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La desaparición de Loan Danilo Peña en un pueblo rural de Corrientes, hace 80 días, concentró la atención del país durante varias semanas. Sin embargo, a medida en que el caso parece sumergirse en la penumbra, y nada se sabe de lo que ocurrió en esos pocos minutos que transcurrieron desde que el niño se separó del grupo familiar, empieza a caer en el olvido. La impotencia de la policía, la Justicia y el gobierno provincial muestra a las claras la vulnerabilidad del Estado y la sociedad frente a un hecho que reúne todas las características de la trata de personas.
La suerte de Loan, como la de miles de menores y jóvenes, parece destinada a permanecer en el misterio. Como la de Sofía Herrera, desaparecida a los tres años, hace dos décadas, en Tierra del Fuego, durante un paseo, o la de la joven María Cash, vista por última vez en Salta, en 2011. Una historia similar es la de María de los Ángeles Verón, secuestrada en Tucumán hace 22 años. La lucha de la madre permitió mantener en vilo la búsqueda durante años y llegó a la condena de algunas personas vinculadas al negocio de los prostíbulos, aunque nunca fue posible encontrar a la víctima o a sus restos.
En el caso del niño correntino, en cambio, el núcleo de la familia y allegados, entre ellos los siete detenidos que participaron del almuerzo tras el cual se produjo la desaparición, poco han aportado para desentrañar el misterio.
El abogado Fernando Burlando, quien se erigió como figura central en la investigación, fue desplazado de la investigación por misma familia. Burlando había responsabilizado con insistencia al poder político de Corrientes, especialmente a partir del momento en que el gobernador Gustavo Valdés avalara la versión de un supuesto accidente denunciado por la tía Laudelina, hoy detenida. Casi en simultáneo con el desplazamiento de Burlando, los padres y hermanos de Loan fueron recibidos por el mandatario.
La resonancia mediática de estos casos puede encubrir la realidad más profunda. Son miles las personas desaparecidas en los últimos años, en su mayoría menores de edad, secuestrados o seducidos, según los casos, por organizaciones criminales, que muchas veces cuentan con el apoyo de algún miembro del círculo íntimo de la víctima y, generalmente, con aceitados vínculos con el poder. El destino es la trata para utilizarlos en la pornografía o la prostitución.
El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas informó que 2022 se produjeron 1.935 búsquedas de menores; en 2023, 3.115.
Missing Children estima que 115 menores siguen desaparecidos en el país, de los cuales, 40 ya son mayores de edad.
Según los expertos en Inteligencia, el tráfico de menores resulta una operación bastante más simple de lo que parecería cuando se trata de áreas rurales, con familias de escasos recursos y done el acceso a las extremadamente permeables fronteras del país resulta inmediato. En muchos casos no son reportadas.
Loan puedo haber sido trasladado a Paraguay o a Brasil incluso antes de la intervención judicial. Pero no hay indicios ni pruebas y, tampoco, testimonios coherentes en el seno de la familia. La investigación no puede declinar. Es imprescindible saber qué pasó con él y donde está ahora. En el corto tramo de camino que habría recorrido solo, alguien se lo llevó.
La vida y la libertad son derechos claramente definidos en la Constitución para todos los habitantes de la Argentina. La desaparición impune de tantas personas es un desafío a nuestra democracia y nuestros valores. Por eso, multiplicar los esfuerzos para optimizar la calidad del control de las fronteras y de la seguridad interna deben ser una prioridad impostergable.