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Pese a la magnitud del caso, la gravedad de las sospechas y la repercusión nacional que tuvo el operativo donde se secuestraron más de 850 mil dólares, euros, pesos argentinos y varios bienes suntuosos, el proceso contra el exintendente Rubén Méndez Salazar continúa sin fecha de inicio. La causa, elevada a juicio hace más de un año, alimenta la incertidumbre de la comunidad de Salvador Mazza y reaviva interrogantes sobre la celeridad en investigaciones por corrupción en la administración pública.
El expediente, instruido por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos que integraron los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, fue elevado a juicio luego de superar una larga serie de oposiciones y recursos por parte de las defensas. El requerimiento fiscal tiene fecha del 31 de octubre de 2023, pero a la actualidad -entrando en 2026- el tribunal aún no fijó día y hora para el inicio del debate oral.
Mientras tanto, en Salvador Mazza, la pregunta vuelve una y otra vez: ¿qué pasó con el caso Méndez?
¿Cómo un expediente que exhibió el secuestro de una de las mayores sumas de dinero en un procedimiento contra un jefe comunal en la historia reciente de Salta todavía no llegó a juicio?. El caso derivó posteriormente en la destitución de Méndez y la intervención del municipio.
La investigación comenzó en septiembre de 2021, tras una denuncia anónima que alertó sobre maniobras irregulares en la gestión municipal. A partir de ello, se ordenaron 18 allanamientos simultáneos que no solo confirmaron sospechas, sino que destaparon un enorme patrimonio sin justificación.
En ese momento el procedimiento dejó al descubierto: US$ 854.178; € 9.070; $ 34.342.350; Dos BMW; dos Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas, documentación contable y un arma con municiones.
Los investigadores sostuvieron desde el inicio que estos bienes no se correspondían con los ingresos declarados por el entonces jefe comunal y su entorno. La situación procesal de Méndez se agravó, además, cuando se detectó la omisión maliciosa de declaraciones juradas patrimoniales, una maniobra que la fiscalía interpretó como parte del mecanismo de ocultamiento.
A Méndez se le imputan nueve delitos -todos en concurso real- que incluyen peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, fraude a la administración pública, omisión de presentar declaraciones juradas, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros.
Pero la dimensión del caso no se limita a él. La fiscalía reconstruyó un presunto entramado familiar, administrativo y político que habría operado para desviar fondos municipales y facilitar la maniobra. Once personas -entre parientes, funcionarios de confianza y colaboradores de su gestión- fueron llevadas también a juicio.
El listado completo de involucrados en el resonante caso está integrado por:
Rubén Méndez Salazar : Exintendente de Salvador Mazza. Imputado por: peculado; negociaciones incompatibles; incumplimiento de deberes; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; peculado de servicios y trabajos; omisión maliciosa de declaraciones juradas; fraude a la administración pública (concurso real).
Oscar Rodolfo Gutiérrez: Exsecretario privado. Peculado (partícipe necesario y autor); asociación ilícita (miembro).
Jesús Manuel Gijena: Hermano de la pareja actual del exintendente. Peculado (partícipe necesario); asociación ilícita (miembro).
Juan Marco Méndez: Hermano del exintendente. Peculado (partícipe necesario y autor); asociación ilícita (miembro).
Roberto Justo Balverdi: Exsecretario de Hacienda. Peculado (partícipe necesario y autor); incumplimiento de deberes (coautor); asociación ilícita (miembro).
Roque Maximiliano Méndez: Hijo del exintendente. Enriquecimiento ilícito (partícipe necesario); peculado (partícipe necesario); asociación ilícita (miembro).
Carolina Antonella Morena: Tesorera municipal. Peculado (partícipe); incumplimiento de deberes (coautora); asociación ilícita (miembro).
Ivanna Irene Méndez: Hija del exintendente. Enriquecimiento ilícito; negociaciones incompatibles; asociación ilícita (partícipe y miembro).
Susana Angelita Palacio: Expareja del exintendente. Enriquecimiento ilícito; asociación ilícita (partícipe y miembro).
Liliana Cristina Centeno: Contadora de Méndez. Enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria).
Roberto Orellana: Exsecretario de Obras Públicas. Peculado de servicios y trabajos (coautor).
El expediente describe un esquema "sistémico", sostenido desde las principales áreas sensibles del municipio: Hacienda, Tesorería, Obras Públicas y la Secretaría Privada.
Aunque la elevación a juicio fue celebrada como un avance institucional, el expediente quedó detenido en la fase previa a la fijación del debate. Este estancamiento generó malestar en la comunidad de Salvador Mazza, donde el caso todavía es tema cotidiano.
El operativo de 2021 marcó un antes y un después. Las imágenes de los fajos de dólares apilados, los vehículos de alta gama y las camionetas policiales irrumpiendo en la frontera estuvieron en los principales medios nacionales.