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Cuando parecía que el Gobierno, subido a una ola de triunfalismo, se llevaba todo por delante en la discusión del Presupuesto, un frente de tormenta se apoderó de la ruta de navegación y le hizo perder un capítulo clave que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.
Al margen de que el Poder Ejecutivo no está ejecutando estas normas vigentes con diversos pretextos, lo cierto es que con el proyecto de Presupuesto buscaba solucionar un tema que le venía generando fuertes dolores de cabeza y nubarrones en el frente judicial.
Para la Casa Rosada, los incrementos del gasto público previstos en estas dos leyes representan una espada de Damocles sobre la sagrada regla libertaria del déficit cero.
Al analizar detenidamente las estimaciones de partidas necesarias durante el 2026 para financiar estas dos leyes la conclusión es que ese gasto no supone volúmenes de recursos de una magnitud imposible de afrontar, como sostiene el Gobierno.
Especialmente porque el propio Presupuesto 2026 convalida pérdidas muchísimo más considerables de recursos en términos de recaudación por la baja del impuesto a las Ganancias para empresas grandes, por la reducción sustancial de la alícuota de Bienes Personales, por la caída de impuestos internos a la electrónica y venta de automóviles, por la baja de retenciones a determinados granos de exportación, por la reducción de las contribuciones patronales (contemplado en la reforma laboral), por la eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de todo tipo de perdones fiscales mediante blanqueos y otras políticas similares.
Pero más allá de todos los recursos que el Gobierno decidió resignar en términos fiscales, comprometiendo las metas de equilibrio fiscal que dice defender, el impacto fiscal de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, que a lo largo de este año fueron votadas con holgada mayoría y posteriormente vueltas a insistir por ambas Cámaras de Congreso cuando el presidente Javier Milei las vetó, no sería tan elevado como desde el Poder Ejecutivo se intenta mostrar.
Discapacidad
Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, la ley de emergencia en discapacidad, votada por la oposición antes del recambio legislativo, propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio, un mecanismo de actualización de las pensiones, y el incremento de aranceles a prestadores.
La Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) realizó un riguroso informe con simulación de escenarios probables que toman en cuenta la proyección de inflación que el propio Gobierno estableció en el proyecto de Presupuesto para el 2026 (10.1%), y un conjunto de variables como la cantidad estimada de altas de pensiones.
De acuerdo a las conclusiones a las que arribó el organismo parlamentario, "podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios".
"Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 millones pesos a 3.627.495 millones de pesos", señala en el informe que se hizo público casi al final de la semana.
Según aseguraron, "este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI" e incluye la compensación de emergencia a prestadores por 278.323 millones de pesos, y la asignación para talleres de producción por 7.160 millones de pesos.