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Un estudio jurídico de New York prepara una demanda colectiva con cientos de damnificados de Argentina, Estados Unidos, Europa y Asia contra los involucrados del caso con la cripto $Libra. La iniciativa se suma a la presentación que ya hizo un estudio argentino ante el Departamento de Justicia estadounidense y el FBI contra el presidente Javier Milei y los empresarios involucrados en la trama.
Se trata del estudio Burwick Law, especializado en la protección legal de consumidores digitales, y que en las horas posteriores al lanzamiento e implosión de $Libra comenzó a captar afectados de todo el mundo que quieren recuperar el dinero invertido y que los responsables sean llevados a la Justicia.
Max Burwick, socio gerente de la firma, indicó que "actualmente, estamos investigando y entendiendo qué ocurrió para buscar posibles opciones legales para nuestros clientes. Tenemos la intención de defender celosamente a nuestros clientes mediante la búsqueda de recursos civiles disponibles, incluyendo litigios, si se justifica". Lo dijo en sendas entrevistas con los diarios Clarín y La Nación.
Con la experiencia de haber abordado casos similares, la firma no descarta iniciar una demanda colectiva -"class action"- en una corte civil de Estados Unidos, aunque considera que es "demasiado pronto" para definir cuál será la estrategia jurídica o el camino a recorrer, lo que dependerá de dónde resulte más ventajoso litigar y el devenir de los acontecimientos.
Demanda en la SEC y el FBI
la denuncia hasta ahora concretada fue el lunes ante el Departamento de Justicia estadounidense y el FBI. La presentó el estudio jurídico argentino Moyano & asociados, que se especializa en casos de fraudes financieros, que también notificó del caso a la Comisión Nacional de Valores (SEC). Los denunciantes señalaron que representan "mayormente inversores argentinos", pero que también hay "miles" de damnificados más, incluidos estadounidenses.
Los acusados son el estadounidense Hayden Mark Davis, cuya empresa habría estado detrás del lanzamiento de $LIBRA; el ciudadano de Singapur Julian Peh y los empresarios o facilitadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. En principio la demanda apuntó contra ellos, pero también pide al Departamento de Justicia "que se investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas".