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La semana que pasó deja vislumbrar un escenario poco alentador para las instituciones nacionales. La incapacidad de acuerdos entre los dirigentes políticos, el empecinamiento en imponer jueces de Corte por decreto, por parte del Poder Ejecutivo, y la liviandad de los senadores que demoraron un año el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla nos hablan de la fragilidad democrática y republicana del Estado.
Es imposible que un país pueda desarrollarse si no ofrece seguridad jurídica. Cuando la mezquindad política impide, no solo completar el número de miembros del máximo tribunal, sino también consensuar el acuerdo para un Procurador General de la Nación y designar jueces federales para cubrir el treinta por ciento de juzgados vacantes en todo el país, las expectativas de la sociedad se ven frustradas. La Justicia deja de ser lo que debe ser para convertirse en un "juego de tronos". La Justicia se constituye formalmente como Poder del Estado, no ya como tribunal del monarca, en la sociedad moderna. Pero desde los antiguos griegos, la Justicia (diké) es un principio configurador del equilibrio social; la raíz de una norma ética que consagra los derechos de las personas.
Desde el origen de las sociedades, las ciudades y las naciones se hizo imprescindible la existencia de normativas para resolver conflictos ciudadanos y poner límites al despotismo. La Argentina del último siglo pasó de la dictadura como sistema alternativo, legitimado durante cinco décadas solo por el poder fáctico de la fuerza, al decisionismo sustentado en votos (nunca en una "voluntad colectiva", eufemismo que esconde la voluntad del poderoso) y a distintas formas de intromisión de intereses particulares en la política, por encima de la ley y sobre interpretando la Constitución. Cuando los espacios del acuerdo y de la Ley no funcionan, la sociedad en su conjunto lo sufre.
Argentina (y el mundo) atraviesa una crisis profunda. Probablemente, estamos a las puertas de un cambio histórico. Pero, a nivel nacional, la improvisación y el ideologismo económico erosionaron la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos. De hecho, se fomentó la informalidad, aprovechada por funcionarios y oportunistas para quienes, "cuanto peor estemos, mejor".
La descomposición de los sistemas laboral, previsional y tributario anticipan un futuro incierto para la mayoría de los argentinos, que no se va a resolver con mesianismos políticos, sean anarco libertarios creyentes del libre mercado como fórmula mágica o estatistas que construyen ilusiones con subsidios insostenibles e inflacionarios.
El país no puede salir adelante sin seguridad jurídica; es decir, si la autoridad no se fundamenta en la transparencia, en la responsabilidad pública de funcionarios y exfuncionarios, en la profesionalización de los servicios públicos de educación, salud y seguridad, y en una legislación que no deje margen a que los delincuentes de cualquier estamento social o político gocen de privilegios.
Es evidente que la metodología voluntarista del presidente Javier Milei ha chocado contra una pared. De la misma manera, los ataques desmesurados y antidemocráticos que sufrió la Corte de Justicia de parte del kirchnerismo desde 2003 en adelante dejaron como único resultado el descrédito del sistema republicano, al que Cristina Kirchner, vale recordarlo, consideró perimido en varias ocasiones. Y toda esta irresponsabilidad, también, se estrelló con la derrota de diciembre de 2023.
Hoy se especula quién ganó o perdió con la votación del jueves pasado. Es una anécdota, en comparación con el daño que infligieron a la sociedad estos manoseos, de parte de oficialistas y opositores enfrentados por intereses sectarios y por intransigencias extremas.
Lo importante es que no necesariamente estamos en un callejón sin salida. Si la política recupera la capacidad de diálogo y acuerdo, hoy ausente, retomar el camino de las instituciones permitirá vislumbrar el camino de salida.