En un nuevo capítulo del juicio por la expropiación de la petrolera YPF, el Gobierno presentó sus argumentos por los que cree que la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del segundo circuito de Nueva York, no debería ordenar que entregue a sus demandantes las acciones que tiene en YPF, la petrolera de la que ostenta el 51% de su capital.
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En un nuevo capítulo del juicio por la expropiación de la petrolera YPF, el Gobierno presentó sus argumentos por los que cree que la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del segundo circuito de Nueva York, no debería ordenar que entregue a sus demandantes las acciones que tiene en YPF, la petrolera de la que ostenta el 51% de su capital.
Semanas atrás, el fondo Burford Capital, ganador en primera instancia de la causa que se cursa en Estados Unidos por la expropiación de la empresa en 2012, solicitó que como parte de la indemnización de US$ 16.000 millones, se le entreguen las acciones que el Estado tiene en YPF.
Los fundamentos están contenidos en un documento de 38 páginas que presentó el estudio Sullivan & Cromwell que resume argumentos ya utilizados durante este juicio que lleva más de 8 años. Básicamente plantea cuestiones sobre la ley de expropiación de YPF vinculados a las acciones de la empresa: que dos tercios del Congreso tiene que aprobarlo en caso que haya que traspasar la transferencia de las acciones y que es propiedad del Estado decidir sobre ellas y ninguna corte internacional puede obligarlo a accionar en ese sentido.
Otro de los argumentos fue que las acciones de YPF tienen inmunidad de ejecución bajo el Foreign Sovereign Immunities Act porque no se dan los requisitos para exceptuarlas: 1) no están en EEUU, 2) Argentina no las usa para una actividad comercial en EEUU ni 3) para la actividad en que se basa la demanda".