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La Salud Pública es un interés general de la Nación, un derecho de todos los ciudadanos y habitantes del país y una obligación de los Gobiernos en todos los estamentos y poderes.
El conflicto que sacude en estos días al hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes del mundo, no puede ser abordado como una guerra ideológica ni se puede calificar a la protesta como fruto de la "militancia rentada". Si es cierto que hay ñoquis en el hospital, como dijeron el presidente Javier Milei y el vocero oficial Manuel Adorni, tienen la obligación de demostrarlo. La institución tiene una importancia estratégica que requiere que cualquier revisión administrativa o presupuestaria que el Gobierno considere necesaria se lleve a cabo con seriedad y sin argumentos de barricada.
Adorni afirmó, además, que "el Garrahan tiene 953 empleados administrativos y sólo 478 médicos de planta"
El último informe del hospital, al 31 de diciembre del 2024, informa que el personal de la institución asciende a 4.728 trabajadores de planta, de los cuales 3.190 (68%) están abocados a tareas asistenciales, por lo que trabajan directamente con los pacientes. De ellos, 558 son médicos de planta, 33 son auxiliares, 265 son ayudantes, 1073 son técnicos y 1261 son profesionales como bioquímicos, farmacéuticos y enfermeros. Otros 957 trabajadores (20%) forman parte del grupo de logística. Los 587 trabajadores (12%) restantes están en cargos de conducción y son mayoritariamente médicos. Los becarios y residentes son alrededor de 1.800 por año.
En el Garrahan se atienden unas 600 mil consultas pediátricas anuales y se llevan a cabo tratamientos de alta complejidad. Y los beneficiarios son niños provenientes de todas las provincias.
Según el hospital, un pediatra especialista con 42 horas semanales cobra $1.800.000. Y la hora de guardia se paga $6.000.
La evaluación de necesidades de determinado personal en una institución médica solo puede ser realizada con criterio profesional.
El reclamo de los residentes, que cobran $ 800.000 por mes, no abarca la totalidad de la problemática de las remuneraciones en la salud pública, que son bajísimas, ni se lo puede reducir a una estrategia de la oposición política.
Sin duda, el aprovechamiento que el kirchnerismo quiere hacer de todos estos conflictos empaña la transparencia del reclamo. La salud, la ciencia y la educación se perjudican y retroceden con la politización que las deja como rehenes de dos corrientes políticas.
Nadie puede poner en duda de que esta es la punta del iceberg de problemas de fondo que se fueron generando en los últimos veinte años. Y ese es un gran desafío para el Estado, con este gobierno y con los que vengan.
El Hospital Garrahan es un centro de excelencia, un hospital escuela, es decir, un multiplicador de conocimientos. Pero todos los hospitales del país, de administración nacional o provincial, necesitan políticas ambiciosas, planificadas y sustentables, porque se trata de instituciones imprescindibles.
La atención de la salud es cara, en la Argentina y en el mundo. La medicina prepaga, las obras sociales, el control y las garantías para la atención privada, sumados a la atención hospitalaria y la medicina preventiva representan un gasto importante que no se resuelve con motosierra, sino con eficiencia y criterio.
El Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) deben evaluar la existencia de irregularidades como las que el gobierno atribuye ahora al Garrahan.
Pero el criterio de evaluación no puede estar sujeto a la política dogmática del "ajuste a cualquier costo", para cumplir las metas de superávit porque la salud, como la educación, no pueden ser variables coyunturales para un país que aspira, como el nuestro, a mejorar en calidad de vida y desarrollo humano.