuesta documentación que ingresó y que las gestiones anteriores extraviaron o la hicieron desaparecer", explicó Córdoba a El Tribuno.
La concejal detalló que revisó los archivos junto a la secretaria legislativa y la secretaria del cuerpo, y que no hay registro alguno del período en que la presidencia del Concejo estaba a cargo de la hoy diputada provincial Griselda Galleguillos y luego de Juan Prieto. Para la fiscal, la conclusión es inevitable: si hubo documentación y hoy no está, hay un delito adicional: sustracción o desaparición de documento público. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio quiere saber quién tenía a cargo esos expedientes, cuándo desaparecieron, y quién debía custodiar esa información. Y el actual concejo, para no quedar pegado, debe responder rápido. Al parecer las gestiones anteriores en el concejo cometieron un grave delito. Ahora, con este panorama de extravíos y falta de pruebas para justificar qué fue del dinero recaudado en los corsos, la investigación por malversación, además del exintendente Martínez y sus funcionarios, podría también alcanzar a los exediles.
La denuncia del chofer arrepentido
Todo comenzó en octubre de 2020, cuando el chofer municipal Mario Lamas, por entonces integrante de la estructura política del exintendente Martínez, decidió presentarse ante la Justicia y declarar lo que sabía.
Lamas relató que tras el entierro del Carnaval de ese año, observó cómo bolsas de consorcio llenas de dinero eran retiradas y llevadas al domicilio de un funcionario, y no a la Municipalidad. Su testimonio derivó en una investigación por fraude, asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario.
Según su declaración: La Comisión de Corsos funcionaba sin registro legal. Era presidida por Luciano Martínez, con Miguel Calabró como secretario y Liliana Pistan como tesorera. Entre los asesores estaban Victoria Rivero, Nancy Gómez y el propio intendente Enrique Martínez decidía qué hacer con la recaudación.
"Desde el municipio salieron cerca de 3 millones de pesos para gastos de los eventos, pero la recaudación nunca fue rendida adecuadamente", Lamas cuestionó los números presentados tiempo después por una funcionaria municipal, que llegó al Concejo con una simple hoja de Excel sin documentación de respaldo.
El chofer arrepentido sostuvo que en 2020, sólo por entradas a los corsos, se registraron más de 34 mil asistentes a 200 pesos, cifras que no coinciden con lo rendido.
"Se presupuestaron 120 mil pesos y se gastaron 2 millones 900 mil. No hay comprobantes", declaró Lamas en su momento, señalando que los montos declarados "no tienen relación con lo recaudado". Desde entonces, la fiscalía intenta reconstruir el flujo del dinero: cuánto se gastó, cuánto ingresó y quién administró los fondos.
Los requerimientos de la fiscal Odorisio no fueron respondidos en 2022 ni en 2023. Recién ahora, con nuevas autoridades, el Concejo inició la búsqueda interna… y descubrió que no hay nada que responder porque los expedientes desaparecieron.
El escándalo, que durante años se sostuvo sobre rumores, silencios administrativos y respuestas informales, vuelve hoy con un peso judicial mucho mayor. No solo se investiga qué ocurrió con los millones del carnaval, sino también cómo y por qué desapareció la documentación que debía permitir esclarecerlo. Es decir también se investiga complicidad en una comisión de delito.